El Sindicato de Inquilinas de Madrid: "El PSOE gobierna y legisla para el rentismo"
Sandra e Ignacio, portavoces de la organización, analizan con Público el impacto de la especulación en la crisis de la vivienda que enfrenta España.
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Madrid--Actualizado a
El Sindicato de Inquilinas de Madrid lleva funcionando desde 2017, pero "nunca había tenido tantos afiliados". Sandra Mora empezó a militar hace un año y medio; necesitaba "herramientas" para lidiar con las artimañas de su casero. "No me sentía segura. Me asustaba tener que negociar con alguien que se movía tan bien en los márgenes de la legalidad", recuerda. Ignacio Redrado lleva más tiempo en el colectivo, decidió involucrarse cuando vio que la ciudad era prácticamente inhabitable. "Si no tenemos el control de las viviendas que habitamos, ¿cómo vamos a construir un proyecto de vida?", se pregunta. Los dos son ahora portavoces de uno de los movimientos que más ha calado entre la juventud; un movimiento dinámico, colectivo y de barrio. Sandra e Ignacio hablan con Público minutos antes de reunirse con sus compañeras del Sindicato y valoran las políticas de vivienda de Almeida, Ayuso y Pedro Sánchez, todo ello desde la azotea de nuestra redacción: "Mira, podemos ver la especulación desde arriba"
¿Cómo ha crecido el Sindicato en el último año?
Ignacio: El sindicato ha crecido este año un 40%, somos tantos que no le puedes poner cara a todo el mundo. Esto es completamente nuevo, porque antes nos conocíamos todas. El número de afiliadas se ha disparado y la gente está cada vez más implicada; creo que la manifestación del 13 de octubre ha sido un punto de inflexión, y creo también que lo hemos aprovechado bastante bien para extendernos por toda la Comunidad de Madrid, porque al principio estábamos más centrados en la capital. El crecimiento no hubiera sido posible sin el trabajo de la militancia.
Sandra: Yo empecé a participar de manera más activa hace un año y medio, formo parte de esa ampliación. Decidí dar el paso porque me preocupaba –y mucho– el tema del alquiler, cada vez que me cambiaba de piso o de habitación, tenía que pagar más. La gota que colmó el vaso fue un problema con mi casero, me quería colar un alquiler ilegal de temporada. La organización es fundamental para no sentirnos solas y las redes sociales nos han ayudado mucho en este sentido, conseguimos llegar a mucha gente que no está afiliada, pero nos conoce, las vecinas saben que estamos ahí.
La ciudadanía tiende a relacionar el movimiento de la vivienda con la gente joven. ¿Qué grupos son realmente los más afectados?
Sandra: El problema de la vivienda se ceba ahora mismo con las personas migrantes, las mujeres y los jóvenes. Esto no quita que sea un problema transversal y que involucre a gente de todas las edades. La frontera cada vez se amplía más hacia arriba, tenemos casos de familias que llevaban décadas viviendo de alquiler y que ahora se ven afectadas, inquilinas de rentas antiguas o vecinas que firmaron un alquiler social durante la crisis y que ahora pueden ser expulsadas. Nuestros padres han sido generalmente propietarios, y por eso puede parecer que no les afecta tanto, pero la ola va a afectar a todo el mundo.
¿Qué se encuentra la gente cuando llega a una asamblea?
Sandra: El Sindicato es una estructura de información y acompañamiento jurídico. La gente llega preguntando por las cláusulas de los contratos, preocupada por sus derechos, muchas veces, desesperada. Tenemos compañeros que nos contactaron porque su casero les había dado 15 días para dejar el piso y no sabían que hacer; otros, que no entendían por qué tenían que pagar los arreglos de la vivienda. Las averías, cuando tienen que ver con cuestiones de habitabilidad, debe financiarlas el propietario. Las asambleas siguen un modelo autogestionado, no buscamos una relación clientelar ni de servicio, todo lo contrario, somos personas intentando ayudarnos unas a las otras, como colectivo.
Ignacio: El equipo legal está ahí, para que nadie se sienta solo en su relación con el casero. Los militantes tenemos un soporte jurídico que nos da tranquilidad cuando enfrentamos un conflicto inmobiliario. La gente llega con una impotencia tremenda, con miedo, porque es normal tener miedo cuando sientes que puedes perder tu casa, pero existen vías de negociación e incluso mecanismos legales para evitarlo. Ese es un poco nuestro trabajo.
La implantación territorial está siendo rápida, ¿cómo es la situación fuera de Madrid o Barcelona?
Sandra: Sevilla, Cádiz, Asturias o Guadalajara han sido las últimas ciudades y regiones en sumarse. El problema de la vivienda no sólo afecta a Madrid, Barcelona y la costa mediterránea. Lo que pasa es que en algunas zonas no es increíblemente visible; pero cuidado, porque existe. En Galicia, conozco gente que antes pagaba 400 euros de alquiler y ahora se deja casi el doble. La movilización sindical es un acto de resistencia; nos parece importante a nivel estratégico estar en todos los territorios, porque las ciudades tienen que empezar a luchar antes de que los precios sean una locura.
La manifestación de este fin de semana ha puesto el foco en las políticas de Almeida y Ayuso. ¿Madrid es una ciudad habitable?
Ignacio: Madrid es la capital de España y no sólo recibe a mucha población, sino que tiene un grave problema de turistificación que motiva la subida de los precios. Las cifras de este año son terribles: tuvimos subidas medias del 30% en todos los barrios, pasamos de alquileres de 700 euros a rentas de 1.100 en zonas que se supone que eran malas...
