Gibraltar denuncia que los controles siguen una pauta para lograr su "estrangulamiento económico"

Las autoridades españolas afirman que los largos controles que se dan en la frontera de Gibraltar son irrenunciables y aleatorios, pero, según datos del Gobierno del Peñón, estos responden a "ciertas pautas evidentes" que los convertirían en "políticos y arbitrarios" y cuyo objetivo es el "estrangulamiento económico de Gibraltar y la comarca".

A partir de las 10:00 de la mañana, aseguran, los controles de entrada impiden el paso libre a empresas de servicios españolas, pero esto no ocurre antes de las 09:00 horas, cuando afectaría a la mayoría de los 7.000 trabajadores en Gibraltar, debido a la "previsible respuesta social". A partir de las 16:00 0 17:00, entre semana, se dan colas que se prolongan normalmente hasta entrada la noche, paralizando el regreso de los trabajadores a sus casas. Sin embargo, los fines de semana la cola se adelanta "para que sean los gibraltareños los que tengan dificultades para disfrutar de su ocio en territorio español". 

Las instalaciones de la frontera, afirman, están "infrautilizadas" intencionadamente y "obsoletas". El edificio de la Aduana de La Línea cuenta con dos puestos de control de los cuales sólo uno está operativo, y ni la aduana peatonal ni la de vehículos están activas a partir de las 21:00 horas, por lo que todo el tráfico se desvía a uno de los carriles de entrada al Peñón, lo que conlleva un retraso considerable.

Desde el Gobierno del Peñón denuncian que esta situación es una "represalia política" por parte de las autoridades españolas en respuesta a la queja de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sobre "los miles de trabajadores que todos los días pasan un calvario para poder ir a sus puestos de trabajo". Remarcan que la respuesta de Madrid fue "una jornada insufrible para la población", con controles exhaustivos con esperas de hasta 70 minutos y puntas de hasta dos horas y media.

El viceministro principal de Gibraltar, Joseph García, declara que los controles son "arbitrarios" y "con una clara finalidad política" y que "afectan a la población en general". Se pregunta por qué el Gobierno de Rajoy no los ejerció hasta agosto de 2013 si, según dicen, son irrenunciables, y remarca que "esto es inaceptable e indigno".