Se acaba de cumplir un año desde la aprobación del pacto de Estado contra la violencia machista, aprobado por mayoría en el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre del año pasado, con la abstención de Unidos Podemos. Un acuerdo considerado de mínimos por las organizaciones feministas, pero valorado como clave por el consenso que generó, la amplitud del debate y por el hecho de que todas las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo para remar en la misma dirección.

Un año más tarde el balance es pobre. Las voces que pedían un acuerdo rápido (la subcomisión que debería elaborar el documento se dio seis meses para realizar la tarea), siguen hoy exigiendo celeridad en la aplicación de las más de 200 medidas acordadas, pocas de las cuales se han puesto en marcha y cuya evaluación aún es difícil.

La comisión de seguimiento del pacto, creada por el Congreso para fiscalizar su aplicación, se ha reunido sólo una vez y no hay aún mecanismos que permitan evaluar el ritmo de los avances. La sensación generalizada entre las organizaciones es de "parón".

“Es imprescindible, si la lucha contra la violencia de género va a ser realmente una prioridad, que la Comisión de seguimiento se reúna con más asiduidad para conseguir que estas medidas, no solo se pongan en práctica, sino que se implementen de la forma más adecuada para conseguir avanzar hacia la igualdad de género y la protección de las mujeres y las niñas”, reclamaba este jueves Amnistía Internacional.

La reciente ola de crímenes machistas, que dejó un saldo de cinco asesinadas en tan sólo dos días (entre ellas dos niñas y dos mujeres asesinadas en menos de nueve horas el pasado martes) ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de formación de jueces y otros operadores judiciales y de poner medidas y revisar protocolos de actuación, principalmente en la justicia.

Para Rosa San Segundo, directora Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III, esta es una de las principales acciones que deben acometerse. Recientemente el Observatorio de Género del Consejo General del Poder Judicial, anunció que pondría a disposición de jueces y juezas que no trabajan en juzgados especializados, la posibilidad de formarse en violencia de género. Sin embargo, no estableció que esta formación sea obligatoria.

Para San Segundo "la situación actual es muy dura y ha pone de manifiesto la necesidad urgente de formación de todos los operadores judiciales, no sólo jueces y juezas, sino también fiscales y los equipos psicosociales. Sin esta especialización no se podrá conseguir una protección efectiva de las mujeres y los hijos e hijas que enfrentan este tipo de violencias".

Pero que nadie se llame a engaño, advierten algunas organizaciones, cumplir con las medidas del pacto no va garantiza que situaciones como las vividas esta semana vayan a dejar de producirse en el corto plazo. 

"Probablemente ninguna de las medidas del pacto de Estado suponen una  solución automática de hoy para mañana y su eficacia va a tardar años en dar sus frutos. De ahí que la puesta en marcha de las medidas, de todas ellas, sea más urgente aún", comenta Marisa Soleto, presidenta de Fundación Mujeres.

Es difícil contabilizar cuántas de las medidas se han puesto en marcha realmente. Antes de la moción de censura, la anterior ministra de Igualdad, Dolors Montserrat, aseguró en una comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso que ya se estaba ejecutando un 75% de los acuerdos, lo que fue recibido con incredulidad e indignación tanto por el resto de fuerzas parlamentarias, como por las organizaciones sociales. 

El Gobierno de Rajoy obligó, también, a las organizaciones feministas a salir a la calle el pasado mes de mayo para volver a exigir los 200 millones que el Gobierno debía destinar este año a la aplicación del pacto. Los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Partido Popular sólo contemplaban los 80 millones que debían destinarse a la administración central (ministerios), pero no los 120 que tenían que transferirse a comunidades autónomas (100) y ayuntamientos (20). 

Tras la moción de censura, el nuevo Gobierno del PSOE imprimió cierto ímpetu al pacto, con algunas medidas urgentes aprobadas por real decreto en Consejo de Ministros. "El decreto se planteó la puesta marcha de siete de las 214 medidas", afirma Francisca Guisado, presidenta del Fórum de Políticas Feministas. "Esto supuso liberar 128 millones para las comunidades y ayuntamientos, de quienes depende casi toda la prevención y la red de atención social, y devolver la competencia en igualdad y violencia de género a los 8.000 ayuntamientos, esenciales para la atención jurídica, social y psicológica de proximidad", añade. Entre las medidas incluidas en real decreto figuran, además, que no sea necesaria una denuncia previa para que las víctimas de violencia machista puedan recibir ayudas y asistencia y que los menores víctimas no precisen el permiso paterno a la hora de solicitar ayuda psicológica.

Las críticas al procedimiento del Gobierno para acordar estas medidas y las tensiones políticas, obligaron al actual Ejecutivo a llevar estas medidas al Congreso, lo que puede modificar alguna de ellas y retrasar su aplicación.

Para Guisado "la finalidad genérica de ‘proyectos contra la violencia de género’ con que se está transfiriendo el dinero a comunidades y ayuntamientos no está poniendo en marcha las medidas 1 a 22 y 170 del pacto, para la prevención en los centros educativos (de gestión autonómica) imprescindibles para que los casi diez millones de estudiantes no reproduzcan la violencia sexual y de pareja".

Violencia sexual la gran olvidada

Los retos que le quedan al pacto de estado son muchos. El Convenio de Estambul, ratificado por nuestro país en 2014, obliga a España a incorporar otras formas de violencia de género en la legislación, más allá de la que ejercen las parejas o exparejas de las víctimas y a llevar una contabilidad oficial de los casos. Esto permitirá comenzar a conocer el alcance real de los otros tipos de violencias y poder formular medidas eficaces de prevención. A pesar de que el pasado mes de enero el Observatorio de Género del Poder Judicial anunciara que comenzaría a registrar como víctimas de violencia machista a todas las mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres y no sólo los casos que se producen en el ámbito de la pareja, esta medida aún no se ha puesto en marcha, ni se conoce cómo se llevarán a cabo las estadísticas. 

Verónica Barroso, portavoz sobre Política Interior en Amnistía Internacional España, ha lamentado también "que el pacto no incluyera medidas contra la violencia sexual en el ámbito de la prevención y sensibilización en áreas claves como el deporte, la sanidad o el ámbito laboral. Por otro lado, de las 69 medidas dedicadas a la asistencia de víctimas de violencia de género, únicamente una de ellas está enfocada a la violencia sexual (la dirigida a mujeres con diversidad funcional) y ninguna a la asistencia y protección de menores víctimas de ese tipo de violencia".