"Nuestras relaciones con EEUU son fluidas", dijo la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, para despejar los temores sobre una eventual represalia arancelaria de la Administración Trump por la aplicación de la tasa Google que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros.

El presidente estadounidense, que desde su llegada a la Casa Blanca ha abierto guerras comerciales con China, México, la UE y el Reino Unido, entre otros ámbitos, amenazó hace apenas un mes al último de esos países con aplicar aranceles del 25% a las importaciones deautomóviles procedentes de los países que aplicaran un tributo de ese tipo de manera unilateral, algo extensible al resto de los estados europeos.

Hasta hoy, solo Francia ha comenzado a aplicar la tasa Google, aunque finalmente ha suspendido su aplicación a la espera de ver cómo evoluciona el escenario internacional.

El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos será el segundo en aplicarla, en este caso con independencia de las amenazas comerciales de EEUU. "Vamos a seguir desarrollándolo", dijo la ministra Portavoz y titular de Hacienda, que se refirió a la aprobación del impuesto como "un paso necesario para que se alcance una nueva fiscalidad" en el plano internacional sobre unas "operaciones que ahora están fuera del sistema tributario".

Esa elusión fiscal llega al extremo de que, según los últimos datos disponibles, cuatro de los principales ciberemporios (varios de los cuales tributan por el grueso de su negocio global en países con una fiscalidad laxa como Irlanda, Luxemburgo u Holanda) apenas pagan impuestos en España pese a la magnitud de su actividad: Google factura en torno a mil millones de euros pero paga poco más de seis; Apple ingresa más de 400, pero tributa apenas por trece; Amazon obtiene más de 4.000 brutos y tributa simbólicamente; y, por último, la división local de Facebook declara pérdidas.

Todas ellas tienen sus matrices en EEUU, aunque se aprovechan de la dispersión tributaria de la UE. No obstante, aclaró Montero, "en en ningún caso" el impuesto se establece "en función de la nacionalidad de la empresa"

Menos ingresos de los previstos hace un año

El proyecto de ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales es prácticamente calcado al que el año pasado acabó decayendo por el adelanto electoral: gravará con un 3% la facturación local de las filiales de los gigantes digitales, siempre que su negocio superara los 3 millones en España y los 750 millones en el ámbito global, por servicios de publicidad, intermediación entre usuarios y trasiego de datos de clientes, tres líneas en la que se produce una "contribución nuclear de los usuarios".

No obstante, incluye dos novedades. Una tiene que ver con una minoración de las previsiones de recaudación, que caen de 1.200 millones a 968 millones anuales (232 menos) de un año para otro “por la ralentización de la economía” y por “las series” que el impuesto está dando en otros países, explicó Montero.

La segunda consiste en que, aunque mantiene las liquidaciones trimestrales, establece de manera "excepcional" para este año que se liquidará el 20 de diciembre en un pago anual para dar margen a que cuajen las negociaciones en la OCDE, que prevé tener en noviembre un acuerdo para definir el impuesto a nivel global, con el que prevé que los estados recauden hasta 100.000 millones de dólares, y en la UE, donde la Comisión Europea está decidida a lanzar su propia directiva el año que viene si el otro organismo no lo hace.

La otra consiste en una minoración de las previsiones de recaudación, que caen de 1.200 a 968 millones anuales (232 menos) “por la ralentización de la economía” y por “las series” que el impuesto está dando en otros países, explicó Montero.

El escenario internacional y la ‘tasa Tobin’

La portavoz presentó ese aplazamiento, en línea con el acordado por Francia tras redoblar EEUU las presiones comerciales, como "un margen para lograr un acuerdo internacional en la OCDE y el G-20" sobre el tributo.

"Miramos a la OCDE y avanzamos en el plano nacional", indicó Montero, que aseguró que, aunque no figura de manera explícita en el articulado del proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, "España adaptará su legislación interna cuando se adopte un acuerdo internacional sobre la tributación digital", algo que "requiere mayorías que no son sencillas" de tejer por las presiones de esos mismos gigantes tecnológicos.

El Consejo de Ministros aprobó también la ‘tasa Tobin’ o Impuesto sobre Transacciones Financieras, que, en este caso, difiere de la versión nonata de 2019 en que el gravamen del 0,2% solo se aplicará a las transmisiones de acciones de empresas españolas de más de mil millones de capitalización bursátil vendidas con intermediación, mientras que otros productos financieros complejos como los derivados quedan fuera.

En este caso, el Gobierno mantiene la previsión de recaudación de mil millones de euros anuales. El pagano del tributo será el intermediario.

Montero enmarcó estos dos nuevos impuestos en "un proyecto de modernización de nuestro sistema fiscal" para "mantener su eficacia con la realidad económica y su papel redistributivo" cuando han surgido modelos "opacos o poco transparentes" ante un modelo que ha acabado revelándose como de "fiscalidad analógica".

"Estamos dando cobertura a unas realidades que no existían hace una década", añadió, al tiempo que deslizaba que estas dos no van a ser las únicas novedades en materia tributaria. "Es un primer paso de un proyecto fiscal más global y más justo en el que va a tener un peso importante la fiscalidad verde", dijo.

Por último, sobre la eventual repercusión de esos tributos a los usuarios por parte de los gigantes tecnológicos, la ministra anotó que "de ninguna manera deberían repercutir en el usuario final, aunque siempre está la sombra".