La energía es capaz de generar negocios sin necesidad de transformarse y, de hecho, sin ni siquiera existir. En el caso de algunas renovables, basta con disponer de visados para los proyectos de deberían generarla y/o con obtener las autorizaciones necesarias para producirla y para verterla a la red eléctrica, unos documentos cuyo traspaso ofrece elevadas rentabilidades, de hasta 100.000 euros por megawatio, en un mercado de ‘papeles’ en el que cada vez más observadores y analistas detectan síntomas de que se está produciendo una burbuja.

El estallido de la anterior burbuja de las renovables en España provocó la ruina de alrededor de 60.000 familias que habían invertido sus ahorros en unos proyectos de ‘huertos solares’ que se fueron al garete con la supresión de las primas a la producción, una cadena de decisiones de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy que llevan camino de costarle una factura milmillonaria al Estado español en unos arbitrajes internacionales en los que encadena derrotas, aunque también alguna victoria, frente a inversores internacionales que dejaron de ganar lo que esperaban. Los efectos de la actual están por ver.

Los datos de Red Eléctrica Española, la empresa pública que gestiona la circulación de la electricidad por las líneas de alta y de media tensión del país, constatan un desconocido aluvión de solicitudes de permisos de enganche al sistema, y también de autorizaciones, y dibujan un desmesurado crecimiento cuya sostenibilidad pone en entredicho la propia compañía estatal en caso de que esas iniciativas pasaran del papel a la realidad.

La potencia de las instalaciones de generación de energía de fuentes renovables que tienen autorizada la conexión a la red, que suma 116.555 megawatios, duplica los 58.405 de las que están en producción. Y hay otros 43.152 en lista de espera.

Las magnitudes son mayores si el foco se centra en los dos sectores que concentran el desarrollo, la eólica y la fotovoltaica, donde la suma de los 115.426 megawatios autorizados y los 42.935 en trámite está cerca de quintuplicar los 34.291 que hoy se encuentran operativos.

La diferencia entre los dos enfoques se encuentra en el elevado peso de las centrales hidroeléctricas en el apartado de las ‘otras’ renovables, que han dejado de crecer y que sí computan en el global pero no en el de la solar y la eólica.

La tromba de proyectos, que hace que Red Eléctrica tenga ahora mismo sobre la mesa 288 parques solares y eólicos pendientes de autorización, alcanza tal dimensión que la potencia total de generación instalada en España se duplicaría con creces solo la entrada en servicio de los parques que ya disponen de todos los permisos.

Un ritmo descobado y un desmesurado volumen de errores

Otros dos datos resultan tan llamativos como aparentemente burbujeantes. Uno es el elevado volumen de peticiones denegadas, que en el caso de las renovables suman 102.293 megawatios (más de 85.000 en fotovoltaica y más de 15.000 en eólica). Un 40% de errores parece a todas luces excesivo en un sector con los requerimientos técnicos y financieros de energético.

El otro es la velocidad con la que se desarrolla. En solo trece meses, entre el 31 de marzo de 2019 (datos de Cinco Días) y el pasado 30 de abril, la potencia fotovoltaica operativa estuvo cerca de duplicarse al pasar de 4.700 a 8.673 megawatios mientras la autorizada lo hacía con creces a un ritmo de más de mil semanales (de 28.100 a 88.458).

El avance de la eólica fue menos intenso en ese periodo, con un aumento de 2.118 megawatios (9%) sobre los 23.500 ya operativos y otro de 9.268 (52%) sobre los 17.700 que siguen sin entrar en servicios pese a tener los permisos de conexión.

Una red insuficiente y unas duras exigencias financieras

Ese ritmo de concesión de autorizaciones para generar energía por parte de Red Eléctrica no parece acabar de casar con el diagnóstico que esa misma compañía hace de la red por la que después debe moverse esa electricidad: los Estudios de Capacidad para el horizonte de este año concluyen que solo la red de tres de las diecisiete comunidades (Asturias, Cantabria y Euskadi) podría absorber la producción proyectada en ellas y que únicamente un tercio de los ‘nodos’ del sistema soportarían la que les corresponde.

Más de la mitad de esos puntos de conexión de la red estatal, de hecho, resultan ya insuficientes para evacuar la electricidad que sumarían en sus zonas las plantas operativas y las autorizadas, y otro 10% colapsaría si entraran en servicio las que están en trámite.

¿Y por qué continúa la cascada de autorizaciones para generar energía en un país cuya red carece de capacidad suficiente para absorberla? El motivo clave es que, uno por uno, los proyectos que van avalando las comunidades autónomas y el Ministerio de Industria cumplen los requisitos técnicos para recibir el visto bueno.

Y también los financieros, que, en una aparente paradoja, se dispararon con el decreto que abolió el ‘impuesto al sol’: esa norma disparó hasta 400.000 euros por megawatio la cantidad que los promotores de las instalaciones fotovoltaicas deben afianzar antes de solicitar el enganche con la red e impuso la obligación de adelantar el 10% del coste de la conexión con la línea de alta tensión. Los promotores tienen doce meses, desde la obtención del permiso, para depositar esa segunda cantidad, que, como la primera, se quedará la Administración si después incumple alguno de los requisitos documentales del proyecto y este naufraga.

