"Yo no debo recomendar ir a los toros. (...) El teatro es diferente en el sentido de que es una cuestión pacífica. El teatro no despierta polémicas. Yo creo que mi deber es de respeto institucional, de cumplir con la ley, pero creo que tampoco debo animar a la gente a ir a los toros". Estas declaraciones del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, han puesto en pie de guerra al sector taurino, que, además de pelear por ayudas institucionales, reclama que el Gobierno muestre un apoyo ideológico a la tauromaquia. La presión del lobby ha sido tal que durante los últimos días el ministro se ha visto obligado a salir al paso alegando que no es "sospechoso" de desatender las peticiones del sector. También María Dolores Jiménez-Blanco, directora general de Bellas Artes, tuvo que suavizar la polémica en una entrevista con ABC: "La tauromaquia forma parte de ese acervo cultural que hay que proteger y cuidar".

La Fundación Toro de Lidia o la Unión de Federaciones Taurinas son algunas de las asociaciones vinculadas al sector del maltrato al toro que, más allá de las declaraciones del ministro, llevan en pie de guerra desde el inicio de la pandemia, reclamando todo tipo de ayudas para garantizar que el sector no termine desapareciendo por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. Pero, ¿hasta qué punto tienen coherencia las declaraciones del ministro con sus políticas? ¿Tienen los taurinos motivos para sentirse maltratados a pesar de que sólo un 8% de la ciudadanía ha ido alguna vez a un evento en el año previo a la epidemia?

En lo relacionado a la pandemia, la principal demanda del sector tiene que ver con las ayudas destinadas a los empleados del sector taurino. Debido al parón económico, Cultura permitió que los trabajadores vinculados a la tauromaquia pudieran recibir subsidios de la covid-19. Se beneficiarían aquellos que hubieran cotizado en el año 2019 y hubieran participado, al menos, en seis eventos. Sin embargo, muchos de los trabajadores –banderilleros, picaderos, rejoneadores, mozos...– han denunciado en numerosas ocasiones que no han recibido las ayudas.

Jose Enrique Zaldívar, presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (AVATMA), señala que esto se debe a que muchos de los trabajadores no llegaron a cotizar lo mínimo durante el año 2019. Tanto es así que de los 9.993 profesionales del sector que hay registrados, sólo 5.5357, el 53,6%, tenían licencias para trabajar. "Esto significa que muchos están pidiendo ayudas sin ni siquiera tener derecho a ellas. Muchos de estos profesionales no han trabajado en el sector, pero a lo mejor han vivido de otras actividades durante 2019, por ejemplo de camareros. A lo mejor por esas actividades sí han recibido subsidios", argumenta el experto.

Las palabras que se han impulsado desde Cultura no tienen mucho que ver con las declaraciones de Uribes, que se negaba a aconsejar a la ciudadanía que acudieran a espectáculos taurinos. Tanto es así que el Ministerio impulsó en el mes de junio una dotación de fondos para movilizar hasta 780 millones de euros en créditos garantizados para todos los sectores culturales, incluida la tauromaquia, que pese al maltrato continúa siendo considerada patrimonio cultural por parte del Estado.

A ello, se deben sumar las ayudas que se han ido aprobado desde las diferentes Comunidades Autónomas, todas ellas destinadas a financiar la ganadería de lidia, es decir, la cría de toros utilizados en los diferentes eventos taurinos. En la Comunidad de Madrid se aprobó una partida de 4,5 millones de euros para el sector. En Castilla y León, la Junta aprobó en el mes de mayo subvenciones para la industria agropecuaria de más de un millón de euros.

El sector del maltrato al toro ya vivía una suerte de declive antes de la crisis. Tanto es así, que ha habido una caída de los espectáculos del 61% desde el año 2007, dándose una tendencia negativa que dura más de una década. Las corridas de toros, el principal evento taurino, experimenta una caída del 173% respecto a esa misma fecha, según los datos del Ministerio de Cultura. Además, otros festejos populares como las novilladas o las becerradas han sufrido una disminución del 64,9% y del 70,4%, respectivamente.

El sector, pese a todo, ha conseguido mantenerse vivo gracias a ayudas y subvenciones estatales y europeas. Tanto, que desde 2002 las empresas ganaderas dedicadas a producir animales vendidos o alquilados para eventos taurinos han recibido subvenciones de hasta 430 millones de euros a través de la Política Agraria Común (PAC).