Erradicar la pobreza severa en España no es en absoluto una quimera: se necesitarían 6.400 millones de euros al año (el 0,55% del PIB) para sacar a cuatro millones de personas de esa situación de absoluta precariedad. Esa es la principal conclusión de La hora de rescatar a las personas, un informe presentado en Madrid por Oxfam Intermón en el que la ONG propone la creación una renta garantizada de unos 590 euros mensuales para todos aquellos hogares que vivan bajo estas condiciones.

"La pobreza severa afecta al 9,18% de la población española. Con nuestra propuesta se reduciría al 0,67%, casi cuatro millones de personas saldrían de ella", afirma Liliana Marcos, una de las autoras del informe, convencida de que "la pobreza y la desigualdad son decisiones políticas" que se pueden subsanar.

La creación de una renta garantizada por el Estado para todas las personas por debajo del umbral de la pobreza, permitiría, según Oxfam Intermón, que España pasara de ser el quinto país de la Unión Europea (UE) con más pobreza severa a  ser el país con menos. También permitiría reducir a la mitad la pobreza relativa —del 21,5% al 12,5% de la población—, así como achicar significativamente la desigualdad social y situarse en un nivel parecido al de Francia y Alemania. 

La renta garantizada vendría a paliar gran parte de esas carencias. Sin embargo, esa renta habría que financiarla. En ese sentido, el sistema tributario español no ayuda. "Es necesario recaudar más de los ricos, el capital y las grandes empresas", se puede leer en el informe de Oxfam Intermón.

Con el objetivo de recaudar más entre aquellos que más tienen, Oxfam Intermón propone una serie de ajustes fiscales en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), del Impuesto de Patrimonio (IP) y del Impuesto de Sociedades (IS) que permitirían recaudar unos 8.400 millones de euros más al año, garantizar más recursos y de paso aumentar la progresividad de dichos impuestos. La mitad de este aumento de la recaudación, un 51%, se originaría en el impuesto de sociedades, mientras que los cambios en el impuesto de patrimonio aportarían el 35%; sólo el 15% restante saldría del IRPF y sería por gravar las rentas del capital. Para recaudar más, también sería importante subir la presión fiscal en España, que aún sigue más de cuatro puntos por debajo de la media europea.

Las carencias del sistema de protección social en España

En realidad el informe de Oxfam Intermón es una radiografía pero también una denuncia del sistema de protección social y de la insuficiente redistribución de los ingresos fiscales en España. En el informe se pone de relieve que el Estado Español no ha sabido dar respuesta a las personas que cayeron en la pobreza durante la crisis que asoló el país entre 2008 y 2013. Los datos son elocuentes: por cada 58 personas que que cayeron en la pobreza durante la recesión, sólo diez han podido abandonar esa condición de pobre después de que empezara la recuperación, allá por 2014.

Oxfam Intermón denuncia que el sistema de protección social en España está no sólo infradotado de recursos económicos, sino que también es regresivo y su capacidad de reducir la pobreza es limitada. Pero además es injusto: al tener un carácter eminentemente contributivo, es decir, al estar ligado al mercado laboral –las mayores ayudas sociales son pensiones y el subsidio de desempleo–, deja desprotegidos a jóvenes o a mujeres en situación de precariedad que no han podido integrarse en ese mercado y "a decenas de miles de hogares". 

"Por no hablar de la heterogeneidad de las ayudas dependiendo de las autonomías en las que se resida", explica Marcos, quien pone un ejemplo muy gráfico: "Un hogar formado por una mujer y un niño recibiría al mes más de 900 euros en el País Vasco y apenas 512 en Madrid. Así mismo, algunos territorios llegan a todos los hogares en situación de necesidad, mientras que Madrid sólo alcanza al 43%, Andalucía a poco más del 20% y apenas al 10% en Castilla La Mancha", explica el informe.

Con el actual sistema de protección social, el ritmo de reducción de la pobreza en España es sensiblemente menor al de 21 de los 27 países miembros de la Unión Europea. También es significativo el hecho de que España invierta en transferencias públicas 3,8 puntos de su Producto Interior Bruto (PIB) menos que la media de la UE  o que ocupe el puesto decimotercero en inversión social pese a que sigue siendo la cuarta economía de la UE.

"En definitiva, es un sistema de protección social regresivo: hoy en día, por cara euro en transferencias que reciben las familias de los hogares más pobres, los hogares más ricos reciben tres", resume Marcos.