La fiebre de los permisos y el riesgo de la especulación

El senador de Compromís, Carles Mulet, que lleva tiempo haciendo un seguimiento del desarrollo de las renovables por todo el país, califica de "fiebre" el ritmo de tramitación de solicitudes que está llevando a cabo Red Eléctrica, compañía pública que "a 29 de febrero ya había otorgado 111,5 gigawatios de eólica y fotovoltaica, más del triple de la potencia instalada en la actualidad" en el país, algo que teme que pueda dar lugar a procesos especulativos.

Esos permisos de evacuación de la energía desde los parques a la red de alta tensión son preceptivos para que las plantas de renovables puedan ser definitivamente aprobadas tanto por las comunidades autónomas como por el Ministerio de Industria, algo que también facilita el traspaso de los proyectos en operaciones especulativas. En este sentido, el senador reclama al Gobierno central "que regule para evitar la especulación con las autorizaciones concedidas" y para impedir "que el maremágnum de peticiones abra tensiones entre territorios".

Coincide en esa apreciación del riesgo de movimientos especulativos con María Prado, responsable del área de Energía de Greenpeace. "No tenemos constancia de especulación como tal, con casos concretos identificados, pero sí es cierto que muchas empresas, tanto del sector energético como de otros, y también financieras, están impulsando proyectos para venderlos. Y, de hecho, ha habido ventas".

“Es necesario vigiar la especulación”, añade, mientras recuerda que decisiones como la de cuadruplicar la cuantía de los avales que los promotores de parques de renovables deben depositar como garantía amenaza con “dejar fuera del sector a las pequeñas empresas y a los grupos de autoconsumo” por no poder asumir esos costes financieros.

Alfons Pérez, investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización , aporta algunas pistas sobre la burbujeante actividad que se ha desatado en el sector de las renovables en España y en otros países europeos: las subastas de 2016 y 2017 permitían revender permisos, algo que hicieron grupos como ACS y como Forestalia que "no tenían intención de construir los parques sino de hacer negocio", y, después, las ayudas a la inversión mediante los ‘wind bonus’ (bonos del viento) del BEI (Banco Europeo de Inversiones) comenzaron a facilitar la financiación de algunos proyectos.

Ahora, anota, todo apunta a que el plan de 750.000 millones de euros activado por el BCE (Banco Europeo de Inversiones) ante la crisis del coronavirus va a incluir la compra de los ‘bonos verdes’ que algunas empresas lanzan para financiar inversiones en renovables y que otras emplean para especular como con cualquier producto financiero. "Eso animará tanto a quien pueda emitirlos como a quien pueda comprarlos", señala.

"Lo que crea riqueza en el territorio son las pymes"

Otro flanco del desarrollo de las renovables que preocupa a los ecologistas y a formaciones políticas como Compromís es el del impacto y la acogida en el territorio.

Compromís apoya el desarrollo de las renovables como alternativa a los combustibles fósiles, aunque reclama "un reparto equilibrado en la autorización de proyectos" y coordinado entre el Gobierno central y los autonómicos que "pueda beneficiar al máximo número de territorios" y que, al mismo tiempo, tenga en cuenta la "capacidad de acogida ambiental o territorial".

Se trata, añade, de "evitar efectos territoriales indeseados o una carrera desenfrenada de rebajas y beneficios que pueden acabar teniendo resultados contraproducentes ante la dinámica de facilitar al máximo la implantación de proyectos".

"Lo que crea valor y riqueza en el territorio son las pymes", anota Prado, que aboga por "situar la participación ciudadana en el centro" e integrarla en la gestión de las plantas de renovables, como sí se hace en países como Dinamarca.

"La disyuntiva no es renovables sí o no, es sobre el modelo"

"Es necesario que se perciba el beneficio social y ambiental en el territorio", anota, al tiempo que recuerda las protestas de algunas zonas de Galicia por la expansión de los parques eólicos en montes privados, algo que deja en la zona el impacto territorial pero no el beneficio.

También en Teruel, provincia en la que ya hay aprobados 48 parques de energía eólica y solar, el desarrollo de este sector comienza a provocar inquietud. "La disyuntiva no es renovables sí o no, que por supuesto que sí estamos a favor, sino si el modelo es o no adecuado", explica Javier Oquendo, portavoz de la Plataforma de los Paisajes, para la que "hay dos modelos: el de la gran empresa y el sostenible, con el que se cubren las necesidades del pueblo y se vende el sobrante".

Las alarmas comenzaron a saltar en la provincia, que en unos días verá el cierre definitivo de la térmica de Andorra, cuando la sociedad civil empezó a detectar la proliferación de parques en zonas de la Red Natura y en zonas de montaña donde el turismo es una de las actividades principales como el Matarranya y el Maestrazgo.

"Poner 500 aerogeneradores en paisajes que se han conservado durante millones de años es una barbaridad", dice, mientras alerta de que algunas de las empresas que promueven ese medio centenar de plantas "no van a gestionar los parques sino a revenderlos. Acabarán en manos de inversores de otros países y los beneficios prometidos al territorio se esfumarán, como ha ocurrido en la Terra Alta (Tarragona)". "La burbuja estallará y pillará al del territorio", añade.