El poder judicial ha acabado derribando los cimientos legales de la capital mundial de los clubes de cannabis, Barcelona, la ciudad española con más asociaciones de usuarios, una fórmula de consumo sin parangón en el resto del planeta. En Amsterdam, por ejemplo, hay muchos coffeeshop, locales donde se vende y consume marihuana, abiertos al público, pero los clubes de España nacieron como lugar de encuentro exclusivo de socios, para fomentar el consumo responsable y el autocultivo seguro, aunque algunos se hayan desviado de la norma buscando más el negocio.

Sucesivas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y del Tribunal Supremo han hecho caer el plan especial urbanístico del Ayuntamiento catalán que regulaba los clubes, al entender que la norma invade competencias estatales. Inspecciones y cierres planean ahora sobre el horizonte de estos locales. Barcelona ha retrocedido así seis años en el tiempo cannábico. De pronto, se ha vuelto a 2015, al año antes de la aprobación del plan que el equipo de gobierno municipal de Ada Colau (Barcelona en Comú) sacó adelante con los votos de PSC, ERC y CUP para regular el funcionamiento de las asociaciones de usuarios de cannabis.

La normativa municipal estableció como superficie máxima de los locales los 200 metros cuadrados, exigió una doble puerta de entrada o vestíbulo de separación, la instalación de chimeneas para la expulsión de humos y una distancia mínima con respecto a los centros de enseñanza obligatoria. Y desde su aprobación, el Ayuntamiento registró la apertura de 218 asociaciones, en torno al 15% de las existentes en toda España.

Los recursos interpuestos por algunas asociaciones molestas por la dificultad y la cuantía de las obras que debían ejecutar en sus locales para cumplir la normativa, hasta 50.000 euros en algún caso, 30.000 en muchos de ellos, son los que han acabado por derrumbar el plan especial urbanístico. El pasado noviembre, una sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó dos sentencias en las que señaló que "la indeterminación (…) de saber si un club social de cannabis es o no ilícito penalmente impide considerar competente a un Ayuntamiento para regular, aunque sea desde la óptica urbanística y medioambiental", este tipo de asociaciones. El Supremo dio así la razón al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que había estimado parcialmente sendos recursos contra el plan municipal, y la puntilla llegó el pasado abril, cuando el Alto Tribunal catalán desestimó un recurso de casación del Ayuntamiento, que dio ahí por terminada la contienda jurídica.

Perdida la batalla judicial, el Ayuntamiento ha anunciado a las asociaciones que va a emprender una campaña de inspecciones para garantizar que están llevando a cabo la actividad permitida conforme a la legalidad vigente, que ya no es la del plan especial urbanístico: tienen que funcionar como meros clubes sociales privados y no pueden promover el consumo, la venta ni el cultivo de cannabis. La inspección, según el consistorio, empezará por los locales que "más impacto negativo generan, enfocados al turismo y a la venta masiva", para luego continuar con los "grupos comunitarios y de autoconsumo".

Mucha incertidumbre en el sector

No se sabe aún cuántos serán cerrados o sancionados por incumplimiento de la normativa, pero en el sector hay mucha preocupación por el futuro de los clubes de cannabis en la ciudad del mundo con más asociaciones de este tipo. El portavoz de la Federación de Asociaciones Canábicas de Catalunya (Catfac), Eric Asensio, ha manifestado a Público que hay "cierta cautela" sobre lo que pueda hacer el Ayuntamiento a partir de ahora, aunque sus entidades, dice, no se sienten aludidas con las advertencias que ha hecho la administración municipal sobre los motivos de incumplimiento.

"Creemos que pueden existir actualmente prácticas que ahora pueden derivar en un proceso penal, aunque los criterios son muy subjetivos, pero nosotros no nos sentimos identificados con eso. En nuestras asociaciones nunca hemos realizado promoción de consumo ni venta de cannabis. Eso no nos afecta", subraya Asensio.

Con independencia de las medidas que pueda tomar el Ayuntamiento, Catfac apunta directamente como responsable de esta situación a una "maquinaria represiva" judicial, ya que ha sido, a su entender, el poder judicial el que ha tumbado todos los avances normativos en este ámbito, ahora el plan urbanístico barcelonés y antes las leyes de regulación de los clubes de usuarios de cannabis aprobadas por los parlamentos de Catalunya y Navarra, también con el argumento de la invasión de competencias estatales, según dictaminó el Tribunal Constitucional en sendas resoluciones.

"Una vez más, el poder judicial carga contra las asociaciones sin tener en cuenta la realidad social de la ciudad de Barcelona, una ciudad que convive desde hace más de 30 años con estas entidades. En lugar de analizar un modelo claramente orientado a conseguir el bienestar de las personas, aplica de nuevo su estrategia punitiva de represión y acoso a un modelo de acceso a la sustancia reconocido internacionalmente y prohibiendo a las personas su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la prevención de la salud y a la seguridad", explica la federación catalana en un comunicado.

