Las migraciones en el nuevo Gobierno: fin al reformismo de Escrivá y continuidad para Marlaska pese a la tragedia de Melilla

Una de las mayores sorpresas ante las caras del nuevo Gobierno no ha llegado por una nueva, sino por una vieja conocida. Fernando Grande-Marlaska seguirá al frente del Ministerio del Interior, para sorpresa incluso dentro de las filas socialistas.

En el ojo del huracán por las al menos 23 muertes –y cerca de 80 desparecidos– en el trágico salto a la valla de Melilla de junio de 2022, para Pedro Sánchez, Marlaska sigue gozando de una confianza que le fue retirada por el Congreso de los Diputados el año pasado. Pocos cambios se esperan pues en la política de control de fronteras, donde ha imperado la mano dura y han arreciado las críticas por su escasa defensa de los derechos humanos.

La otra pata del plano migratorio la ha movido en los último años José Luis Escrivá, que sigue en el Ejecutivo, aunque cambia el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por el de Transformación Digital, de nueva creación. Con la marcha de Escrivá se rompe una de las tendencias reformistas de más calado en las políticas de inclusión e integración de los últimos años. Durante su etapa se han aprobado leyes, instrucciones y reglamentos que han dotado de derechos a parte de la población migrante y han sido aplaudidas, no sin ciertas reservas, por colectivos y organizaciones especializadas.

A Escrivá le sustituye Elma Saiz, abogada y docente, un perfil a priori más político que técnico, a diferencia de su antecesor. Saiz fue consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Delegada del Gobierno en la comunidad foral y, desde el pasado junio, concejala socialista en el Ayuntamiento de Pamplona. No se conoce experiencia previa en el ámbito migratorio y está por ver si su desembarco traerá cambios en la Secretaría de Estado de Migraciones, ahora dirigida por Isabel Castro, con el abogado Santiago Yerga como director general de Migraciones.

Muertes en Melilla y devoluciones en caliente

La decisión del presidente del Gobierno de mantener a Marlaska al frente de Interior ha sorprendido en la esfera socialista y ha indignado al movimiento antirracista. Seguramente no haya gustado a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien aseguró en una entrevista durante la campaña electoral que ella lo habría cesado tras la tragedia de Melilla. “No se puede jugar con los derechos humanos”, dijo la líder de Sumar. Aunque parece que no ha tenido fuerza, interés o ambas cosas para pelear la permanencia de Marlaska.

La tragedia de Melilla puso al ministro ante sus horas más críticas. La prensa internacional, el Defensor del Pueblo y organizaciones de derechos humanos criticaron con dureza la actuación policial y la coordinación con Marruecos en aquel operativo que se cobró al menos 23 vidas. 470 migrantes, la mayoría sudaneses que tenían derecho a pedir asilo en España, fueron devueltos por la Guardia Civil a los gendarmes marroquíes saltándose cualquier procedimiento legal. Entre ellos había menores y heridos, tal y como comprobó Público en Marruecos.

Al otro lado del puesto fronterizo, imágenes de palizas brutales, persona heridas e inconscientes, maniatadas y amontonadas en el suelo. A este lugar fueron devueltas las 470 personas que habían logrado llegar a suelo español. Para Marlaska, todas las actuaciones cumplieron escrupulosamente con los derechos humanos y la legalidad, incluso la entrada en territorio español de agentes marroquíes para golpear y llevarse a varios migrantes, tal y como reveló Público. Todas estas circunstancias llevaron al Congreso a reprobar al ministro.

Magistrado de la órbita conservadora, el titular de Interior se ha convertido un hombre fuerte del presidente, a pesar de que su papel en las diferentes crisis migratorias desde que llegó al cargo en 2018 ha sido cuestionable y de dudosa legalidad, desde el hacinamiento durante semanas de miles de migrantes en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), a las repatriaciones ilegales de decenas de menores marroquíes que llegaron a Ceuta en la crisis de mayo de 2021.

Por estos hechos está siendo juzgadas la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la exvicepresidenta ceutí Mabel Deu. Según consta en testimonios de los interrogados recogidos en el sumario, la orden de devolución, que se saltó todos los protocolos legales, procedió de Madrid y, en concreto, de Interior.

Marlaska también ha destacado por defender la legalidad y aplicar sin miramientos las devoluciones en caliente tanto en Ceuta como en Melilla, a pesar de que Sánchez prometió derogarlas después de que el PP de Rajoy les diera encaje legal en la ley mordaza. En la práctica –y si algo ha demostrado Sánchez es pragmatismo– aplicar medidas impulsadas por el PP dificulta que la derecha pueda criticarte por ello, aunque el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sí lo ha hecho.

Los avances de Escrivá

Si Interior se encarga de frenar las migraciones, Escrivá ha sido el encargado de acoger a los que llegan y facilitar su integración en el mundo laboral. Durante la legislatura ha habilitado miles de plaza de emergencia en campamentos en Canarias. Las condiciones no siempre han cumplido los estándares mínimos y siguen faltando camas ahora que las islas viven el mayor repunte migratorio desde la crisis de los cayucos de 2006. Escrivá se marcha en medio de un plan de traslados a centros de la Península de miles de migrantes recién llegados a Canarias, algo que ha puesto a PP y Vox en pie de guerra y que tendrá que gestionar la nueva ministra.

El ministro siempre ha defendido la importancia de la migración para la sostenibilidad del sistema de pensiones y, en general, del Estado del bienestar español. Se le ha acusado de practicar una política “utilitarista” con enfoque puramente económico de las migraciones. Sin embargo, durante su mandato, ha facilitado la obtención de permisos de trabajo y residencia para los menores y jóvenes no acompañados, bajo tutela de las Comunidades Autónomas, que acababan abandonados a su suerte en la mayoría de casos al cumplir los 18 años.

El año pasado sacó adelante una reforma parcial de la Ley de Extranjería que facilitaba la regularización de miles de personas y trataba de solventar “importantes ineficiencias” del sistema que dejaban a miles de extranjeros sin más alternativa que la economía sumergida (e ilegal). También ha facilitado la contratación de mano de obra extranjera directamente en países de origen o la regularización de extranjeros mediante formación laboral.

Han sido pequeños pasos, pero novedosos en una materia normalmente olvidada y gestionada a base de regularizaciones extraordinarias en momentos de necesidad. Los avances están lejos de las reivindicaciones de cientos de colectivos migrantes, que han impulsado una Iniciativa legislativa Popular para la regularización de cerca de medio millón de personas sin papeles, una de las tareas pendientes de la próxima legislatura.

La mayor parte de estas medidas han contado siempre con la oposición inicial de Interior. Los desencuentros entre ambos ministerios, además de cierta descoordinación, han sido patentes a lo largo de estos años. La llegada de Elma Saiz a la cartera supone una incógnita en un momento de repunte migratorio y de solicitudes de asilo en máximos históricos.