En Andalucía hay más de 62.000 personas dependientes en lista de espera para recibir una ayuda del Gobierno autonómico, según consta en el último informe de la Agencia pública de Servicios Sociales de la Junta. Es una cifra que hay que dividir en tres categorías: el grado uno de dependencia (moderados), el grado dos (severos) y el grado tres (graves). En las dos últimas categorías, que son de atención prioritaria para la Administración andaluza, la cobertura a dependientes que ofrece la Junta está en la media del resto de comunidades: entre el 87 y el 88% de atendidos. El desequilibrio mayor (y latente) está en el grupo de los moderados.

En efecto, la diferencia más notable en cuanto a la atención a dependientes respecto a otras regiones se observa entre los moderados: ahora se enumeran unos 23.000 andaluces esperando una ayuda de la Consejería de Bienestar Social, “algunos aguardan desde hace más de tres años”, admiten en el departamento de María José Sánchez Rubio. En Andalucía se contabilizaron más de 37.000 dependientes moderados en lista de espera el pasado 17 de marzo. Ese día se puso en marcha un plan de choque con recursos extra (25 millones de euros más) para acentuar la atención de estas personas, logrando recortar el número de demandante en 11.000 menos en tres meses. De ahí que ahora el informe hable de unas 23.000 personas a la cola.

La mayor demanda de dependientes, no sólo en Andalucía, se registra en la categoría de moderados. Cuando la Consejería de Igualdad y Bienestar Social admite que hay personas que llevan esperando más de tres años una ayuda pública, ha de tenerse en cuenta que existe una parte de la Ley de Dependencia que debió aplicarse en 2012, pero quedó congelada por el Real Decreto para contención del gasto público que ese mismo año aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy. Esa norma, según denuncia la Junta, restringió los derechos de los dependientes moderados, reconocidos en la legislación.

Esa parte bloqueada de la ley volvió a activarse en julio de 2015. Durante ese tiempo de parálisis se ha retrasado la entrada en el sistema de Dependencia de miles de personas, la demanda no ha hecho más que crecer, la lista de espera se ha alargado, y los recursos de las administraciones para gestionar la Dependencia han disminuido al compás de la crisis. La Junta de Andalucía denuncia que en estos años ha dejado de recibir 625 millones de euros del Gobierno central para atender a dependientes. Con los fondos que le correspondían desde 2012 y que no ha percibido, Andalucía “podría haber atendido a más de 105.000 usuarios y creado 20.000 empleos que se sumarían a los 45.000 existentes actualmente en el sector”.

Es verdad que en Andalucía hay 62.000 dependientes en lista de espera y que de ellos 23.000 son dependientes moderados. Son datos oficiales. Sin embargo, el departamento de Sánchez Rubio advierte de que esta última cifra “es engañosa”. “La atención a dependientes moderados en Andalucía no se puede comparar con todas las comunidades, porque no todas computan a sus beneficiarios acorde a lo que dicta la Ley de Dependencia. El Gobierno andaluz contabiliza a los dependientes moderados en cuanto se inscriben como tal en el registro de demandantes de ayuda, mientras que otras regiones no los cuentan hasta que no han sido valorados”, advierten fuentes de la consejería, dando a entender que se “hacen trampas al solitario”.

Actualmente, la demora media para atender a un dependiente en Andalucía es de nueve meses, pese a que la ley establece un máximo de seis meses desde que se determina su grado de dependencia. El último informe del Observatorio de la Dependencia cifra en 100.000 andaluces ya valorados que no tienen acceso a esta prestación. En la oficina del Defensor del Pueblo andaluz se amontonan quejas de usuarios que denuncian retrasos de hasta un año (en muchos casos el dependiente ha fallecido cuando la Junta le llama finalmente para darle su ayuda).

Andalucía tiene más de 8,5 millones de habitantes, representa casi el 18% de la población de España, sin embargo, atiende al 22,2% de los dependientes del país. Su nivel de cobertura está por encima de su peso poblacional, y los recursos que destina representan el 78% del total (unos 1.181 millones de euros), frente al 22% que aporta el Gobierno central, pese a que la ley establece que ambas administraciones deben compartir gastos al 50%. En Andalucía hay 185.700 dependientes atendidos (237.900 prestaciones), y con el plan de choque aprobado en marzo, la previsión es incorporar este año a 76.400 nuevos dependientes atendidos (más que los que usuarios que entraron al sistema entre 2015 y 2016) y pasar de los 183.000 beneficiarios actuales a 234.000 a finales de 2017.

El citado informe de la Agencia de Servicios Sociales advierte también que durante los diez años de desarrollo de la Ley de Dependencia, la Junta ha invertido más de 10.000 millones de euros en la atención de 371.600 personas y la concesión de 488.300 prestaciones.