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Actualizado:Sobra ladrillo en la costa española. A pesar de que las asociaciones ecologistas continúan denunciando el maltrato del litoral, las constructoras no dejan de levantar bloques de edificios a primera línea de playa.
En este contexto, analistas alertan sobre la posibilidad del estallido de un segundo boom inmobiliario. El primero fue un fenómeno que, además de provocar consecuencias fatales sobre el litoral español, dañó de manera progresiva la economía del país.
Para evitar tropezar con la misma piedra, organizaciones ecologistas vuelven a recordar el coste medioambiental que supuso la construcción de edificios a pocos metros del mar.
Esta es una selección de algunas de las aberraciones que afectan a la costa del país.
Sandos Papagayo Beach Resort (Lanzarote)
El Sandos Papagayo Beach Resort es un hotel todo incluido de cuatro estrellas situado en el pueblo pesquero de Playa Blanca, en la localidad del municipio de Yaiza (Lanzarote). El complejo se construyó en 2003 en frente de la playa de Afe, zona limítrofe al Monumento Natural de Los Ajaches.
Este hotel ha sido objeto de controversia desde que se repartieron las licencias de construcción entre los años 1998 y 2000. Después de que la constructora consiguiese el permiso de obra, se unieron dos parcelas que eliminaron un paso hacia la costa, un pasillo verde. En cuestión de tiempo, el paso hacia la costa y el resto de terrenos fueron ocupados por grúas y excavadoras para edificar a pie de playa el Sandos Papagayo Beach Resort. El complejo, además de destruir el acceso al litoral, invadió parte del dominio público triplicando la edificabilidad permitida.
Pedro Hernández, miembro de El Guincho-Ecologistas en Acción afirma que, uno de los problemas base fue que se construyó más de lo que propuso ya que “planteando un plan A, ejecutaron un plan B”.
Aunque en 2002 el Cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique pusieron un pleito contra ésta y otras muchas edificaciones, la sentencia de derribo no se ejecutó.
Hoy, el Ayuntamiento de Yaiza está solicitando información a los propietarios con el propósito de valorar si se les pueden o no conceder una nueva licencia. Mientras tanto, el resort sigue a pie de playa albergando a cientos de turistas.
La responsable de la campaña de biodiversidad de Greenpeace, Pilar Marcos Rodríguez, señala que de la veintena de hoteles ilegales en Lanzarote, el Sandos Papagayo Beach Resort está a la cabeza. Respecto al futuro, Pepe Guillen, otro miembro de Ecologistas en Acción, asegura que va a seguir igual o peor y prevé "una nueva ola de proyectos con total impunidad”.
Hernández, teniendo en cuenta que Lanzarote “depende más del 80% de las actividades turísticas”, sugiere seguir el modelo que el artista César Manrique propuso a lo largo de los los años 60 y 70, en el que planteaba un desarrollo turístico sostenible donde la conciencia ambiental impera sobre todo lo demás.
Los ‘Gemelos 28’ (Benidorm)
Los ‘Gemelos 28’ son dos bloques de apartamentos de 21 plantas situados en Benidorm, una de las zonas más agredidas y maltratadas por la construcción masiva. Se levantaron entre el del Parque Natural de Sierra Helada y la Playa de Levante.
Los edificios se sitúan terreno que, al ser una franja de propiedad privada colindante con el dominio público, queda protegido ante la edificación de nuevas construcciones, viviendas u hoteles. Por lo tanto, al invadir una zona de dominio público de servidumbre marítimo-terrestre, los dos inmuebles incumplen la Ley de Costas.
El derribo de los dos bloques de 21 plantas costará 100 millones de euros
Aunque en 2005, pleno boom inmobiliario, el ministerio de Medio Ambiente advirtió sobre la ilegalidad del proyecto, el Gobierno autonómico de Francisco Camps autorizó su construcción a Edificaciones Calpe, empresa del promotor valenciano Andrés Ballester Ríos. Siete años después, en 2012, el Alto Tribunal declaró ilegal el permiso concedido por la conselleria. No fue hasta el año pasado que el Tribunal Superior de Justicia valenciano ordenase a la Generalitat la demolición de los rascacielos.
Para tratar de frenar su demolición, el Gobierno valenciano presentó un recurso de casación. A la espera de que el juez admita o no el trámite, la Generalitat ha presupuestado una partida para sufragar el derribo del inmueble y las indemnizaciones de los 168 propietarios. En total se deberá pagar 100 millones de euros, 28 más de lo previsto.
