"Al artículo 31 de la Constitución se le tortura hasta que dice lo que se quiere que diga", ironiza el economista Carlos Sánchez Mato. "La progresividad brilla por su ausencia y las rebajas fiscales benefician a las rentas más altas" en el sistema tributario español, capaz de subvencionar cada año a 24.000 ricos la compra de sus casas con un montante de 25 millones de euros.

El artículo 31 es el que establece, entre otras cosas, que "todos" los ciudadanos "contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".

Sin embargo, lo cierto es que este principio no acaba de cumplirse desde el momento en el que el 40% de los ingresos tributarios estatales, 102.819 millones de 255.463 el año pasado, procede de impuestos indirectos como el IVA y los especiales, que gravan el consumo de todo tipo de bienes y servicios con independencia del nivel económico del consumidor.

Estos impuestos, además, incluyen rebajas fiscales cuyo principal bloque de beneficiarios se encuentra entre quienes perciben las rentas más elevadas, caso de las exenciones para servicios de sanidad y enseñanza, cuya cuantía supera los 5.000 millones al año: 3.445 en el ámbito sanitario y 1.839 en el educativo según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, que reducen a 843 las vinculadas al uso de los servicios sociales y los de promoción personal.

El IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, es el principal tributo en España al generar algo más del 40% de los ingresos impositivos del Estado (109.485 millones en 2022). Incluye rebajas fiscales por valor de 11.178 millones de euros, de las que las rentas más elevadas obtienen elevadas cuantías, superiores tanto en número de beneficiarios como en cuantía a su peso entre en conjunto de contribuyentes.

El 0,62% de los contribuyentes capta el 14% de las rebajas

En este sentido, resulta llamativo cómo, según los datos de 2021, que es el último ejercicio disponible en abierto en la Agencia Tributaria, el exclusivo tramo que concentra al 0,62% de los contribuyentes que ingresan más de 150.000 euros al año fue el destinatario del 14% de cuatro de los principales bloques de deducciones al acumular rebajas por valor de 422 millones de euros de un total de 2.996.

Se trata de los paquetes de deducciones en materia de vivienda y eficiencia energética, actividades económicas, tributación en el extranjero y donativos, en los que los declarantes de ese tramo se hicieron con uno de cada siete euros en beneficios fiscales.

En este sentido, llama la atención cómo 24.265 contribuyentes que declaran ganar más de 150.000 euros al año pudieron aplicarse en sus declaraciones de IRPF deducciones por valor de 25,6 millones de euros para paliar las cargas que supone la hipoteca para sus economías familiares, una ayuda a la que nadie puede incorporarse desde el 1 de enero de 2013 pero de la que sí pueden seguir disfrutando quienes accedieron a ella antes de esa fecha.

Otros 76.945 declarantes de ese nivel económico obtuvieron descuentos fiscales por valor de 47,83 millones por haber hecho donativos a fundaciones y ONG, un volumen que supone el 7,2% de la partida (662,68), un peso casi doce veces superior al que esos contribuyentes presentan sobre el total de ellos.

"Parece que lo apropiado sería financiar a esas organizaciones por otra vía, porque por esta quien se beneficia son las grandes fundaciones, las multinacionales de la solidaridad y quienes más ganan", señala el economista.

Mayores tasas de beneficiarios y cuantías más elevadas

Ese cúmulo de circunstancias se dan en torno a un sistema tributario como el español, en el que la presión fiscal que soportan las familias resulta ser ochenta veces más intensa que la de las fortunas. Mientras, las comunidades se afanan en anunciar rebajas irrelevantes para los hogares y magras para las clases altas con la soltura que permite no ser el responsable del grueso de la recaudación.

Obviamente, esas cosas ocurren porque la ley las contempla como sucede, también, con las reducciones de la base imponible derivadas de las menguantes aportaciones a los planes de pensiones privados, en las que menos de la mitad de esos 135.492 contribuyentes acapararon algo más del 5% de los beneficios (190 millones de 3.582). Una tasa que se duplica, aunque con menores cuantías (6,9 de 65,9) cuando se trata de las aportaciones a planes de previsión y a patrimonios protegidos de personas con discapacidad.

Los cálculos se han realizado a partir de los tramos que ofrecen las estadísticas de la Agencia Tributaria, que antes de las rentas de 150.000 a 600.000 euros y las de más de 600.000 incluye un amplio epígrafe, sin mayor discriminación, a los 906.910 contribuyentes que ganan de 60.000 a 150.000.

Ese amplio grupo, que aglutina al 4,11% de los contribuyentes y que concentra rentas que van de duplicar con claridad los ingresos medios de los declarantes, que son de 27.170 euros anuales con ahorro incluido, a estar cerca de sextuplicarlos, también es uno de los principales destinatarios de las deducciones en el IRPF.

Concretamente, ese bloque acumuló en 2021 más del 10% de las ayudas a la adquisición de vivienda, con 188 millones de euros de un total de 1.850, y más del 14% (6,27 de 43,75) de las relacionadas con los incentivos a la inversión, unas tasas que duplican y triplican con creces, respectivamente, las de su peso en el total de los contribuyentes.

"Las rentas altas se benefician mucho más que las bajas de los beneficios fiscales. Son pequeñas cantidades que se van sumando", anota Sánchez Mato. Añade que "las políticas que benefician a las rentas altas apenas se cuentan, porque casi nadie las mira. Pasan desapercibidas, pero suponen algo sangrante".

En cualquier caso, las estadísticas de la Agencia Tributaria revelan el peculiar desarrollo que la tributación progresiva tiene en España. Los tramos más bajos de renta tienen participaciones inferiores a su peso en los beneficios fiscales mientras los más altos acceden a paquetes superiores a su presencia entre el conjunto de los contribuyentes. Y eso ocurre al medir tanto el número de beneficiarios como el porcentaje de la ayuda.

También resultan claramente superiores a la media las ayudas a las que acceden esos beneficiarios. De hecho, suelen ser las más cuantiosas del escalafón, en algunos casos con niveles desproporcionados que invitan a plantearse el objetivo real de esas deducciones y la eventual aplicación de factores de progresividad para modular su aplicación.

En el caso de la adquisición de vivienda, por ejemplo, el beneficio fiscal de quienes obtienen rentas de más de 150.000 euros triplica con creces la media mientras que los que ganan más de 600.000 euros están cerca de cuadruplicarla.

La brecha es mucho más amplia en el caso de las deducciones por donativos, en las que los primeros multiplican la media por 2,5 mientras los segundos llegan a hacerlo casi por quince. Y mucho más en las referentes a los incentivos a la inversión, en las que se incrementan dos y veintiuna veces, o a la doble imposición en el extranjero, en la que los múltiplos son de dos y de diecinueve.