Únicamente el 15,8% de los jóvenes españoles se ha emancipado de los hogares paternos durante 2020, el dato más bajo desde el año 1999, según se recoge en la última edición del Observatorio de Emancipación Juvenil, elaborado por el Consejo de la Juventud de España.

Este trabajo fue presentado este viernes en el Congreso de los Diputados en un acto que contó con la participación de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet; de Margarita Guerrero, vicepresidenta del Consejo; de Adriá Junyent, vicepresidente del Consejo; y de Joffre López, autor del texto.

El informe pone de manifiesto que la emancipación juvenil en España "siguió hundiéndose" en 2020, como lo atestigua el hecho de que sólo el 15,8% de los jóvenes españoles se ha independizado, cifra récord desde 1999.

No obstante, el estudio recalca que este dato no es consecuencia única de la pandemia del coronavirus, ya que se observan 14 años consecutivos de caída de este guarismo, desde que en 2007 el 26,1% se había independizado.

El informe del Consejo de la Juventud de España relaciona los malos datos de emancipación juvenil con la "cronificación de la precariedad" a la que están sometidos los jóvenes, que soportaban una tasa de paro al cierre de 2020 del 30,2%.

A ello se suma que la calidad del empleo de los jóvenes españoles "es muy baja", ya que el 52% de ellos tiene un contrato temporal y el 26,1% cuenta con contratos parciales, trabajando menos horas de las que desearía.

Esta precariedad tiene su reflejo en los salarios que perciben, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 11.643 euros brutos al año de media, 970 euros al mes.

A su vez, la mala calidad del empleo y los bajos salarios provocan que una persona joven tenga que destinar el 91% de su salario al alquiler de una vivienda si desea vivir en solitario, mientras que, si decide compartir una vivienda, dedica aproximadamente el 30% de sus ingresos.

Por su parte, los problemas para emanciparse y para contar con un trabajo digno provocan elevadas tasas de pobreza juvenil (31,7%), siendo el colectivo de edad con mayor riesgo de pobreza y/o exclusión social, superando a la infancia y a las personas jubiladas.

De este modo, alrededor de tres millones de personas entre 16 y 35 años se encuentra en una situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social, a pesar de lo cual apenas un 2% ha recibido el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

SMI y regulación del alquiler

Por otro lado, Adriá Junyent detalló algunas de las medidas que el Consejo de la Juventud de España considera urgente poner en marcha para paliar esta situación. Entre esas "políticas valientes", destacan la reforma de la legislación laboral para restringir el uso de los contratos temporales y parciales, el refuerzo de la inspección de trabajo, acotar el tiempo de las prácticas y digitalizar la economía.

Adriá Junyent dedicó un espacio de su intervención a propugnar la idoneidad de subir el SMI, lo cual definió como "la mejor política feminista y para la juventud", ya que son los dos colectivos que más se beneficiarían de ello.

Tras proclamar que España vive "una crisis habitacional para la juventud", defendió regular el precio del alquiler, lo cual podría ayudar a muchos jóvenes a "alejarse del sobreendeudamiento e independizarse".

También recomendó construir un parque público de vivienda, "aumentar drásticamente" el presupuesto en esta materia, potenciar que las comunidades autónomas ejerzan el derecho de tanteo, poner en el mercado social las viviendas de la Sareb, acabar con las socimis y regular el concepto de "gran tenedor" obligándoles a dedicar el 20% de sus viviendas a vivienda social.

"Criminalización de la juventud"

Margarita Guerrero lamentó que durante la pandemia "se ha criminalizado a la juventud", culpándola de los rebrotes, de la violencia en las movilizaciones de solidaridad con el rapero Pablo Hásel y de la celebración de macrobotellones tras el estado de alarma.

Sin embargo, denunció que no se visibilice la "precariedad" de los jóvenes, la cual "no es un hecho aislado". Por ello, conminó a "atender las tareas pendientes aplazadas durante décadas", puesto que "hablar de los problemas de la juventud, es hablar de los problemas de España".

Por último, Meritxell Batet comentó que el Congreso de los Diputados debe permanecer abierto y ser receptivo a "todas las realidades sociales, especialmente la de los jóvenes", que representan "la renovación generacional que nos permite avanzar como sociedad". Por esa razón, dejó claro que garantizar "la igualdad de oportunidad" es "clave" para su "desarrollo individual y colectivo".

Tras apelar al establecimiento de "consensos sólidos, amplios y estables" sobre esta cuestión, concluyó atestiguando que "a pesar de que a menudo se cae en tópicos, hoy queda demostrado que, lejos de la apatía, los jóvenes participan en la sociedad con un compromiso encomiable".