Entre las causas de este sobrecoste destaca la dificultad que supone derribar el complejo al situarse en una zona tan pegada al mar.
El Real Golf Club de Oyambre (Cantabria)
El Real Golf Club de Oyambre se inauguró en 1924 en el ecosistema dunar de Zapedo de Oyambre, en Valdáliga (Cantabria). Tiene nueve hoyos que se reparten a lo largo de un terreno de 76.500 metros cuadrados con vistas al mar y a los Picos de Europa.
Aunque de paisajes espectaculares, la ubicación del campo de golf daña la costa del norte. Según Florencio Enrique, secretario de Ecologistas en Acción en Cantabria, el problema es doble: por una parte “el avance del mar a costa de la duna” y por otra “la degradación del propio espacio” generado. “La vegetación se ha transformado en función de la actividad deportiva” añade el miembro del colectivo.
El ecologista se alegra de que, la que iba a suponer una tercera preocupación, no marchase adelante: la construcción de una nueva carretera que uniese los distintos hoyos de golf. Según Enrique hubiera destruido todo el humedal.
En virtud de un deslinde aprobado en 2005 la parcela donde se sitúa el campo fue declarada de dominio público marítimo terrestre. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente otorgó a Silver Eagle, la empresa que explota el campo, la concesión para el mantenimiento del mismo. Después de la adjudicación del permiso, Ecologistas en Acción interpuso un recurso conservacionista contra esta empresa. El pasado 5 de febrero la Audiencia Nacional desestimó el recurso y reconoció el derecho de Silver Eagle para la conservación del campo de golf.
El club es víctima y culpable ya que la erosión no solo actúa en contra del terreno natural, sino que también sobre el artificial. Tanto el campo de golf como el resto de terreno quedan bajo continua amenaza: el ascenso progresivo del nivel del agua y los temporales siguen su curso.
El hotel de El Algarrobico (Almería)
El hotel de El Algarrobico es sin duda uno de los casos más conocidos, seguidos y analizados por los ecologistas y la prensa del país, el mayor de los hitos de la destrucción de la costa española. El hotel de 43.840 metros cuadrados de superficie, 411 habitaciones y 21 plantas, se sitúa en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en la playa de Carboneras (Almería).
Greenpeace cree que el edificio de la constructora Azata del Sol S.L. es “uno de los mayores escándalos urbanísticos del litoral”. La organización ecologista dice que está construido a tan solo 14 metros de la ribera del mar y que por eso su construcción fue doblemente ilegal ya que no solo se edificó sobre terreno no urbanizable, sino que también ocupó un espacio protegido.
La constructora ha desmentido esta información y ha subrayado que el hotel se sitúa a más de 50 metros de la ribera del mar. Azata del Sol S.L. también niega que la edificación del Algarrobico se hiciese de manera ilegal.
"El proyecto que presentamos en 2002 a las autoridades se ajustaba a los requisitos urbanísticos establecidos en dicho momento; desde la ubicación y superficie, hasta la altura y color del edificio, lo que condujo al otorgamiento de las diferentes licencias necesarias por todas las Administraciones implicadas, local, autonómica y estatal", han dicho fuentes de la constructora en un comunicado.
Azata del Sol S.L. niega que la edificación del Algarrobico se hiciese de manera ilegal
Después de 16 años y tras decenas de recursos, los ecologistas continúan manifestando su enfado. Pero, ¿cuándo llegará el fin de esta eterna lucha? Aunque en febrero de 2016 Público tituló ‘El Supremo firma la sentencia de muerte para El Algarrobico’, en julio del año siguiente este periódico anunció que el Supremo aplazaría "el derribo del Algarrobico al menos dos años" echando por tierra todo el proceso.
Según indica la responsable de la campaña de biodiversidad de Greenpeace, Pilar Marcos Rodriguez, los políticos llevan con voluntad mucho tiempo. “El nuevo gobierno vuelve a decir lo mismo” afirma la miembro de la organización que insiste en la importancia de que los políticos actúen con “potestad jurídica”.
Greenpeace y n’UNDO (colectivo de arquitectura basado en la reutilización y minimización) estiman que el coste total de restauración rondará los 8 millones de euros, incluyendo la capacitación de empleo con 375 puestos de trabajo.
Los chiringuitos de la playa de Es Trenc (Mallorca)
La playa natural del Parque Natural de Es Trenç (Mallorca) está situada en un área protegida de 2.200 hectáreas marítimas y 1.400 terrestres. Es una de las más emblemáticas de la isla donde la afluencia de bañistas locales y turistas suele ser bastante alta.
