En España ya no se trabaja como se trabajaba antes de la pandemia, cuyos primeros dos años de duración han servido de marco temporal para una profunda modificación de las reglas del mercado laboral iniciadas en marzo de 2020 con la vertiginosa modificación del despido colectivo para afrontar el parón de la actividad derivado del confinamiento local y del gran encierro global y que se cierra cuando, a final de este mes, finalice el periodo transitorio de la desarticulación parcial de la precarizadora reforma que el PP de Mariano Rajoy y Fátima Báñez impusieron en 2012 con el apoyo de la extinta CiU y el PNV.

Entre esas dos reformas legales se coló otra de calado como fue la revisión del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), que pasó de los 900 euros brutos mensuales con los que cerró 2019 a los 1.000 con los que inicia 2022. Con una primera revisión, la que lo elevó de 900 a 950, en febrero de 2020, con el coronavirus campando por el planeta pero sin que la crisis sanitaria hubiera sido todavía declarada como pandemia.

Los nuevos ERTE y la revisión del SMI, a los que se añadieron otras novedades de calado como el recargo de las cotizaciones para alimentar el nuevo fondo de reserva que sustituye a la vaciada hucha de las pensiones, los primeros pasos para poner en marcha un fondo público de planes de jubilación o la creación del complemento de brecha de género, coincidieron con una evolución del empleo que directamente impugnó algunos mantras pseudoliberales como el que sostiene que subir los salarios destruye empleo: el acordeón del más de medio millón de empleos perdidos con el pinchazo de 2020 y recuperados en 2021 (en términos de media; 600.000 y 800.000 en los cierres anuales) mientras el Estado desplegaba un dispositivo de protección social de magnitud desconocida, el grueso del cual fue acordado por las principales patronales y sindicatos en la Mesa de Diálogo Social, apuntan en esa dirección.

Los ERTE de una pandemia que sirven para una guerra

"Los ERTE existían casi desde los orígenes del Estatuto de los Trabajadores, y de hecho en 2012 se les introdujo un elemento nada progresivo como eliminar la autorización administrativa", explica Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO e integrante de las mesas de negociación de las que salió la nueva figura, que destaca como la clave de los ERTE para la crisis sanitaria estuvo, precisamente, en llenar uno de los vacíos legales que la normativa seguía manteniendo casi cuatro décadas después: ¿en qué consistía la "fuerza mayor"?

"No estaba regulada aunque sí estaba recogida en el artículo 47 del Estatuto, y se venía utilizando en casos de accidentes y de catástrofes. Lo que hicimos fue definir qué era y cuándo se podía aplicar", recuerda, así como las condiciones: el tiempo de suspensión y reducción de la jornada no consumiría paro, no era necesario tener un mínimo cotizado para acceder a la prestación, que seria del 70% de la base, los contratos temporales quedaban suspendidos y las empresas se beneficiarían, además del ahorro de los sueldos, de entre el 50% y el 100% de las cotizaciones en función de las causas del expediente y del tipo de plantilla.

"Fue una reforma profunda. El objetivo era preservar el empleo, y, efectivamente, han servido para conservarlo y para que la recuperación económica y la creación de empleo haya sido más rápida", señala Vicente.

El ahorro para las empresas, entre las que el grado de fraude ha sido escaso, supera los 35.000 millones de euros, mientras que en términos macroeconómicos la inyección de más de 15.000 millones de euros a través de los 6,6 millones de trabajadores que pasaron por los expedientes permitió paliar la caída del consumo y evitó la destrucción de otro medio millón de puestos de trabajo. En el plano microeconómico, "las prestaciones dieron a mucha gente capacidad de subsistencia" y "han servido para conservar mucho empleo temporal que de otra manera se habría perdido", anota Vicente.

Ahora, y tras haber extendido el formato a La Palma tras la erupción del volcán Cumbre Vieja, "una parte importante de las medidas covid se han asentado con la reforma laboral", añade, que abre la puerta a poder "aplicarlas ante reconversiones y situaciones de crisis cíclica", entre las que entrarían, si el Gobierno así lo declara, las consecuencias de la guerra de Ucrania en algunos sectores productivos locales.

