Los sindicatos de inquilinas llaman a una manifestación estatal por la vivienda el 5 de abril
Los movimientos sociales piden acabar con el negocio inmobiliario y reclaman contratos de alquiler indefinidos, entre otras medidas.
Madrid--Actualizado a
Los sindicatos de inquilinas de todo el país han convocado este martes una nueva manifestación por el derecho a la vivienda, "la primera a nivel estatal", precisan en el comunicado. La marcha recorrerá las principales ciudades españolas el próximo 5 de abril. Los activistas exigen, entre otras cuestiones, una bajada inmediata de los alquileres y la prohibición de los desahucios y los cortes de suministros. "No podemos esperar más. La situación es límite y las medidas anunciadas no han servido de nada", insisten.
Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Cádiz, Bilbao, València, Murcia, Zaragoza, Burgos, Salamanca, Valladolid, Ibiza, Guadalajara, Gijón y Vigo tomarán las calles en abril para "tumbar el negocio de la vivienda". Las organizaciones esperan que más capitales se sumen durante las próximas semanas. "Estamos ante un problema de primer orden. Los partidos políticos y los gobiernos no nos van a dar soluciones, está claro que sólo conseguiremos transformar el modelo si nos organizamos", defienden los sindicatos convocantes.
Los movimientos de vivienda piden apostar por los contratos de alquiler indefinidos y "recuperar para uso social" los apartamentos turísticos, los pisos de los fondos buitre y los de la Sareb. "La vivienda no debería estar mercantilizada y mucho menos a los niveles actuales, por eso exigimos la expropiación de todas las propiedades que están en manos del negocio inmobiliario", continúan las mismas fuentes.
El desmantelamiento de las empresas de desokupación es otra de sus principales reivindicaciones. "No sólo es que la vivienda sea un negocio. Las inquilinas están siendo acosadas por grupos paralimitares que tratran de expulsarlas de sus casas. Esto requiere una ilegalización automática", denuncian los colectivos detrás de la manifestación. Los sindicatos también piden acabar con la "represión" que sufren los movimientos de vivienda.
Las manifestaciones contra la turistificación arrancaron el año pasado en Málaga y Canarias, para extenderse luego a otras ciudades como Madrid, València o Barcelona. Esta vez, los activistas marcharán bajo el lema Acabemos con el negocio de la vivienda, en una protesta simultánea que aspira a "hacer historia". "El negocio de la vivienda está generando una situación de asfixia colectiva que afecta cada vez a más personas, por eso queremos apelar a todo el mundo", señalan los movimientos.
La vivienda debe ser un derecho, no un negocio
Los sindicatos aseguran que los precios "desorbitados" de los alquileres son la principal causa de empobrecimiento de la clase trabajadora y "una barrera" para acceder a una vivienda digna, sostenible y asequible. "La impunidad con la que opera la patronal inmobiliaria y la imposibilidad de construir proyectos de vida por la falta de acceso estable a una vivienda han encendido la indignación social", denuncian los convocantes.
El problema se agrava en las ciudades costeras, donde los alquileres de temporada y el modelo turístico expulsan a los vecinos de sus barrios y precarizan a los trabajadores del sector. Los sindicatos recuerdan que existe "un consenso" para que la vivienda deje de ser un negocio y se convierta en un derecho, por eso se reivindican como "la única solución" para luchar contra unos gobiernos que "protegen los intereses de la patronal inmobiliaria y turística".
"La manifestación también tiene que servir para reforzar el papel de los sindicatos, animar a la gente a organizarse, porque los cambios sustanciales están en nuestras manos", sostienen. Los movimientos de vivienda trabajan además con la idea de caminar hacia una huelga de alquileres, como la que existe contra el fondo buitre Azora, uno de los mayores caseros de España. "Esto será clave en nuestra estrategia de lucha", sentencian los sindicatos.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reconocido que existe un "claro consenso social" para regular el mercado y bajar las rentas, pero se resiste a tomar medidas drásticas en este sentido. Las 12 medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar la crisis habitacional no terminan de convencer a los colectivos sociales, tal y como ha denunciado el Sindicato de Inquilinas en esta entrevista con Público: "Las propuestas son electoralistas y no van a sofocar el problema".
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