"Hola, me llamo María, tengo 39 años, soy científica y madre de dos niños. Como tantas mujeres, he sido penalizada en el trabajo debido a mi maternidad". Esta contundente frase la escribió la científica María de la Fuente hace ahora diez meses en la petición de firmas que abrió en la plataforma Change.org. En pocos días había conseguido decenas de miles de firmas, y a finales de diciembre lleva más de 300.000 adhesiones. El pasado 21 de diciembre, el Consejo de Ministros le dio en gran parte la razón y comenzó a modificar una desigualdad que desde hace años reclaman las científicas de nuestro país. Lo que pedía era algo aparentemente sencillo: que las mujeres en la ciencia no estuvieran en desventaja por decidir ser madres. 

"En 2017 me presenté a una convocatoria Miguel Servet gestionados por el Instituto de Salud Carlos III y que subvenciona los proyectos de investigación biomédica del Sistema Nacional de Salud. Pero como estas convocatorias evalúa la productividad de los candidatos a lo largo de un período de tiempo, yo estaba en desventaja", comenta la científica, directora de la Unidad de Nanooncología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), en una entrevista con Público. El motivo: haber dado a luz a sus dos hijos en los últimos cinco años.

"Ahí empezó todo", afirma, "porque lo que constatamos es que en este tipo de convocatorias no se contempla ningún supuesto de interrupción, lo que perjudica principalmente a las mujeres científicas que hemos decidido ser madres. En mi caso, fueron dos embarazos que sumaron 13 meses de baja o de inactividad laboral, siempre acorde a la ley y a derechos reconocidos para las mujeres para el cuidado de los hijos", añade.

"Yo superé la fase de evaluación, pero no pude competir por una categoría superior. Puede parecer algo irrelevante, pero no lo es, porque tengo derecho a competir igual que los demás y no se me puede privar de ese derecho". Fue entonces cuando decidió iniciar su batalla. Demandó al Instituto de Salud Carlos III en los tribunales e inició una campaña pública de recogida de firmas.

Exigía al Instituto de Salud Carlos III (organismo público que gestiona y ejecuta la investigación biomédica en nuestro país) que tuviera en cuenta las bajas de maternidad a la hora de evaluar el rendimiento profesional y que tomara medidas para evitar la discriminación de las mujeres que se dedican a la ciencia y la investigación.

Unos meses después, en agosto de 2018, otras tres científicas de distintos áreas se unieron a la reivindicación y lanzaron una campaña pública que con la etiqueta #oCientificaoMadre dio un importante empujón a esta iniciativa. 

Este pasado 21 de diciembre, el Consejo de Ministros confirmó que sus reivindicaciones no habían caído en saco roto. Ese día se aprobó el documento para la Acción Estratégica de Salud para 2019. Se trata de un documento que sienta las bases para las distintas convocatorias a nivel nacional para la investigación biomédica que se realiza en hospitales y que es gestionado desde el Instituto de Salud Carlos III. En ella el Gobierno ha incluido un apartado en el que se afirma que se hará un especial esfuerzo en la protección de los derechos de la mujer investigadora y que se incrementarán los supuestos de interrupciones de la actividad investigadora en la valoración de los méritos evaluables en diversas ayudas y recursos humanos para "favorecer su carrera científica con la conciliación familiar", afirma el documento.

Tal como resalta de la Fuente, "esta no es sólo mi lucha. Yo la inicié, pero aunque haya puesto mi caso como ejemplo, no es el único ni mucho menos, porque a medida que las mujeres ascendemos en la carrera profesional, nos encontramos con un techo de cristal que está íntimamente relacionado con la maternidad y hay que hacer algo para solucionarlo".

"Yo reivindicaba que había que tener en cuenta los períodos de interrupción. Estamos hablando de maternidad porque es algo muy evidente y las investigadoras que nos incorporamos al sistema nacional de salud a través de estas convocatorias, normalmente tenemos ya una trayectoria importante detrás. Es decir, lo normal es tener 30 y pico años largos, lo que coincide con el tiempo en que tenemos hijos", añade.

Ganamos una batalla, no la guerra

María de la Fuente relata que, desde que comenzó esta cruzada en 2017, se reunió con representantes políticos y responsables de distintas instituciones, incluidas varias secretarías de Estado y la dirección del Instituto Carlos III, tanto del Gobierno del Partido Popular como del PSOE. 

"Hubo un cambio de actitud importante con la anterior dirección que no quería saber nada del tema. La actual directora del Instituto de Salud Carlos III escuchó con interés y manifestó su intención de mover este tema. En mi caso la solución es difícil porque está judicializado. Pero sí se comprometió a poner en marcha medidas que impidan que otras vuelvan a sufrir lo mismo", comenta.

Si bien la decisión del Gobierno le parece un paso importante en la buena dirección, De la Fuente reconoce también que estas medidas no afectan a todas las investigadoras, que aún no se conoce la letra pequeña de las medidas y que estas están redactadas de forma "ambigua y abierta". Pero lo que valora positivamente, sobre todo, es que las cosas comienzan a cambiar, lo que demuestra que se trata de una cuestión de voluntad política, de ganas de poner en marcha cambios y de sensibilidades, "y parece que los interlocutores están recibiendo y escuchando el mensaje, lo que es positivo".

"Quiero pensar que se va a seguir trabajando en esta línea. Lo que hemos conseguido es visibilizar un problema que estaba totalmente silenciado e invisibilizado y que pone a las investigadoras de nuestro país ante la tesitura de tener que seguir trabajando pase lo que pase, porque es una carrera de fondo donde no puedes hacer un alto en el camino y sintiéndonos culpables por cogerte una baja de maternidad. A mí me pasó. Te da por pensar que tendrías que haber seguido trabajando y te culpabilizas".  Reconoce que es "un tema complicado de hablar, porque roza lo personal y lo profesional".

De la Fuente reconoce que los hombres que investigan también sienten la presión y que la ampliación de medidas de conciliación también les va a favorecer para disfrutar de los permisos de paternidad, a los que muchos renuncian por la presión, pero que es un tema que afecta de forma mayoritaria a las mujeres.

"Este es un primer paso importante porque hay que comenzar a hablar de las bajas, de las duraciones de los permisos de maternidad y de paternidad. Al final ellos se ven menos perjudicados porque los días de suspensión siempre son menores. Las mueres somos las cuidadoras natas, de los hijos, pero también de los dependientes. 

"Hemos ganado una batallas pero no la guerra" afirma y añade que aún queda mucho por hacer. "Lo que he aprendido es que el desconocimiento tiene efectos tremendos. Muchas veces pasan estas desigualdades porque no estamos bien informados, porque son temas de los que no se habla. Yo por ejemplo me presenté a una convocatoria en la que las bases no se ajustaban a la ley de igualdad, ni a la Constitución, pero no las impugné. Hay que darle visibilidad a estos temas para que la gente los conozca, porque yo pasé de sentirme muy sola a estar muy acompañada por empezar a hablar", concluye De la Fuente.