Un total de 56 colectivos y asociaciones de distintos puntos de Andalucía han suscrito un documento en el que denuncian la situación en la que se encuentran los 400 damnificados por el incendio registrado el pasado viernes en un asentamiento de Palos de la Frontera (Huelva) por la inacción del Ayuntamiento.

En él precisan que hasta la fecha el Consistorio "no ha ofrecido auxilio de emergencia a las víctimas que han tenido que buscar refugio en la solidaridad de otras personas migrantes y colectivos sociales, habiendo quedando muchas de ellas durmiendo al raso", ha informado en un comunicado, en representación de todos los firmantes la Asociación Multicultural de Mazagón.

Todos ellos exigen al Ayuntamiento que "auxilie de forma inmediata a las víctimas" y han lamentado que "tratándose de uno de los municipios más ricos de la provincia, con superávit año tras año en las cuentas municipales, demuestre una obscena incapacidad para atenderlas".

Han criticado, además, que el alcalde de Palos, Carmelo Romero (PP), en vez de ponerse a trabajar en la desgracia "se limita, por un lado, a escurrir el bulto de sus propias obligaciones y, por otro, a decir que algunos de los inmigrantes afectados por el incendio han llegado desde Canarias estos meses atrás, poniendo el foco en la anécdota".

"En un Estado plenamente democrático ninguna Administración puede permanecer ajena a esta histórica situación de vulneración a los derechos fundamentales de las personas y a sus derechos laborales que se vive en la provincia de Huelva en el sector agrícola y, concretamente, en los municipios donde se ubican las explotaciones de los frutos rojos, y agravado actualmente con una situación de emergencia sanitaria por la pandemia de covid", han indicado.

Por ello, exigen que las distintas administraciones –cada cual desde su ámbito competencial– y el sector empresarial que "tanto se beneficia" de esta mano de obra, "pongan inmediatamente a disposición de las y los afectados respuesta habitacional de emergencia" y que, por otro lado, "lleven a cabo una solución definitiva a este grave problema de vulneración de derecho fundamentales impropia de un estado social y democrático de derecho y que nos debe avergonzar a todas como habitantes de esta provincia".