En el barrio malagueño de El Palo, donde reside Antonio Ortiz, sólo hay una escuela infantil pública. Está situada a 20 minutos caminando del domicilio familiar, así que su pareja y él optaron por llevar a su hija Lara a alguna de las seis escuelas privadas o concertadas que se encontraban más cerca.

Como Lara, el 46,5% de los niños y niñas de cero a tres años que residen en España están escolarizados en centros privados, según los datos del curso 2021-2022 de la Estadística de enseñanzas no universitarias del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

A principios de los 90 en todo el territorio español apenas había matriculados 28.631 niños y niñas matriculados en guarderías. De ellos, el 83% lo estaban en escuelas privadas. En aquel momento estos centros estaban reservados para aquellas familias de clase media o media-alta en la que los progenitores trabajaban. La conciliación era todavía un concepto lejano que se resolvía con la permanencia de la mujer en el hogar, dedicada a las tareas de cuidados.

Entre 1990 y 2000 la proporción de niños y niñas matriculados en centros públicos se fue equilibrando y para el año 2010 alcanzaba el 50-50. Desde entonces, la balanza ha cedido hacia el lado de los centros públicos, pero en una tendencia mucho más paulatina. Los datos relativos al curso 2021-2022 todavía sitúan las matriculaciones en escuelas infantiles privadas en alrededor del 46,5%, la más alta de todas las etapas educativas.

Aun así, a día de hoy este equilibrio entre plazas públicas y privadas todavía no se cumple en algunas autonomías. Es más, en los últimos 12 años, algunas comunidades han visto cómo cada vez hay más menores de tres años en plazas privadas.

Por eso, la historia de Lara no sería muy distinta si ella y su familia residieran en Canarias, País Valencià o La Rioja. Durante el curso escolar 2021-2022, estas tres regiones, con Andalucía a la cabeza, tenían más niños y niñas matriculados en escuelas infantiles privadas que en públicas.

Tendencias opuestas: Andalucía y Asturias

María García no se planteó llevar a sus hijas a una guardería pública. No sabía de la existencia de ninguna. "Toda la gente que conozco ha tenido que llevar a sus hijos a una concertada", asegura. Ella y su familia son de Málaga, la provincia de España en la que más niños y niñas menores de tres años fueron matriculados en escuelas infantiles privadas: un 73,6% de todos los escolarizados en este ciclo durante el curso 2021-2022.

Esta cifra es 25 puntos porcentuales mayor que en el curso 2010-2011, el incremento más acusado registrado en todo el Estado durante este periodo. En este tiempo en todas las provincias andaluzas ha crecido el número de menores matriculados en escuelas privadas y de ellas, sólo Huelva y Jaén tuvieron apenas un cuatro y un dos por ciento más de niños inscritos en escuelas públicas.

Maribel Uncala, educadora infantil y presidenta de Asociación de Escuelas Infantiles Unidas de Andalucía, explica a Público que esta proporción tiene su origen en lo que considera el primer acuerdo de colaboración público-privado entre la Junta de Andalucía -entonces en manos del PSOE- y una red de escuelas infantiles privadas. Recogido en la Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, regulaba las ayudas a familias que matriculan a sus hijos en escuelas privadas.

A esta normativa le seguirían otras en 2009 y 2017 que construirían el sistema educativo andaluz actual, en el que los centros privados deben habilitar el acceso a las familias a determinadas plazas escolares en las mismas condiciones que los centros públicos.

Es la administración autonómica la encargada de regular el acceso a estas plazas atendiendo a criterios de renta, cercanía, número de hijos, etc. También, financiar una parte (el mínimo es un 13%) o la totalidad de ellas. En palabras de Uncala, "la Junta de Andalucía tiene que abonar a la escuela infantil privada el precio de la mensualidad".

Pero acceder a una plaza bonificada no siempre es fácil. "Los criterios se ajustan a rentas bastante bajas", recalca Juan Díaz, padre de un niño de cinco años escolarizado en Málaga.

A ello se suma "el típico problema de que se mira la renta de los dos años anteriores", explica. Cuenta que cuando él y su pareja solicitaron la ayuda de la Junta de Andalucía para pagar la mensualidad de la escuela, uno de ellos se encontraba desempleado, mientras que a ojos de la administración estaban trabajando. Ello les obligó a asumir con dificultad el pago de 280 euros al mes.

