El pasado 25 de noviembre el IES Luis Carrillo de Sotomayor de Baena (Córdoba), organizó diversas actividades para conmemorar el 25N, Día Internacional contra la violencia de género. Entre ellas, el visionado de un vídeo de Ana Orantes, la mujer de Granada que denunció en Canal Sur su calvario de 40 años de malos tratos y que acabó siendo asesinada por su expareja pocos días después. Este caso cambió para siempre la forma de entender la violencia contra las mujeres.

A raíz de esto, los padres de un alumno de segundo de la ESO decidieron denunciar al profesorado de dicho centro, al estar en desacuerdo con que su hijo participara en las actividades del 25N. Este miércoles, el tutor del curso ha tenido que comparecer ante el juzgado de de Primera Instancia de Instrucción del propio municipio a requerimiento del juez que decidió admitir a trámite la querella.

El sindicato Ustea, que ha dado a conocer el caso, ha criticado el "sinsentido" de esta actuación, considerando que es "fruto de la irresponsabilidad política del Gobierno andaluz" del PP y Cs en materia educativa, al "plegarse a las exigencias" de Vox, "al margen de la legalidad".

Desde el sindicato recuerdan a Público que las actividades que los centros realizan cada 25 de noviembre están recogidas en textos legales como la LOMCE y otros decretos autonómicos de alto rango, así como en el Plan de Igualdad de Andalucía, que ya va por se segunda edición. 

Miguel Ángel González, responsable de organización de dicho sindicato que ha denunciado el caso, recalca que "no se trata de que los centros decidan celebrar el 25N y organizar eventos. Es que están obligados a hacerlo". "Lo que nos extraña poderosamente es que el juzgado de instrucción de Baena decida admitir la denuncia y haya citado a declarar al tutor". El sindicato considera que esta citación "no tiene ni pies ni cabeza" y confía en que "el juez acabe archivando el caso".

En un comunicado emitido este martes, la Junta de Andalucía respalda las actividades llevadas a cabo en dicho centro el pasado 25N. La Consejería de Educación ha explicado que "la actividad objeto de la denuncia" había sido "aprobada y programada por este centro educativo dentro de su Plan de Igualdad", y que la Dirección General de Diversidad había enviado un comunicado el pasado 24 de noviembre instando a los centros a "desarrollar y visibilizar iniciativas para prevenir la violencia de género en las aulas".

El sindicato Ustea considera "insuficiente" la reacción de la Consejería de Educación en apoyo del centro denunciado y ha exigido al Ejecutivo andaluz "que dé por extinguidos los acuerdos con Vox sobre la censura parental –denominada PIN Parental– reflejados, tanto en el acuerdo de investidura entre PP y Vox, como en el acuerdo de presupuestos de las tres formaciones". 

"Esta insuficiente y raquítica respuesta de la Administración" exige que "el máximo responsable político de la Consejería, Javier Imbroda, muestre su rechazo y condena a esta situación de manera pública y clara", porque "el profesorado andaluz no puede estar expuesto a este tipo de injerencias e intentos de intimidación ante la labor docente", afirma el sindicato en un comunicado hecho público este jueves mientras el tutor declaraba ante el juzgado.

Tal como recoge Europa Press, el sindicato también demanda "que se den por extinguidos el punto 13 del acuerdo de investidura entre PP y Vox", en el que se refleja que los padres "puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones", y "el punto 19 del acuerdo de presupuestos entre PP, Ciudadanos y Vox, en el que se insta a legislar" para el establecimiento de "una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias".

Para Ustea, lo sucedido en Baena "no es más que una consecuencia directa de la normalización y blanqueamiento que desde el nuevo Gobierno andaluz se le ha proporcionado a las ideas reaccionarias, machistas, xenófobas y homófobas de su socio de extrema derecha. Son del todo intolerables este tipo de presiones, que no hacen más que menoscabar el prestigio del trabajo de los profesionales de la enseñanza".

También Comisiones Obreras ha terciado en el asunto criticando "la pasividad de la Consejería de Educación" de la Junta de Andalucía "ante la campaña del PIN parental que ha provocado la primera denuncia a un docente" por parte de los padres de un alumno. El sindicato exhorta a la Junta de Andalucía a actuar "ante este tipo de campañas ilegales que incitan a la vulneración de derechos básicos". CCOO insta, además, a la Fiscalía General del Estado a que dé "instrucciones para que este tipo de denuncias no sean admitidas a trámite". 

Vídeo de Ana Orantes y campaña en redes sociales

Nada más conocerse la noticia de la citación del tutor del IES Luis Carrillo de Sotomayor ante la Justicia, diversos profesores iniciaron una campaña en redes sociales bajo el hashtag #CítameAMíTambién, acompañado de otro que pedía #SolidaridadIESSotomayor.

Paralelamente, varios colegios y profesores se coordinaron para visionar con alumnado el vídeo de Ana Orantes que el instituto ahora demandado utilizó el pasado 25N con sus alumnos y que acabó en la denuncia de los progenitores de un alumno de segundo de la ESO. 

Tal como explican desde el sindicato Ustea, esta actividad fue seguida por diversos centros de Córdoba, pero también de otras partes del Estado, aunque no pueden precisar su número exacto.

Caza de brujas

A juicio de Ustea, "estamos viviendo un nuevo clima de caza de brujas en los centros educativos, particularmente en las comunidades autónomas donde Vox sostiene a gobiernos formados por PP y Cs", que, como en este caso, "parte de la responsabilidad de lo que está ocurriendo corresponde al propio Gobierno de la Junta de Andalucía y a su titular de Educación, al asumir propuestas absolutamente disparatadas de Vox, como la inclusión de la caza en el curriculum escolar".

En opinión del sindicato, "lo ocurrido en Baena es grave. No por las consecuencias jurídicas de la denuncia, ya que no tendrá recorrido alguno, sino porque estamos viviendo, como consecuencia del nuevo clima político y, especialmente desde la irrupción de Vox, un ambiente propio del maccartismo y la persecución, generalizable a otros territorios, pero especialmente en los que Vox sustenta al gobierno, como es el caso de Andalucía".