España es el país con el impuesto por la firma de hipotecas más alto de toda Europa, por encima de Francia, Italia o Portugal, donde también existe este tributo y es el cliente el que lo paga. Sin embargo, hay otros países como Alemania, Reino Unido y Holanda en los que ni siquiera existe este gravamen que en España se paga a las comunidades autónomas en función del importe de la hipoteca.

Pero según un estudio del portal inmobiliario idealista.com, España es el país que cobra más impuestos por formalizar las hipotecas, aunque no sea el único que aplica un gravamen que, como destacó la patronal bancaria, recae siempre en el cliente.

Poniendo el foco únicamente en los países más grandes de la Unión Europea, no existe un tributo de estas características en Alemania, Reino Unido ni Holanda, pero Francia, Italia y Portugal sí tienen una figura similar al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de España.

En el caso portugués se trata del Importo do Selo, mientras que en el italiano es el Imposta Sostitutiva y en Francia la Contribution de Sécurité Immobilière, que tienen en común con España que se aplican sobre los nuevos préstamos con garantía hipotecaria.

Sin embargo, la carga fiscal es mucho más reducida en cualquiera de esos tres países, ya que en Portugal e Italia, por ejemplo, el impuesto se aplica sobre el importe del préstamo hipotecario, mientras que en Francia se aplica sobre una cantidad equivalente a 1,2 veces el préstamo.

En España se establece sobre la responsabilidad hipotecaria, que suele suponer entre 1,4 y 1,5 veces el préstamo, y ronda el importe de la compraventa, pues incluye el principal del préstamo más los intereses.

Y si el importe de AJD depende del tipo impositivo de cada comunidad autónoma, en Portugal, en cambio, se paga un 0,6% de la hipoteca por igual en todo el país; en Italia, un 0,25% (que se eleva al 2% si es una segunda residencia) y en Francia, un "testimonial" 0,05%. 

En España, el impuesto de las hipotecas está regulado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Dicha norma sujeta a gravamen los actos jurídicos que se documenten de la siguiente forma: los documentos notariales, mercantiles y administrativos.

AJD es un impuesto que cobra la Administración Pública y que actualmente lo recaudan las comunidades autónomas, ya que tienen transferidas las competencias de este tipo de tributos. La cantidad depende del importe de la hipoteca y de la comunidad autónoma, pero va entre el 0,5% y el 1,5% de la compraventa. 

Las comunidades que aplican un gravamen del 1,5% son Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Catalunya, Galicia y Murcia; con el 1,25% figura Castilla-La Mancha, y con el 1,2%, Asturias, Baleares y Extremadura. Canarias, Cantabria y La Rioja aplican un 1%, y por debajo de esta tasa, Madrid, con el 0,75% y Ceuta, Melilla, Navarra y el País Vasco, el 0,50%.

Según algunos expertos en reclamaciones bancarias, este impuesto es con diferencia el que supone una mayor cuantía en la firma de una hipoteca, ya que puede superar a todos los demás gastos de esa hipoteca juntos. En concreto, el impuesto supone el 70% de los gastos de constitución de una hipoteca, que también engloban el coste de notaría, registro, tasación y gestoría.