Sandra: Madrid es un caramelito urbanístico. Las políticas públicas son tremendamente agresivas a favor de la especulación, por eso hace falta organizarse, más incluso que en cualquier otro sitio. El Plan Vive y el Plan Reside son una auténtica estafa, hablamos de vivienda pública y los precios son a veces más elevados. La Comunidad de Madrid no quiere hacerle competencia al mercado libre, no le gusta... Y con Almeida ocurre exactamente lo mismo, ha incluido una cláusula en su programa para permitir bloques enteros de pisos turísticos en el centro de la ciudad, para convertirla en un paraíso especulativo. En Madrid, sería impensable una Casa Orsola.
¿Almeida no estaría dispuesto a comprar un edificio para alquileres sociales?
Sandra: ¿Te imaginas? El Ayuntamiento de Madrid comprando una propiedad con una cooperativa... Lo veo poco probable [bromea]. Barcelona ha tenido una movilización ciudadana que aquí no habíamos visto nunca. El movimiento de la vivienda allí ha sido históricamente más fuerte, aquí nos falta un poco más de tiempo, pero la gente está cada vez más concienciada.
Ignacio: La idea de que las administraciones públicas compren vivienda y regalen dinero a los fondos buitre tampoco nos parece fabulosa [ironiza]. Es un poco como tener que disculparnos –con nuestro dinero– porque no van a poder especular con un bloque concreto. Esto tenemos que verlo a largo plazo, servirá para ir sacando vivienda del mercado, sí, pero esa vivienda no puede perder nunca su titularidad pública. Si no, no es más que un parche...
¿Y qué propone el Sindicato?
Sandra: La solución pasa por intervenir el mercado. Nuestras propuestas son claras: bajar los alquileres, blindar los contratos indefinidos para evitar que se pueda especular con el mismo piso cada cinco años, y recuperar toda la vivienda que sigue secuestrada –alquileres de temporada, pisos turísticos y propiedades de la Sareb–. Es importante también apostar por un régimen sancionador para los propietarios que cometan fraude de ley.
¿Cómo valoran las 12 medidas que anunció hace un mes el Gobierno?
Ignacio: La ministra de Vivienda empezó pidiendo solidaridad a los caseros para bajar los alquileres y parece que no le hicieron mucho caso. Lo que quiere ahora es premiarlos [a los propietarios] con dinero público para ver si así dejan de subir los precios. Las medidas son profundamente electoralistas y no van a sofocar el problema de la vivienda.
Dicen que las propuestas son electoralistas, ¿cuál es el público al que buscan seducir?
Sandra: Esa es la cuestión. No sabemos muy bien a quién interpelan, quieren mirar de la misma manera a propietarios e inquilinos, dándoles seguridad jurídica y bonificaciones a los primeros, y buscando que nos quedemos contentos los segundos. El problema es que creo que no convencen a nadie. El PSOE gobierna y legisla para el rentismo, intenta hacernos creer que saca cosas que nos benefician, pero realmente sólo favorecen a aquellos rentistas que tienen muchos pisos. El problema es que se piensan que el inquilinato no tiene poder, que pueden ningunearnos, pero están equivocados…
La izquierda alternativa ha participado en las movilizaciones ¿cómo valoran su implicación desde el colectivo?
Sandra: Los partidos intentan ser uno más en el movimiento, somos conscientes de que nuestras consignas y nuestra lucha pueden ser capitalizadas por cualquier partido, esto va a pasar siempre. Las victorias, sin embargo, no son de ningún partido, sino de los barrios y las vecinas que salen a luchar. Es un asunto complejo, pero me parece complicado tratar de deslegitimar la mercantilización de la vivienda desde dentro del sistema.
Ignacio: La respuesta es sencilla: llevamos seis años con el Gobierno más progresista de la historia y los alquileres no han parado de subir. Estos partidos podían haber blindado la vivienda pública y no lo hicieron, pero tampoco nos lo queremos tomar demasiado en serio, algunos han salido a manifestarse contra sus propias políticas...
¿El Sindicato ha tenido que lidiar con las empresas de desokupación?
Sandra: Sí, nosotros hemos tenido que llamar a la Policía porque nos venían a acosar a la puerta de casa, sin ser nadie, sin ninguna orden que lo permitiese, sólo para intimidar. La okupación es una paranoia, sólo afecta al 0,057% de los pisos habitables. La inseguridad, de hecho, no existe para los propietarios, nadie va a entrar en tu casa mientras bajas a comprar el pan y, si lo hace, todos sabemos que será juzgado por allanamiento de morada. Lo que pasa es que estas empresas venden otro relato; hablamos de grupos parapoliciales que utilizan la violencia para cometer delitos, por eso exigimos su ilegalización.
Es de sobra conocida la criminalización de los movimientos sociales, ¿llegarán los policías infiltrados también a vuestras asambleas? ¿Existe ese miedo?
Ignacio: En el momento en el que molestas, corres ese riesgo. El Sindicato está intentando acabar con un negocio que mueve cantidades ingentes de dinero, sabemos que puede pasar...
La huelga de alquileres, ¿para cuándo?
Sandra: La huelga se está gestando, pero tiene que ser algo colectivo, necesitamos una base amplia y que nos respalde. Esto se hizo en otros sitios y no consiste necesariamente en dejar de pagar el 100% del alquiler, que la gente escucha esto y se vuelve loca. Lo lógico sería tener en cuenta las circunstancias de cada inquilina; pagar lo que consideremos justo: podemos guiarnos por el índice de precios del Gobierno, podemos optar por un porcentaje razonable de nuestro sueldo... La clave está en que los precios empiecen a bajar. Si el Gobierno no quiere intervenir el mercado, lo intervendremos nosotras de manera colectiva.
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