La carga de trabajo sobre el personal sanitario continúa creciendo con los contagios por coronavirus y también lo hacen las presiones sobre aquellos que se atreven a hablar de la situación con los medios de comunicación. Esta misma semana, el médico internista del Hospital de Fuenlabrada, José Ángel Satué, denunció a través de las redes sociales que la gerencia de su centro de trabajo le había entregado una hoja con instrucciones sobre cómo proceder a la hora de comunicarse con los medios. Justo después de que el doctor ofreciese varias entrevistas a la Cadena Ser.

En el documento que recibió Satué, y que aparece firmado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se especifica que el profesional nunca actuará por su cuenta ante un medio de comunicación y añade: "Siempre debe contar con la autorización del centro". Ahora bien, ¿hasta qué punto se puede restringir la libertad de un trabajador para que se exprese?

"Siempre", tal y como especifica la carta, no. Cualquier persona tiene derecho a comunicar cuestiones de interés público a un periodista sin tener que haber pasado antes por ningún filtro. Es el caso de las denuncias por mala praxis o casos de corrupción, entre otros. El miembro de la Plataforma en Derecho de la Libertad de Información (PDLI) Joan Barata detalla que esa situación se da cuando utilizando la vía que dictan los protocolos de la institución "el asunto no llegaría a ver la luz" ya que el cometido de la gerencia es proteger a la entidad de cualquier hecho que le pueda afectar negativamente.

Los supuestos que se enumeran en el documento sí que deberían cumplirse cuando el trabajador da la cara ante la sociedad como representante de la entidad, que en este caso podría ser la Consejería de Sanidad de Madrid, el SERMAS o el hospital en cuestión. "Cualquier institución puede y deber tener sus protocolos de comunicación para cuidar los mensajes que se envían al exterior. En este sentido, que haya normas internas forma parte de lo normal y de lo legítimo", recuerda Barata. En el caso de Satué, en la entrevista que ofreció en la radio se le presenta como médico internista del Hospital de Fuenlabrada y en ningún momento como portavoz del mismo. 

El miembro de la PDLI señala que en España no hay una legislación vigente clara que proteja a los informadores, por eso recomienda —y es lo que viene pasando, como ya relató Público— que las fuentes se presenten como confidenciales. En cualquier caso, no sería sancionable ni se podrían tomar represalias contra el trabajador denunciante.

El relator de la ONU por la libertad de expresión, David Kaye, ya se posicionó sobre este asunto en la misma línea. "Innumerables fuentes y denunciantes de todo el mundo se sienten intimidados por funcionarios, compañeros de trabajo y otros, lo que les lleva a privar a todos de información que puede ser fundamental para el debate público y la rendición de cuentas", advierte.

La Comunidad de Madrid ha señalado que es "falso" que prohíba a sus médicos hablar en los medios de comunicación y que el protocolo que se le entregó a Satué fue diseñado en el año 2003 y ya no está en vigor, a pesar de que se le hizo llegar al trabajador hace tan solo unos días. La Administración también ha hecho hincapié en que la Consejería de Sanidad no ha dado ningún tipo de instrucción en este sentido.

Un intento de amedrentar a un personal precario

Más allá de lo escrito, el movimiento de la gerencia del Hospital de Fuenlabrada se puede interpretar como un gesto de cara a amedrentar a sus profesionales a la hora de hablar en público sobre su situación en el trabajo o como mínimo, un intento de poner trabas para que no lo hagan.

En esto coincide el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) Lorenzo Armenteros, que señala que nunca se debería poder coartar la libertad de expresión de un personal sanitario que con su visión refleja la realidad: "Somos el personal los que en ocasiones tenemos que explicar y hacer públicas algunas situaciones para que se conozcan y se valoren", explica.

Por su parte y en la misma línea, fuentes de la federación de Sanidad de Comisiones Obreras (CCOO) señalan que hay delegados del sindicato que también han recibido el escrito a pesar de que el Gobierno asegure que está en desuso y señalan que la Comunidad de Madrid "no se puede tapar las vergüenzas con amenazas de este tipo" y que no se puede permitir "que se coarte la libertad de expresión de los ciudadanos". 

Además, Armenteros incide en que este tipo de toques de atención tienen lugar para que los sanitarios "se mantengan callados" también por miedo a las represalias, que se suman a la precariedad de muchos de los contratos: "Si alguien se amedrenta de lo que pueda decir y a la vez tiene un contrato que depende del criterio personal de una determinada autoridad sanitaria, se multiplica el valor del miedo".