La playa ha sido noticia estos últimos meses por las montañas de basuras generadas, las excursiones de caballos que pisoteaban las dunas protegidas, la falta de aparcamientos, los atascos...pero sobre todo, por la presencia de plásticos e instalación de nuevos chiringuitos portátiles.
En abril del año pasado el Ministerio de Medio Ambiente ordenó la demolición de los seis chiringuitos de la playa de Es Trenc. Lo hizo después de que el Tribunal Supremo anulara una disposición de la Ley de Costas de 2014 que permitía la existencia de chiringuitos de obra en playas naturales como ésta. Asimismo, se busca la “ordenación y cuidado de las playas” en base a unos “criterios razonables” ya que, de lo contrario, se impide la compatibilización de la protección de la costa con el servicio público, según informa la web del Ministerio para la Transición Ecológica.
Acorde a ley, la playa ha instalado nuevos chiringuitos portátiles, estructuras con una superficie de 20 metros cuadrados con placas solares y baños químicos donde la música y el butano quedan prohibidos. En noviembre, estos chiringuitos desaparecerán para volver el próximo verano.
Para los bañistas una de las razones del aumento de plástico en la playa es la reducción del número de sus chiringuitos de obra por parte de la Conselleria de Medio Ambiente.
A pesar de que la medida ha recibido bastantes críticas por parte de los veraneantes, la alternativa seguirá funcionando como hasta ahora.
El hotel Sidi Saler (Valencia)
Este hotel de lujo de 1976, situado en el Parque Natural de Albufera, fue el mejor de toda Valencia. Sin embargo, el Sidi Saler, un edificio que albergó a celebridades como Tina Turner o Sting, es hoy una construcción en ruinas.
Al situarse en una Zona de Especial Protección para las Aves y en uno de los Lugares de Importancia Comunitaria (territorios de Europa que contribuyen a restaurar el hábitat natural), este hotel de cinco estrellas está afectando a la biodiversidad del parque natural. Entre otras, ha vulnerado la Ley de Costas al romper el cordón dunar de la zona. Además, su licencia de actividad ha quedado obsoleta por exceder la altura permitida.
El caso del hotel Sidi Saler suele ser comparado el de El Algarrobico
El Ayuntamiento de Valencia, después de las quejas de colectivos como Accio Ecologistas Agró, tiene la intención de demoler el edificio de los bancos BBVA y Caixabank. Sin embargo, estas dos entidades, con el fin de reabrir el hotel, solicitaron en 2016 el permiso que les permitiese recuperar su concesión de ocupación. Desde entonces, se ha abierto un enfrentamiento entre el ayuntamiento y los dos bancos por la reapertura o derrumbe del edificio.
A pesar de que periódicamente se han ido publicando noticias en la prensa local sobre su posible reinauguración, el Sidi Saler, un caso que en muchas ocasiones ha sido comparado el de El Algarrobico, permanece cerrado.
La Manga del Mar Menor (Murcia)
La Manga del Mar Menor (Murcia) es uno de los centros turísticos de mayor importancia en España y es que, mientras en el resto del año apenas alcanzan los 14000, durante los meses de verano esta población supera los 20.000 habitantes.
Esta urbe, asentada sobre un cordón litoral que separa el Mar Mediterráneo y el Menor, cuenta varias zonas protegidas, como el Parque Natural de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, la playa de las Amoladeras o Las salinas de Marchamalo.
Durante años, ecologistas han advertido sobre los peligros del modelo urbanístico que se estaba desarrollando en la zona. Las principales consecuencias son tres: la invasión de un terreno de gran valor natural, la subida del nivel del mar provocada por el cambio climático y el empeoramiento de la calidad de sus aguas por culpa de vertidos humanos y agrícolas.
Sobre este modelo urbanístico informa el estudio de Greenpeace de 2017 ‘A toda Costa’, que señala que la Manga del Mar Menor “concentró una desmesurada capacidad hotelera y residencial en una barra de arena de 24 kilómetros, con una dinámica muy frágil” indicando que fue antes de que la Ley de Costas comenzara a aplicarse”
Ecologistas en Acción ha otorgado en su estudio anual al Mar Menor una de sus ‘Banderas Negras’ que, otro año más, la sitúa como uno de “los casos más destacados de despropósitos medioambientales” incluyéndola así como una de sus “banderas recurrentes”.
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