Las ONG critican al Gobierno por "especular" con la inmigración

ONG y asociaciones de inmigrantes expresaron hoy su malestar tras la presentación del último estudio del Observatorio Permanente de la Inmigración dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre la situación laboral de los extranjeros en España. El contenido del informe señala que, a pesar de la crisis económica, los españoles no están regresando a los trabajos de baja cualificación (agricultura, construcción, servicio doméstico...), copados por los extranjeros desde hace una década. Sin embargo, a juicio de las asociaciones de inmigrantes, el discurso del Gobierno de los dos últimos años ha ido encaminado en la dirección opuesta a esa conclusión y ha intentado disuadir a los inmigrantes de que viajen a España porque ni siquiera hay trabajo para los nacionales.

Por ejemplo, el pasado marzo, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aconsejó a los extranjeros que querían buscar una vida mejor que "tachasen España de la agenda".

A los afectados les duele que el Estado fomente el discurso xenófobo

Además, desde la extrema derecha el discurso de que los inmigrantes quitan el trabajo a los españoles ha sufrido un nuevo impulso en los últimos tiempos con la emergencia de partidos políticos como Plataforma per Catalunya, liderada por el polémico Josep Anglada.

"Eso de que los extranjeros vienen a quitarnos el pan es una leyenda urbana que tratan de potenciar desde la derecha", asegura el presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes Rumanos en España, Miguel Fonda-Stefanescu. "Es mentira y el último informe del Ministerio de Trabajo lo demuestra. Lo que nos duele es que el Gobierno también lo haya alentado forzado por la crisis económica. Tenía que hacer un gesto que tranquilizase a la opinión pública y ha caído en este discurso", añade.

El presidente de la asociación ecuatoriana Rumiñahui, Vladimir Paspuel, pone como ejemplo el Plan Retorno, que ofrece desde noviembre del año 2008 ayudas económicas a los inmigrantes que deseen regresar a sus países a condición de que se comprometan a no regresar a España en los próximos tres años. "Se especuló con estos discursos y se le hizo pensar a la opinión pública: si hoy no hay trabajo, nos deshacemos de esta gente y todo se solucionará", critica Paspuel.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha negado que su política de inmigración haya virado hacia postulados cercanos al PP. El actual ministro, Celestino Corbacho, siempre ha sido partidario de que los flujos migratorios estén regulados por las demandas del mercado laboral.

El colectivo inmigrante coincide en la idea de que los españoles no volverán a los empleos de baja cualificación "ni siquiera cuando agoten sus prestaciones por desempleo". Y enumera sus razones: el español medio se ha creado un nuevo estatus, no acepta sueldos bajos y tiene una red social y familiar en la que apoyarse en caso de necesidad.

Uno de los últimos ejemplos sobre la resistencia de los parados españoles a ocupar empleos de baja cualificación se ha dado en Lleida. La Generalitat ofreció a 7.800 parados catalanes con experiencia agrícola un puesto para recoger la fruta de temporada y sólo lo aceptaron algo más de 1.500. El sindicato agrícola de Unió de Pagesos de Catalunya ha tenido que buscar en países de origen, como Colombia, a inmigrantes que quisiesen hacer estas labores.

Una de las claves por las que los españoles no quieren aceptar estos trabajos son los bajos sueldos. Sobre la cuantía de los salarios, el presidente de Rumiñahui afirma que los empresarios están aprovechando la falta de puestos de trabajo y la competencia que hay entre inmigrantes para, encima, bajar los salarios. "No hay inspecciones de trabajo suficientes y, por un trabajo por el que hace tres años se pagaban 1.200 o 1.500 euros al mes, se está remunerando 600 o 700 ¡Es una explotación tremenda!", concluye.