La tres veces dimitida Esperanza Aguirre ostenta el dudoso honor de ser la única presidenta que, tras abrir once hospitales, ha reducido el número de camas disponibles en la red pública sanitaria. “Es el único sitio del mundo donde ha pasado esto”, ha explicado este viernes Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que ha presentado un demoledor informe del Observatorio Madrileño de Salud en el que hacen balance de los diez años de la privatización hospitalaria en la Comunidad de Madrid.

Aguirre hizo de la inauguración de hospitales el pilar central de sus campañas electorales. Todo comenzó en 2007 con la puesta en marcha de siete hospitales de gestión público-privada (conocidos como modelo PFI) y tres hospitales de gestión totalmente privada (conocido como modelo Alzira), a los que hay que sumar el concierto económico con la Fundación Jiménez Díaz, propiedad del grupo Quirónsalud.

En el informe han participado casi 30 ayuntamientos de la región, los sindicatos CCOO y UGT, asociaciones de profesionales sanitarios y más de diez entidades sociales, y concluye que diez años después de la apertura de once hospitales nuevos, hay 300 camas hospitalarias menos, más de 6.000 profesionales sanitarios menos y grandes sobrecostes en los tres modelos de privatización respecto al coste de la gestión totalmente pública. A esto hay que sumar numerosas aportaciones extrapresupuestarias para estos centros de gestión privada, total falta de transparencia en la gestión y escaso o nulo control público sobre el funcionamiento de los hospitales y el cumplimiento de los contratos.

El observatorio analiza por separado los tres modelos privatizadores empleados por Aguirre y sus colaboradores ─de los que una parte importante están encarcelados por diferentes casos de corrupción y malversación de fondos públicos─.

Los 7 hospitales que se salvaron de la privatización total

Aguirre inauguró, estuvieran operativos o no, los hospitales de Majadahonda, Vallecas, Parla, Aranjuez, Coslada, Arganda del Rey y San Sebastián de los Reyes. Todos ellos bajo el modelo PFI, que consiste en que una o varias empresas construían el hospital y se quedaban con la gestión de todo, a excepción de los profesionales facultativos, de enfermería y de cuidados auxiliares. Este modelo supuso, según el informe, la puesta en marcha de hospitales con un reducido número de camas que, salvo el de Majadahonda (que en realidad era un traslado del hospital Puerta de Hierro) y el de Coslada, tienen menos de una cama por cada mil habitantes. El promedio de camas por habitante en Madrid cuando se inauguraron estos centros era de 3,5 por cada mil habitantes, hoy es de 3,3, mientras que la media de la Unión Europa es de cinco por cada min habitantes.

Al mismo tiempo, el personal sanitario que se destina a estos centros es “claramente insuficiente” y muy escaso si se compara con hospitales de gestión 100% pública del mismo tamaño. Así, ninguno de ellos llega a tener un médico por cada mil habitantes y poco más de un enfermero. Si se compara con las cifras del hospital público de Móstoles, que cuenta con 1,4 médicos y 4,5 enfermeros por habitante, las cifras son bastante ilustrativas de la calidad asistencial de estos centros que Aguirre vendió como la panacea.

El informe destaca además que las plantillas de estos hospitales se formaron con traslados de personal de la Sanidad Pública, lo que ha ocasionado una disminución global de trabajadores sanitarios de la red pública. En concreto había 6.000 profesionales menos en 2015. Al mismo tiempo, el sobrecoste de este modelo fue escandaloso. Según las estimaciones del informe, el sobrecoste final de estos siete hospitales estará ocho veces por encima del precio de su construcción. La edificación costó a las empresas concesionarias unos 700 millones de euros. A cambio, recibían una concesión a 30 años que inicialmente fue de 158,2 millones de euros (4.746 en 30 años). Pero en 2010, ya con Ignacio González como presidente, se incrementó en casi dos millones anuales más, después de que las empresas constructoras (algunas de ellas investigadas por casos de corrupción de Madrid) afirmaran que no les salían las cuentas.

Todo ello sin contar las “múltiples subvenciones ocultas” que han recibido estas empresas, que poco a poco se han desligado de los hospitales, vendiéndolos a multinacionales y a fondos de capital riesgo. Por ejemplo, la sanidad pública se hizo cargo del mantenimiento del hospital de Majadahonda, cuando ese gasto le correspondía a la concesionaria, entre otros detalles.

