Nueve meses después de que la subcomisión creada ad hoc para proponer medidas para un pacto de Estado contra las violenecias machistas acabara sus trabajos, y pasados siete meses desde que Congreso de los diputados aprobara este pacto en pleno, este martes se ha constituido formalmente la comisión parlamentaria que debe hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y de los los fondos destinados para acabar con esta violencia.

Sin embargo, la comisión nace sin medidas ni fondos que fiscalizar y se tendrá que poner manos a la obra, en primer lugar, para reclamar al Gobierno que ponga en marcha de una vez las 214 medidas acordadas por todos los grupos parlamentarios y, sobre todo, que ponga sobre la mesa el dinero comprometido, que no ha sido incluido en el borrador de presupuestos del Estado que presentó el gobierno para este año.

Para el Carmen Cuello, del partido Socialista y portavoz de esta nueva comisión, la ceración de este órgano es una buena noticia que ha sido largamente solicitada. 
"Han pasado casi 9 meses desde que se aprobó el pacto de Estado y casi ninguna medida se ha puesto en marcha. Por eso las prisas que metíamos a la mesa del Congreso para que se pusiera en marcha la constitución de esta comisión".

"Esperamos que esta sea la comisión del cumplimiento de todas las medidas del pacto de Estado, porque no vamos a permitir que se dedique a al incumplimiento de las medidas como está buscando el Gobierno de España del PP. Un incumplimiento que ya se ha puesto de manifiesto con el hecho de no dedicar para los 200 millones del pacto para este año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de los que sólo han presupuestado 80. Esta comisión va a servir para que hagamos un seguimiento, un control exhaustivo de todas las medidas que tienen que cumplir todos los ministerios", afirma Cuello.

"Es una comisión más viva que ninguna otra y que tiene un plus de responsabilidad por la materia que nos ocupa", ha dicho la nueva presidenta de esta nueva comisión, la socialista Pilar Cancela, que es también la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso. Cancela apeló a todos sus miembros a hacer bien su trabajo en esta "legislatura de la igualdad" que puede cambiar "de manera cualitativa la situación de desigualdad de las mujeres". El partido Socialista había mantenido durante varias semanas la incógnita sobre quién presidiría esta comisión, al negarse a que lo hiciera Ángeles Álvarez, portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso y una de las almas del pacto de Estado.

Para Unidos Podemos entender qué ha pasado con la financiación de las medidas es un tema clave. "La ministra [Dolors Montserrat] y el Gobierno se comprometieron a que tenía que haber 200 millones de euros en cada ejercicio económico. Esta cantidad fue negociada durante meses y meses en el pacto de Estado. Recordarán como estuvimos encerradas muchos meses porque no teníamos un compromiso sobre estos 200 millones porque nos parecían insuficientes, y ahora no están en los presupuesto", afirma Sofía Castañon, Secretaria de Feminismos Interseccional y LGTBI en Unidos Podemos.

En la presentación del los PGE el pasado marzo, el Gobierno afirmó que incluía en en ellos 80 millones de euros para financiar el pacto contra la violencia machista, lo que, afirman, corresponde a la financiación de la administración central. El acuerdo del pacto incluía un presupuesto anual de 80 millones para las administraciones centrales (ministerios), otros 100 millones anuales para las Comunidades Autónomas y otros 20 que irían a financiar la políticas y actuaciones en de los ayuntamientos y entes locales en materia de violencia de género. Según el documento acordado, estos fondos eran finalistas, es decir, partidas con una finalidad concreta a combatir este tipo de violencias, y además debían ser incluidas en los Presupuestos Generales del Estado a razón de 200 millones por año en un plazo de cinco años. En total, se comprometían 1.000 millones en el un lustro.

Segú denuncia Ángela Rodríguez, diputada de Unidos Podemos-En comú Podem-En Marea, "ha hecho [el Gobierno] una cosa que es un poco tramposa porque en la redacción de los PGE para 2018, donde indican lo que se va a financiar, afirman que hay 80 millones. Pero cuando te tomas el trabajo de revisar partida por partida de los ministerios, resulta que no figuran. Les invito a que comprueben si están los 43 millones que dicen que van a destinar al ministerio de Interior, porque no es así. Estamos realmente preocupadas por lo que esto supone. Sobre todo porque creemos que un acuerdo parlamentario de esta envergadura, el cuarto pacto de Estado que existe en nuestra democracia, debería estar tratado con un poco más de seriedad", afirma Rodríguez. "Por esto y otras cuestiones, la semana pasada registramos una reprobación de la ministra Montserrat", añade.

Unidos Podemos ha desvelado que una de las primeras medidas que van a llevar a cabo en la nueva comisión es la petición de comparecencia urgente de la directora del Instituto de la mujer y de la propia ministra de Igualdad.

Para esta formación, el incumplimiento del pacto de estado contra la violencia machista se debe a una cuestión ideológica. Desde Unidos Podemos critican que el Gobierno no ha cumplido puntos del pacto que ni siguiera requieren financiación económica para ponerlas en marcha. Entre ellas, la recolección de datos de víctimas de violencia machista. Según Castañón, desde que se aprobó el pacto de Estado han sido asesinadas 42 mujeres por violencia machista y desmiente, como falsas, las cifras que da el Gobierno sobre las victimas por este tipo de violencias que maneja el ejecutivo. "El Gobierno sigue diciendo que en lo que va de año han muerto nueve mujeres por este tipo de violencias, contabilizando sólo las que se producen en el ámbito de la pareja y expareja de la víctima. Sin embargo el pacto acordó ampliar esa recolección de datos a otro tipo de violencia contra las mujeres, que no se está haciendo".

"Una de las cosas que vamos a pedir es la comparecencia del ministro de Hacienda en esta nueva comisión, para que explique las partidas que el Gobierno se había comprometido", afirma Rodríguez. "Esto no es sólo una cosa de las mujeres, sino que la transversalidad significa esto: que el ministro Montoro pueda responder y con la misma efectividad que lo pueda hacer la delegada del Gobierno para la violencia de género. Esto es una cuestión de estado y a esto nos referíamos con un pacto de estado".