Agresores, abusadores y demás 'manadas', además de enfrentarse a en los tribunales a penas de cárcel, pueden terminar multados con hasta 20 millones de euros. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado un protocolo de actuación contra vídeos e imágenes virales sobre la víctima, que agravan aún más si cabe el daño, de modo que sea lo más fácil posible para ésta pedir amparo a la Agencia con el fin de retirar ese material "cuanto antes" y sancionar a los responsables de su difusión. Su directora afirma que este plan tiene "prioridad absoluta".

La directora de la AEPD, Mar España, tendrá "tolerancia cero" en el "deleznable" asunto de los abusos sexuales grabados y difundidos —como sucedió en el caso de 'La Manada' en Pamplona— y ya trabaja en un borrador de protocolo de actuación en estos asuntos que trata de consensuar con Ministerios, la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial.

"Los temas de violencia de género me preocupan especialmente", comentó Mar España en un encuentro con periodistas para hacer balance del año 2018. "Antes del verano constituimos un grupo con Interior, Justicia, Educación , la Fiscalía y la Delegación de Violencia de Género, así como el Consejo General del Poder Judicial", indicó, para la elaboración del mencionado protocolo de actuación que, por un lado, informe de sus derechos a las víctimas y, por otro, se inicie un procedimiento para retirar rápidamente los contenidos y sancionar al responsable de su difusión.

Así, cuando una víctima de violencia de género, aparte de sufrir una violación, un abuso o una suplantación de la personalidad, vea que esos abusos se han grabado —lógicamente sin su consentimiento— y se difunden, reciba una información clara y fácil de cómo reclamar amparo a la Agencia. "en el momento en que la víctima va a poner una denuncia ante la Policía o la Guardia Civil, sepa que puede acudir en tutela de derechos a la Agencia, en un procedimiento que es compatible con la instrucción penal, por supuesto". Y gratuito.

La directora lamentó que "hasta que a la víctima se le asigna un abogado de oficio o el juez dicta medidas cautelares, el vídeo ya se ha hecho viral". "Nosotros vamos a dar absoluta prioridad a estos asuntos y podemos conseguir, como nos ha pasado en alguna ocasión, que ese vídeo se retire en 24 horas", añadió. "También depende de la receptividad de Google, por ejemplo", quiso aclarar, dado que el plazo legal que se establece para la retirada de un contenidos es de hasta seis meses.

Una joven protesta durante una concentración contra la puesta en libertad provisional de los cinco condenados de La Manada. EFE/Kai Försterling/Archivo

A modo de mensaje, Mar España recordó que "en algunos casos desgraciadamente famosos, del año pasado, algunos 'medios de comunicación' tuvieron la desvergüenza de difundir los vídeos [de 'La Manada']". "En esos casos siempre hemos dicho que vamos a tener tolerancia cero", advirtió.

Por otro lado, la directora destacó que el conocimiento de las consecuencias que pueden conllevar estos actos podría ayudar a prevenirlos: "Que un agresor sepa que además de la posible sanción penal le puede caer una multa de hasta 20 millones de euros, igual así conseguimos que la gente se lo piense antes de hacer lo que no debe".

Aunque no ha ofrecido demasiados detalles, la directora reconoce que es un asunto complejo, y su intención es que sea una realidad a lo largo de 2019, preferente antes del final de su mandato que tendrá lugar el 27 de julio de este mismo año. La idea, además, es que también se pueda aplicar en el caso de abusos contra menores.

Balance: más trabajo por el RGPD

En la presentación, la directora de la AEPD hizo un balance general de las actuaciones de la Agencia en un año especialmente complicado, por el inicio de la aplicación directa del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, con su controvertida y ambigua disposición que habilita a los partidos en rastreo de datos ideológicos de los usuarios de redes sociales e internet para propaganda electoral.

En este sentido, la directora (que insiste en que esa parte de la norma no está avalada por la AEPD) anunció que para febrero está previsto la publicación de una circular o una instrucción —con eficacia ante terceros, y con ayuda del INE, la JEC y el Tribunal de Cuentas— que fijará la interpretación de la Agencia sobre la aplicación de este precepto, basada casi por completo en un informe publicado en diciembre.

"La Agencia no va a permitir el perfilado ideológico de los ciudadanos", insistió una vez más Mar España, "y apelo a la responsabilidad de partidos políticos y a las empresas que contratan" de cara a los próximos comicios de mayo. 

En cuanto a la labor de inspección, el año pasado se contabilizaron un 33% más de reclamaciones en total respecto del anterior, es decir, pasaron de 10.651 a 14.146.

Notablemente , a partir de la aplicación del RGPD, entre el 25 de mayo y el 31 de diciembre de 2018, las reclamaciones planteadas aumentaron un 48,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, el trabajo de la Agencia se ha disparado con la llegada del Reglamento.

No obstante, la posibilidad de que el reclamante pueda dirigirse directamente al delegado de protección de datos (DPD) de cada empresa y organismo —que no existía con la normativa anterior— ha facilitado la resolución de muchas reclamaciones de forma más ágil: dos de cada tres reclamaciones que se realizan directamente ante el responsable o DPD se resuelven de forma satisfactoria.
Eso sí, esta herramienta no implica que no se vayan a realizar actuaciones de inspección. En 2018, de las 863 expedientes abiertos por esta vía, un 13% (110) se están auditando.

Fachada de la Agencia de Protección de Datos en Madrid. ARCHIVO

Asimismo, hubo 1.784 reclamaciones sobre ejercicio de derechos, de las cuales 191 fueron sobre el derecho al olvido digital. Google y sus servicios acaparan la inmensa mayoría ("algo lógico", comenta Mar España, "teniendo en cuenta que tiene 30 millones de usuarios en España"), 125, de las cuales 74 se estimaron de forma parcial o total, 75 se desestimaron y 42 fueron inadmitidas. Hubo 18 reclamaciones por derecho al olvido a medios de comunicación, 14 a otros buscadores, y 13 a a administraciones públicas y boletines.

El volumen de sanciones de la AEPD en 2018 fue de un total de 12.824.454 euros, de los que 3.770.803 euros corresponden a morosidad y contratación fraudulenta. Estos dos ámbitos son, de lejos, los más destacados en cuanto a número de procedimientos sancionadores, y ambos acumulan el 67% del volumen total de sanciones en 2018.