"La subida del SMI nos empieza a homologar con Europa"

"Los mil euros son un punto de partida. La subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) nos empieza a homologar con Europa, donde somos la cuarta economía mientras a nivel salarial ocupamos el puesto doce. Sin esas subidas estaríamos por debajo de muchos países con menor potencia económica", señala Mariano Hoya, vicesecretario de Acción Sindical de UGT, que defiende que "el SMI debe llegar a 1.063 euros en catorce pagas el 1 de enero de 2023" para cumplir el objetivo de adecuarlo al 60% del sueldo medio de 2018. Eso serían 1.240 euros mensuales con las pagas extraordinarias prorrateadas.

Hoya llama la atención acerca de cómo esas subidas del salario mínimo "no han tenido ninguna afección negativa en el empleo, y el esfuerzo ha redundado en estabilidad", al tiempo que recuerda cómo el premio Nobel de Economía fue para David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens por demostrar que elevar el SMI no destruye puestos de trabajo.

Junto con ese aspecto, completamente congruente con los datos sobre la evolución de la ocupación en España, Hoya destaca un efecto beneficioso para la economía similar al de los ERTE: mejorar el salario mínimo espolea el consumo y anima la demanda.

"Cualquier inyección a la parte de la economía que va al consumo es un incentivo, y eso ocurre cuando el aumento de euros mensuales va a parar a los dos millones de trabajadores que menos cobran: va directo a la economía", argumenta, porque "no les sobra nada, todo el sueldo va a los gastos mínimos vitales como alimentación, vivienda, ropa, educación de los hijos y poco más".

¿Qué habría ocurrido en caso de no haberse producido esa subida del SMI con el actual cuadro inflacionista? Esos dos millones de trabajadores formarían parte de los más de diez que cambiaron de año con el salario congelado, lo que, con un IPC del 6,5%, equivaldría a habérselo bajado a 902 euros, solo dos por encima del nivel de dos años antes. Con el aumento, su pérdida de poder adquisitivo se queda en el 2,9%.

"Es la primera reforma laboral que recupera derechos perdidos"

"No se ha perdido en nada, que es algo que sí ha pasado otras veces. Las medidas van en la dirección de mejorar las relaciones laborale", concluye Alberto del Pozo, de Economistas Frente a la Crisis, sobre la reforma laboral pactada en diciembre por los agentes sociales, y ratificada en febrero por el Congreso en una tormentosa sesión, de la que destaca que "es la primera de las que se puede decir que recupera derechos perdidos. Otras anteriores abrían vías inexploradas o recortaban derechos levemente para evitar recortes mayores".

La reforma de la reforma laboral de 2012, que lleva una década en el foco de los debates sociales y políticos (es la modificación que más ha durado sin cambios sustanciales) por sus efectos precarizadores y de devaluación del empleo, tiene como ejes la reducción de la temporalidad y la potenciación de la negociación colectiva, además de incluir ajustes en formación, en los ERTE o en la subcontratación, aunque elude dos de los aspectos que más rechazo provoca el anterior marco laboral: el abaratamiento del despido, iniciado en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y las causas de este.

"Se mejora el texto existente y se favorece a la parte social, a la de los trabajadores", señala Del Pozo, que considera, en línea con el posicionamiento de la mayoría de los sindicatos, que "debería continuar la reforma" en temas como el coste y las causas del despido, aunque la decisión sobre la apertura de un proceso de ese tipo queda en manos del Gobierno.

El hecho de que la revisión de las normas laborales estuviera enmarcada en los paquetes de reformas de los que depende el acceso a los fondos de recuperación de la UE resultó, por otro lado, clave tanto para el desarrollo de las negociaciones como para su resultado.

"Se ha primado el hecho de que debiera ser consensuada, y ahí, lógicamente, se quedan por el camino aspectos que defiende la parte social", anota Del Pozo, que considera que "para la UE ha sido más fácil aceptar el texto al ser pactado".