La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara ilegal la indemnización de 1.350 millones que el Gobierno pagó por la "hibernación" del almacén de gas Castor ha dejado en el aire un magro negocio: los alrededor de mil millones en intereses que tres de los principales bancos españoles (Santander, CaixaBank y el todavía público Bankia) iban a obtener en las próximas tres décadas procedentes del recibo de la luz al recuperar el crédito que financió el primero de esos pagos.

La sentencia del Constitucional declara nulos los cinco artículos y apartados del decreto por los que, en 2014, el Gobierno cifró en 1.350,729 millones (a pagar en 35 días) la indemnización por el cese de actividad del almacén, señaló a la privatizada operadora del mercado gasista español Enagás como la pagana y estableció unos "derechos de cobro" que, en la práctica, se traducen en la recaudación de ese dinero durante tres décadas por la vía del recibo de la luz y con un gravamen anual del 4,267%.

La aplicación de ese bono, como revela la partida de este año, que es la tercera que soportan los consumidores, y como permite comprobar cualquier calculadora de créditos, añade más de mil millones a la cantidad inicialmente pagada por el cierre a Escal UGS, la alianza empresarial liderada por ACS (el grupo que preside Florentino Pérez) que construyó y comenzó a explotar el almacén hasta su paso a "hibernación" tras provocar en 2013 y 2014 cientos de seísmos que se dejaron sentir en Catalunya, la Comunitat Valenciana y Aragón.

Mil millones en intereses

Así, la sentencia, que declara nula tanto la indemnización como el sistema ingeniado por el equipo del exministro de Industria Cristóbal Soria ha provocado temblores en el sector bancario, ya que esos 'derechos de cobro' se encuentran en manos de los bancos que financiaron la operación, y que fueron principalmente Santander, CaixaBank y Bankia, con unas cuotas respectivas de casi 700 millones, 473 y cerca de 200 sobre los 1.350 iniciales, informó ElMundo. 

De ese reparto se derivan sendas expectativas de cobro de más de 500, unos 350 y algo menos de 150 en las próximas tres décadas, y siempre junto con la recuperación de las cifras iniciales.

Fuentes de Banco Santander declinaron comentar la situación, que deja en el aire una interesante expectativa de negocio tanto para la entidad como para sus competidoras que participaron en la financiación de la indemnización al pool empresarial liderado por Florentino Pérez.

Desde el Ministerio de Industria que dirige Álvaro Nadal, por su parte, se muestran "escrupulosos con el tema", aunque admiten que la Abogacía del Estado "está estudiando la sentencia y buscando posibles soluciones". Y eso, en un departamento al que ni se le pasa por la cabeza reclamar la devolución del dinero a Escal UGS y que poco después de conocerse la sentencia intentó presentar el hachazo jurídico como un mero criterio "formal" del Tribunal Constitucional que "no se opone a dicho esquema financiero, sino que cuestiona el instrumento utilizado para su aprobación", parece indicar que la creatividad de los letrados va a dirigirse a buscar fórmulas para que los consumidores paguen por otro procedimiento esos 2.400 millones que cuesta la operación en su conjunto.

Una concesión sin reglas previas de rescate

Los distintos episodios del tramitación del Castor han venido provocando sorpresa en medios jurídicos desde su arranque, que remite a la época de Miguel Sebastián como ministro de Industria de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo equipo impulsó la instalación del Castor. "Es la primera vez que las condiciones para indemnizar por el rescate de una concesión se establecen por decreto en España, y el Constitucional la ha tumbado", explican fuentes jurídicas.

El presidente de ACS, Florentino Pérez, en una junta de accionistas de la constructora. EFE

Uno de los principales motivos para declarar nula la parte económica del decreto es se halla en el alarde creativo que supone inventar el término "hibernación" para definir el cierre de un almacén y, con base en esa definición, eludir las condiciones que la Ley de Hidrocarburos establece para indemnizar a los concesionarios de instalaciones energéticas que renuncian a seguir explotándolas.

"Lo normal es que quien ha financiado la construcción de una empresa rescatada cobre de esa empresa si ha sido indemnizada, o que pase a ser acreedor de la Administración que se queda las instalaciones", señalan las mismas fuentes, que matizan que, "sin embargo, no fue un rescate estándar".

De hecho, el foco del conflicto judicial y político nace de la ausencia de unas normas previas de rescate, algo que sí se contempla en la práctica totalidad de los pliegos de concesión de servicios públicos, como ocurre con las autopistas, las redes de transporte o las depuradoras.

Lo habitual en esos casos, ya sea por concurso de acreedores o por resolución de quien otorga la concesión, es que la Administración asuma la deuda del ente rescatado y que, paralelamente, las diferencias de valoración entre uno y otro acaben en los tribunales tras una previa reclamación patrimonial.