La muerte de un niño de tan sólo 11 años a manos de su padre este fin de semana en A Coruña ha recrudecido las críticas hacia es Estado por su responsabilidad y su falta de acción a la hora de proteger a los menores frente progenitores maltratadores.

Todas las organizaciones consultadas por este diario apuntan al mismo objetivo: el Estado no ha hecho nada para proteger a los menores que viven en casas en las que existe un padre violento o maltratador, a pesar de que nuestro país fue condenada en 2014 por un comité de Naciones Unidas por dejación de sus funciones en un caso similar.

Ya entonces la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, condenó a España por su responsabilidad en el asesinato de Andrea, la hija de Ángela González Carreño, a manos de su padre maltratador, y pidió a nuestro país que tomara medidas concretas para proteger a los menores.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido no darse por enterado de esta condena y se ha limitado a manifestar que las decisiones de los comités de NNUU no son vinculantes. "Que ocurra esto de nuevo, nos da la visión de lo que está haciendo el Estado. Nada. Llevarse las manos a la cabeza diciendo que no puede volver a ocurrir", afirma Patricia Orejudo, abogada de Women's Link , organización que llevó el caso de Ángela González ante la CEDAW. Es más, según esta abogada, las medidas que aplica nuestro país a partir de esta condena parecen ir en sentido contrario. La Ley 7/2015 de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, "en contra de las recomendaciones de la CEDAW, no establece que los antecedentes de violencia sean claves a la hora de determinar los derechos de visita. La ley debería haber recogido de forma rotunda el hecho de que la violencia de género tendría que ser un factor absolutamente negativo a la hora de establecer visitas con los hijos", afirma Orejudo.

En esta misma línea se manifiesta Bárbara Tardón, representante de la Plataforma CEDAW Sombra en España, que afirma que el Estado tiene el deber y la obligación, que no es negociable en ningún caso, de proteger por encima de todo a las niñas y los niños. "Sin embargo, nuestro país incumple de manera sistemática todas sus responsabilidades en la protección de los hijos y las hijas de las mujeres que sufren violencia machista. Las incumple hasta el punto de que somete a los menores a visitas de padres maltratadores que, además, han sido reconocidos como agresores. España está haciendo dejación de sus funciones". 

Todas las especialistas consultadas por Público coinciden en que tiene que haber una formación y especialización específica del sistema judicial y los operadores que intervienen en los casos de violencia de género donde hay menores involucrados, con una perspectiva clara de proteger a los menores como víctimas directas de la violencia machista, cosa que no se ha desarrollado en nuestro país. A pesar de que España cuenta con una de las leyes más progresistas y avanzadas en tema de violencia de género, la realidad es que se trata de una ley infrautilizada y que temas clave como la formación de los operadores jurídicos, no se han realizado.

"Si no se conoce el ciclo de la violencia y cómo afecta a la conviviencia de estos menores con los maltratadores, es difícil determinar en interés del menor. Es importante que tanto jueces como los equipos psicosociales evalúen esto: como va a repercutir esas visitas positivamente o negativamente al menor. Hay muchos menores que para poder hacer frente a estas visitas, están teniendo que acudir a psicólogos" afirma Fernández. "Pero cuando se ha visto que un menor para su buen desarrollo tenga que acudir a tratamiento psicológico para poder enfrentarse a una de los progenitores", concluye.

Para Tardón, "el sistema judicial tiene que abandonar ese enfoque 'familista', en el que lo que prevalece es la familia, el padre, y no la protección de los menores contra la violencia machista, y debe cumplir los mandatos internacionales y los avisos que les han dado organismos internacionales para proteger los derechos de los menores. Que en ningún caso se están garantizando con actitudes y sentencias negligentes por parte del sistema judicial".

A pesar de que la ley ya prevé que se pueda suspender el régimen de visitas, para Tardón el problema es que "se acuerda en muy pocas ocasiones. Lo que hay que hacer es formar y especializar a los los jueces y juezas que tienen que tomar esas resoluciones, especializar a los servicios psicosiciales y deslindar lo que es el interés del menor de lo que es el interés del progenitor".

Otro tema clave en el que las organizaciones coinciden es la necesidad de anteponer los derechos inalienables de los menores sobre los derechos de los progenitores a visitas y tenencia de hijos.