La Confederación estatal de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (Confac) también ha criticado de forma contundente la situación legal en la que han quedado los clubes en Barcelona. A juicio de esta organización, la decisión que se ha tomado "fomenta los mercados ilícitos y abre la veda para los grupos de crimen organizado, con el riesgo de que invadan la ciudad con prácticas que generen distintos tipos de violencia". Además, la organización estatal ha advertido de que a medio plazo se puede producir una "masificación" de los locales que puedan mantener su actividad, pero ya sin la necesidad de cumplir el plan especial urbanístico en normativas medioambientales, de higiene, salubridad y ordenación específica para su cometido.

La necesidad de una regulación estatal

Tanto el Aayuntamiento como las organizaciones de usuarios coinciden en un punto: la solución a este problema le corresponde, sobre todo, al Gobierno central y al poder legislativo del Congreso de los Diputados, una vez que los tribunales han dictado que la regulación de las asociaciones de cannabis es una competencia estatal.

Para ello, el consistorio barcelonés ha anunciado la creación de un grupo de trabajo interno para "hacer propuestas de cambios legislativos a nivel estatal y autonómico". Es más, el equipo de gobierno de Ada Colau asegura que "continúa defendiendo la necesidad de una regulación desde el punto de vista de la salud pública". "Hay que tener cuenta –añade- aspectos como las utilidades terapéuticas del cannabis, que se ha demostrado eficaz para el tratamiento de cánceres y otras enfermedades".

La Unión de Pacientes por la Regulación, organización que representa a personas usuarias de cannabis con fines medicinales y profesionales que trabajan en este ámbito, ha denunciado también las repercusiones del cambio normativo entre quienes son socios de clubes para obtener el tratamiento para un gran número de dolencias y enfermedades. "La justicia española desde el Tribunal Constitucional y esta vez desde el Tribunal Supremo, vuelve a hacer política por encima de las instituciones democráticas. Pacientes y consumidores otra vez abocados al mercado negro del cannabis", ha señalado la entidad a través de Twitter.

Catfac considera igualmente que es el poder legislativo el que debe tomar cartas en el asunto "para que no sea la justicia la que haga las leyes" en este país, subraya Eric Asensio. Su organización ha pedido formar parte del grupo de trabajo que va a crear el ayuntamiento, con el fin de poder hacer propuestas y articular nuevas iniciativas para aclarar el futuro de las asociaciones de usuarios en la capital catalana. Y asegura que no se va a quedar de brazos cruzados esperando. Están pensando, incluso, en convocar una manifestación si las medidas que adopta el consistorio no van en la dirección que ellos entienden es la adecuada.

Una actividad con 7.500 trabajadores en toda España

La importancia de estas asociaciones queda patente en un informe realizado por Confac en 2020, según el cual en España hay en torno a 1.500 clubes donde trabajan unas 7.500 personas, con una media de entre 300 y 400 socios cada uno. Si la actividad de esas entidades estuviera regulada, podría generar al menos 218,8 millones de euros en pago anual de impuestos directos e indirectos y tasas a las diferentes administraciones, de acuerdo con el mismo estudio. Y de esas 1.500 asociaciones, unas 800 se encuentran en el área metropolitana de Barcelona.

En el Senado está aún pendiente de debate una propuesta de ley reguladora de la actividad de los clubes de cannabis presentada por el grupo de Izquierda Confederal por iniciativa de Geroa Bai. La propuesta se basa en la ley que aprobó el Parlamento de Navarra en 2014 y luego fue tumbada por el Tribunal Constitucional por invasión de competencias del Estado. Fermín Les es el presidente de la formación navarra RCN-NOK que impulsó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que dio lugar a la ley foral y que el pasado marzo presentó la iniciativa en la Cámara Alta.

"Hemos querido hacer esta propuesta para cubrir el vacío legal de la regulación y el autoconsumo, ante el silencio de las administraciones y que ningún partido coge el toro por los cuernos. Nos han dejado de lado y se está viniendo abajo todo el trabajo que hemos hecho los activistas durante muchos años", ha manifestado a Público Fermín Les, que este sábado ha dirigido la constitución del primer partido cannábico de ámbito nacional, Luz Verde.

A juicio de Les, hacen falta también alcaldes valientes que defiendan los intereses de su ciudadanía y, en este caso, de quienes forman parte de decenas de asociaciones de cannabis. "Los clubes –explica- son un invento absolutamente español que quieren importar otros países, incluso en Estados Unidos. Empezaron sobre todo en Euskadi y en Barcelona, como centros también para la reducción de daños al consumo. Y los expertos en salud dicen que lo mejor siempre es informar, que la gente salga del mercado negro y sus consecuencias nefastas. Pero, mientras, la administración te da patadas para que vuelvas al mercado negro, vulnerando además el derecho de asociación".

En la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sobre el plan especial urbanístico de Barcelona, emitida el pasado noviembre, se señala que los clubes de usuarios de cannabis están "huérfanos de una completa y detallada regulación legal", ya que, además, su actividad puede verse afectada por lo dispuesto en el artículo 368 del Código Penal. Y se añade: "Como, con indudable acierto se declara en la sentencia de instancias (del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) lograr una normativa reglamentaria de la naturaleza expuesta, para lograr alcanzar un feliz fin de cobertura legal para ese consumo, abastecimiento y dispensación de cannabis y las demás sustancias".