Hace casi un año que el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría (con la única abstención de Unidos Podemos) el pacto de Estado contra la violencia de género. Sucedió el 28 de septiembre de 2017. Pero a pesar de que se trataba de una prioridad para el ejecutivo, para todos los partidos políticos y, sobre todo, para la sociedad civil que llevaba años reclamando que la violencia de género fuera una "cuestión de Estado", los fondos para ponerlo en marcha no se han aprobado ni repartido hasta este pasado miércoles, en que el Gobierno los acordó definitivamente con las Comunidades Autónomas y este jueves con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

En total son 120 millones (100 millones para las comunidades y otros 20 para los ayuntamientos y entes locales), tal como se pactó en el gran acuerdo alcanzado en el Congreso, que sumados a los 80 millones destinados a la administración central (ministerios), conforman los 200 millones anuales que, según el acuerdo se deben destinar anualmente durante los próximos cinco años para luchar contra este drama, hasta alcanzar los 1.000 millones pactados.

A pesar del constante goteo de mujeres asesinadas que ha ido incrementando las estadísticas oficiales, el anterior Gobierno presidido por Marino Rajoy no tuvo la voluntad política de desbloquear estos fondos. El Congreso aprobó en noviembre del año pasado una proposición no de ley del PSOE en la que instaba al Ejecutivo a habilitar un crédito extraordinario para poner en marcha el acuerdo, independientemente de que se aprobaran a tiempo los Presupuestos Generales del Estado y que permitiera comenzar a aplicar las más de 200 medidas de forma urgente. Sin embargo, esto nunca ocurrió.

Desde 2003, fecha en la que se comenzaron a registrar oficialmente estos asesinatos, han muerto 949 mujeres a manos de sus parejas o exparejas y 202 niños han quedado huérfanos, según afirmó la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Igualdad este pasado miércoles.

Ahora, cuando faltan sólo cinco meses para terminar el ejercicio, los fondos finalmente han sido aprobados entre el Gobierno y las comunidades autónomas y se habilitarán para su gasto,lo que supone que dispondrán de unos cuatro meses para adjudicar y gastar los fondos entes de que acabe el año. Serán 100 millones de euros que deberán ser invertidos en un amplio abanico de actuaciones para la prevención, la protección y la lucha para que estos asesinatos dejen de producirse. 

El reparto, que según declaró Calvo, se ha hecho con la aprobación unánime de todas las comunidades autónomas, independientemente del color político de sus representantes, atiende a criterios como el de insularidad, el ser ciudad fronteriza, la distribución de mujeres dentro de los territorios, la cantidad de mujeres mayores de 65 años o discapacitadas, el porcentaje de mujeres con trabajo temporal o paradas y la cantidad de mujeres que forman la población rural de cada comunidad autónoma.

Según todos estos criterios, la comunidad que más fondos recibe es Andalucía, que se queda con algo más de 15 de los 100 millones. Le sigue Catalunya con casi 13 millones, Madrid con 12,2 millones y Valencia que recibirá cerca de 9 millones de euros. Estas cuatro Comunidades se llevan casi la mitad de los fondos (47%). 

Debido al tiempo perdido, el Gobierno se ha comprometido a flexibilizar los plazos de gasto, con el fin de asegurar que todos los fondos se gasten y que sean finalistas, es decir, que sólo se inviertan en medidas que atajen o prevengan la violencia de género.

Más fondos para los ayuntamientos en 2019

Los fondos destinados a los ayuntamientos y entes locales, también ha sido negociados este jueves por la ministra de Igualdad con Abel Caballero, presidente de la FEMP. Lo han hecho con el compromiso que el año que viene, los fondos para estos entes públicos se duplicarán, pasando de los 20 millones de este año (tal como se acordó en el pacto de Estado) a 40 millones en 2019. Diversas organizaciones feministas habían advertido de que los 20 millones de euros acordados para los ayuntamientos en el pacto de Estado eran francamente escasos, dada la gran carga que estos entes públicos tendrán que asumir en  prevención y atención a las víctimas. En España existen algo más de 8.000 municipios, que tocarían a menos de 2.500 euros anuales haciendo una repartición directa.

El objetivo del incremento de estos fondos, según ha explicado la vicepresidenta, es “fortalecer a los ayuntamientos, que en muchos casos son la primera línea de respuesta a la que acuden las mujeres que sufren violencia, haciendo especial hincapié en las políticas preventivas”.

El reparto de estos fondos a los entes locales este año tendrá en cuenta dos variables. Por un lado se destinará un 30% de los los 20 millones a los 375 municipios que ya cuentan con el convenio VIOGEN (un sistema de seguimiento integral  de las víctimas de violencia de género) y el 70% restante se repartirá teniendo en cuenta la densidad de la población y por tamaño del municipio.  

Este viernes 3 de agosto, el Consejo de Ministros aprobará dos medidas clave por Decreto Ley. Por un lado, la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, para devolver a los ayuntamientos la competencias en prevención de violencia de género, arrebatadas en 2013 por una modificación introducida por el Gobierno del Partido Popular. Por otro lado el Consejo de Ministros también aprobará la modificación del Código Civil, para permitir que los hijos de padres condenados por malos tratos puedan recibir tratamiento psicológico sin sin necesitar el consentimiento de éste.