Por contraposición, en otras regiones españolas como Asturias, Navarra o Extremadura, la mayoría de los niños y niñas menores de tres años acuden a escuelas de titularidad pública. En el curso 2021-2022, las matriculaciones en centros privados eran de entre un 10,40% en el caso del Principado, de un 16,60% en la Comunidad Foral y un 12,35% en Extremadura. Cabe destacar que las provincias que componen estas autonomías tienen una baja natalidad, y por tanto, una demanda menor de escuelas en la primera etapa educativa.

Maribel Uncala defiende que estas cifras esconden una trampa. "No hay una verdadera red educativa pública", señala. "Muchas veces se saca pecho de tener muchas plazas públicas pero al final son falsas públicas. Son centros que se construyen con dinero público pero cuya gestión recae sobre un centro privado". Recalca que en Andalucía sólo hay unos 160 centros cuya titularidad y gestión es pública.

"No hay una verdadera red pública"

La Comunidad de Madrid es una de las regiones de España en la que hay el mismo número de menores escolarizados en guarderías privadas que en públicas. Es más, en los últimos doce años, la proporción se ha inclinado cuatro puntos porcentuales a favor de las matriculaciones en escuelas públicas. Valeria Mignolo, madre de una niña y un niño, tuvo que hacer algunos malabares para que sus hijos pudieran entrar en uno de estos centros.

"Miramos cuál de todas las guarderías públicas tenía más plazas y encontramos una que aunque estaba más lejos, nos compensaba", relata. En Madrid, la mensualidad en una escuela 0-3 sin bonificación puede rondar los 500 euros. El centro al que acudían los hijos de Mignolo, como la mayoría de los públicos del Ayuntamiento de Madrid, son de gestión privada.

"Al ser un concurso público se tienen en cuenta criterios de proyecto educativo, pero también económico", evidencia Simón de la Riva, educador infantil y miembro de la Plataforma de Personal Laboral de Escuelas Infantiles.

La parte económica consiste en una puja económica a la baja que favorece a aquellas empresas con presupuestos más ajustados. "¿Cómo se consigue esto?" se pregunta De la Riva. "Dando peores alimentos, recortando en materiales, recortando en formación de las compañeras y en todo lo que se pueda", denuncia.

El abaratamiento de costes para la administración local que supone el modelo de gestión indirecta a veces lleva asociado un incremento de la precariedad de los trabajadores. Esto es lo que denuncian De la Riva y otros educadores y educadoras que se han asociado para luchar por sus derechos. Según denuncian, actualmente cobran "por debajo del convenio colectivo".

Desde Marea Verde, defienden que se mejoren las condiciones salariales de estos trabajadores, a la vez que subrayan la necesidad de impulsar la gestión directa de estas escuelas públicas, además de la construcción de nuevos centros públicos.

Fondos europeos para escuelas públicas

La Unión Europea es consciente del déficit de escuelas infantiles públicas en España, por eso una de las partidas de los Fondos Next Generation UE está destinada a impulsar las escuelas de 0 a 3 años. 671 millones de euros que España pretendía destinar a la creación de 65.000 nuevas plazas públicas.

Con el descenso de la natalidad como marco, algunas administraciones como la Comunidad de Madrid han propuesto cubrir con estos fondos la adaptación de espacios infrautilizados de escuelas primarias (diseñadas para mayores de seis años) para niños y niñas menores de tres.

La Asociación Escuelas Infantiles Unidas critica esta medida al asegurar que "son infraestructuras que no están preparadas para estos niños, en los que siquiera el profesorado tiene experiencia en tratar a estos niños". Al tiempo que, como parte de la Federación Nacional de los Centros de Educación Infantil (FENACIN) considera que no deben crearse nuevas plazas dada la existencia de una infraestructura privada.

En cambio, desde la plataforma en defensa de la educación pública, Marea Verde no se posicionan en contra de este modelo, aunque piden que "se haga un análisis de cómo se está llevando a cabo esta transición", explica Alba Izquierdo, miembro de la plataforma. "Quizá en algunos colegios los cambios se han implementado bien, mientras que en otros ha habido quejas. No es lo mismo niños de primaria que de 0 a 3".