No contentos con este modelo, González y su consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, trataron de convertir estos siete hospitales y varios centros de salud en centros de gestión totalmente privada, lo que suponía un incremento del coste de las estancia hospitalaria a más de 2.000 euros por día, cuando en la red pública era de 678 euros al día. La movilización ciudadana y los tribunales tumbaron finalmente el proyecto privatizador.

Modelo Alzira: exportando un sistema fracasado

Hospital  de Alzira

La otra modalidad de privatización comenzó en la localidad valenciana de Alzira, donde el Gobierno de Francisco Camps puso en marcha el primer hospital totalmente privado que atendía a pacientes derivados de la sanidad pública a cambio de un canon durante varias décadas. Este modelo quebrado será revertido por el actual presidente, Ximo Puig, pero al entorno de Aguirre le pareció tan buena idea que lo importó.

En 2007 se inauguró el hospital de Valdemoro; en 2011, el de Torrejón; en 2012, el Rey Juan Carlos de Móstoles; y en 2014, el de Collado Villalba. Todos siguiendo un modelo notablemente más caro y con concesiones a 30 años. Según el informe, estos cuatro centros costaron a las arcas públicas casi 410.000 euros por cama al año, mientras que en los hospitales de gestión tradicional el coste fue de casi 355.000 euros al año, es decir, casi un 15% más caros que los hospitales de la misma categoría de la sanidad pública y gestión tradicional.

Al mismo tiempo, denuncia el informe, estas concesiones y sus sucesivas compras han generado un “verdadero oligopolio”. Tres de estas cuatro concesiones administrativas están en manos del grupo Quirónsalud, que también ostenta la concesión de la Fundación Jiménez Díaz, un hospital privado al que la sanidad pública deriva pacientes a cambio de una canon anual. En total, este grupo empresarial privado atienda a un 12,47% de la población madrileña.

Y no es sólo el sobrecoste lo que preocupa al Observatorio Madrileño de Salud, sino el “castigo económico” que han sufrido los hospitales públicos más cercanos a estos centros privados, que ven reducidas sus partidas presupuestarias. “De esta manera disminuyen los recursos públicos, se cierran camas y hay menos personal, lo que favorece la derivación hacia el centro privado”, apunta el informe, al mismo tiempo que los centros privados se especializan en atraer y tratar “aquellos enfermos que presentan patologías rentables”, mientras que los enfermos graves o que requieren tratamientos más costosos se derivan a los centros públicos.

Fundación Jiménez Díaz, más dinero en plenos recortes

Por último, el informe analiza el Hospital Fundación Jiménez Díaz, un centro privado con una larga historia que en 2008 pasa a ser el hospital asignado a 400.000 madrileños. También se le asignan dos centros de especialidades de la red pública: el de Pontones y el de Quintana.

Entre 2009 y 2013, el periodo de crisis económica y recortes del gato social, el presupuesto sanitario per cápita en Madrid cayó un 18,5%. Pero este hospital ha visto aumentada en un 40% su financiación pública anual, pasando de 211 millones de euros en 2011 a 295,5 en 2016. Sin contar “aumentos extrapresupuestarios” como el de 2011 (94 millones más) o el de 2015 (casi cien millones extra).

Una evolución del gasto público que, según el informe, muestra una clara tendencia: aumento del gasto en conciertos económicos y disminución de la inversión en centros públicos. Concretamente, afirman el observatorio, el presupuesto para la sanidad privada ha pasado de 755 millones de euros en 2012 a 962 millones en 2016, según las cifras oficiales, de las que recelan las organizaciones.

“No existe ninguna evidencia de mejora en la asistencia sanitaria en la región, tal y como se deduce de la opinión de la ciudadanía expresada en los Barómetros Sanitarios y en el aumento del número de ciudadanos en lista de espera quirúrgica, que han pasado de 27.672 en 2005 a 84.000 en 2016”, apunta una de las conclusiones del informe.

“Si no ha mejorado la calidad asistencial y ni han disminuido las listas de espera, ¿cuál ha sido el objetivo de este cambio de gestión?”, se pregunta el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Pide una auditoría de las cuentas de estos centros por parte de la Inspección Sanitaria y el Tribunal de Cuentas, dado el “entramado de corrupción política” del PP en la Comunidad de Madrid y teniendo en cuenta que muchas de las constructoras concesionarias de estos centros aparecen en los papeles de Bárcenas, la trama Púnica o la reciente operación Lezo que ha llevado al expresidente Ignacio González a la cárcel.