Para Marisa Soleto, presidente de la Fundación Mujeres, "el contacto paterno-filial sólo se justifica por el bien superior del menor, no por el bien o el derecho de progenitor. Es un riesgo inadmisible. Los mecanismos de protección y de reparación tienen que ser mucho más rápidos y efectivos".

Un maltratador nunca puede ser un buen padre

Según fuentes de la investigación, el padre que asesinó a su hijo en A Coruña tenía problemas psicológicos y había tenido una orden de alejamiento de su ex pareja hasta 2013, así como varias denuncias. A pesar de estos antecedentes, se le concedió un régimen de visitas sin vigilancia.

Ante estas evidencias, Soleto se pregunta que "¿cómo es posible que algunos padres tengan régimen de visitas sin vigilancia? ¿Cómo puede ser que una persona con problemas psicológicos y que además parece que ha tenido ya denuncias y orden de alejamiento tenga visitas no vigiladas con menores?" y concluye que "es un riesgo inadmisible. Los mecanismos de protección y de reparación tienen que ser mucho más rápidos y efectivos".

Para Fernández, los menores son los grandes olvidados. "Lo que tendría que pasar es que cuando se está acordando o determinando un régimen de visitas, lo que hay que hacer es resolver en el interés del menor, que no es el interés del progenitor custodio o no custodio". Y añade que "se sigue pensando que un maltratador puede ser un buen padre. Evidentemente no lo es ni puede serlo. En la mayoría de la ocasiones lo que permiten ese régimen e visitas es que el maltrato se ejerza a través del menor". 

Esta idea de que el maltratador en ningún caso puede ser considerado un buen padre es parte de las explicaciones de todas las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y los hijos de víctimas de maltrato. De hecho esta idea subyace en las recomendaciones que Naciones Unidas hizo a España cuando la condenó por inacción en el caso de Ángela González, al recomendar que España tomara medidas urgentes para garantizar que la existencia de violencia de género sea tomada en cuenta para conceder la custodia o la visita al progenitor. 

De hecho el comité CEDAW de Naciones Unidas hizo cinco recomendaciones clave a España. Las primeras tres iban encaminadas a que España se comprometiera a dar formación obligatoria a operadores en materia de violencia de género y estereotipos; que tomara medidas para que la violencia sea tenida en cuenta a la hora de determinar visitas y custodias y que se reforzara el marco legal para asegurar que todas las actuaciones se hacen con la diligencia debida. Según Orejudo de Women´s Link, ninguna de estas recomendaciones fue tenida en cuenta hasta la fecha. Las otras advertencias de la CEDAW, que España indemnizara a Ángela González y que investigara los fallos del sistema judicial para asegura que casos como estos no vuelvan a producirse, tampoco fueron atendidos. 

Las terribles cifras de 2017

Este año se está convirtiendo en un verdadero drama en lo relativo a los asesinatos machistas, y especialmente en lo que se refiere a niños asesinados por sus padres o familiares. Según cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, sólo en lo que llevamos transcurrido de este año, seis menores habían sido asesinados por sus padres. La cifra se incrementa a diez según la Federación de Asociaciones de Mujeres Divorciada y Separadas, que comenzaron a llevar un registro de niños asesinados por violencia machista desde 1999. Esta organización incluye algunos casos de asesinatos que se produjeron fuera de España pero cuyo asesino era un español. Según los datos de esta organización, desde el asesinato de Andrea (en 2003) otros 84 niños han sido asesinados por sus padres, parejas o exparejas de sus madres. Desde el año 1999 la cifra se eleva a unos 103, cerca de la mitad de los cuales podrían haber sido asesinados en visitas no vigiladas.

Por lo que respecta a los asesinatos de mujeres, fuentes oficiales reconocen 27 mujeres asesinadas en lo que va de año. 

Apoyo de Ve La Luz

Representantes de la organización gallega Ve La Luz, que retomaron las protestas este fin de semana en la Puerta del Sol de Madrid, donde mantienen un ayuno parcial, se han  solidarizado con la madre y la familia del menor asesinado este fin de semana en A Coruña. En un comunicado han afirmado que "hemos recorrido solo 4 meses del año y sumamos números escalofriantes de este terrorismo que encuentra cobijo ante la inoperancia de quienes nos gobiernan". Ve La Luz ha recodado que en Galicia durante el año 2016, denunciaron 5.683 mujeres y se adoptaron medidas de protección en los que se suspendió el régimen de: 22 visitas, 2 Patria potestad y 29 custodias.