"El servicio no está funcionando porque la precariedad de nuestras condiciones hace que no haya personal para atender el volumen de llamadas diarias que recibimos". Es la queja de Diego Corredor, miembro del comité de empresa del servicio de atención del teléfono de emergencias 112 en Catalunya.

Las condiciones a las cuales alude el miembro del comité se traducen en jornadas de 24 horas semanales, sin cobrar pluses por nocturnidad e idiomas y con un servicio gestionado por Serveo, una empresa que forma parte de Ferrovial.

Este escenario es el que ha derivado en la convocatoria de una huelga por parte de los trabajadores, que se llevará a cabo todos los fines de semana a partir del 4 de agosto. Esta parada no es la primera que realiza el colectivo, después de las ejecutadas el 2021.

Ahora, dos años después, a la exigencia de internalizar el servicio por parte de la Generalitat y disponer de un convenio laboral propio, puesto que de momento está enmarcado en el del telemarketing, se añade la necesidad de disponer de más personal.

Como telón de fondo, el compromiso de la Generalitat de llevar a cabo la internalización del servicio, revelando que el estudio para resolverlo se encuentra a la fase de análisis económico. El contrato de gestión con Ferrovial finaliza en marzo del próximo año.

El comité de empresa remarca la idea que las condiciones laborales son malas. "Si hubiera una buena jornada, un buen sueldo, con buenos pluses, todo iría mejor para el servicio". El teléfono de emergencias 112 de Catalunya cuenta con una plantilla de unos 140 trabajadores, repartidos entre los centros de Reus y de la Zona Franca de Barcelona. Pese a la huelga, su carácter de actividad esencial provoca que los servicios mínimos se sitúen por encima del 85%.

Los representantes de los trabajadores recuerdan que la Generalitat de Catalunya ha multado de manera reiterada a Serveo por el incumplimiento de las cláusulas del servicio, especialmente en aspectos como los procedimientos, la pérdida de llamadas o una atención ineficiente en los idiomas extranjeros.

En un comunicado, el comité de empresa admite que tienen dos luchas abiertas: conseguir internalizar el servicio y disponer de un convenio propio. Por este motivo, insta "a hacer presión a Interior y a la Generalitat".

En el ámbito de las mejoras laborales, los empleados atribuyen la falta de trabajadores al precio bajo por la hora nocturna (1,80 euros) y que un 90% de los contratos son parciales. "Sufrimos un estrés crónico", lamentan.

El futuro de la gestión

A pesar de que el contrato de gestión del 112 acaba el año que viene, los trabajadores desconfían y piensan que la Generalitat, a través del Departament d'Interior, lo prorrogará como ya hizo hace dos años. El comité se ampara en que el estudio que tiene en marcha el Govern sobre la viabilidad de internalizar el servicio "no los obliga a nada".

Aunque el colectivo precisa que Irene Fornós, directora del 112, los ha apoyado, la sensación en la plantilla es que "Interior y la Generalitat la tendrían que ayudar y tomar una decisión porque hasta ahora nadie se ha comprometido a internalizar".

En el acuerdo para sellar los presupuestos del año 2022, formalizado entre ERC y los Comuns, se plasmaban compromisos para la internalización de los teléfonos 061 y 112. De hecho, en la ley de medidas fiscales y financieras -que acostumbra a acompañar el proyecto de presupuestos- figuraba el acuerdo para una "eventual internalización del 112, el teléfono de emergencias".

En la misma línea, en marzo de 2022, la comisión de Interior del Parlament aprobó una propuesta de resolución PSC para "llevar a cabo la internalización del 112 en el plazo de tiempo más corto posible".

La diputada del PSC por Lleida Judith Alcalà justificó la iniciativa, señalando que "con este proceso, lo que hacemos es avanzar hacia a un modelo público del servicio, que ahora asumía una empresa externa y que, según han expresado sindicato y comité de empresa, presentaba deficiencias estructurales".

En este sentido, Alcalà apuntó que "además de la falta de personal, más del 90% de la plantilla está trabajando a jornada reducida, lo que provoca que haya mucha temporalidad. Todo ello acaba repercutiendo en la calidad del servicio".

Servicio público

La propuesta socialista exponía que "es necesario que el 112 tenga acceso a una información pública y compartida como tiene, por ejemplo, Protección Civil, con el objetivo de poder activar profesionales en casos de urgencias y, por eso, hay que establecer protocolos de emergencias" y puso como ejemplo que "durante la primera oleada de la covid-19 se perdieron hasta 1.000 llamadas diarias por falta de efectivos".

El Departament d'Interior explica que la realización del estudio sobre el análisis de la viabilidad de un proceso de internalización es un compromiso firme y un mandato del Parlament incluido en la Ley de acompañamiento a los Presupuestos. Así, fuentes de Interior indican que "el estudio que se está llevando a cabo y ya está bastante avanzado.

El grueso que queda es disponer del estudio económico, que corresponde al Departament d'Economía, una vez hechas otras partes como por ejemplo el dimensionado necesario en caso de internalizar el servicio, realizado conjuntamente entre el CAT112 y la secretaría de Administración y Función Pública del Departament de la Presidència".

Asimismo, comentan que durante el proceso se ha ofrecido a los trabajadores del CAT112 la posibilidad de participar en el estudio a través de algún experto o especialista que propusieran.

Respecto a la convocatoria de huelga, Interior afirma que está a la espera de ver como resuelve la empresa que presta el servicio la serie de demandas que reclaman los trabajadores. En este aspecto, la Conselleria añade que "en la última licitación, el CAT112 incluyó varias mejoras sociales y laborales para los trabajadores y las trabajadoras".

El conflicto de la plantilla del servicio de atención telefónica de emergencias 112 hace años que se arrastra. El 2022, el comité de empresa del centro de Reus calculó que la externalización del servicio, prevista como mínimo hasta el 2024, tiene un sobrecoste de siete millones. Además, el colectivo constó que más de una tercera parte del gasto público destinado a la actividad no revertía en el servicio.

En este caso, las paradas de los empleados se iniciarán a partir del 4 de agosto reivindicando básicamente la internalización del servicio y unas condiciones laborales dignas, no solo por los empleados, sino también por la ciudadanía, que necesita calidad en una prestación considerada esencial.