Axel Weber, presidente de UBS , declaró el miércoles en un juzgado que dejó claro en septiembre a su homóloga del Santander, Ana Botín, que el banco negaría a Andrea Orcel una indemnización si abandonaba su cargo para fichar por competidor español, lo que demuestra el papel fundamental que desempeñó Weber en la disputa.

Andrea Orcel, que era el principal banquero de inversión de UBS por aquel entonces, ha demandado al Santander para obtener una indemnización en un tribunal español, después de que el banco de Botín retirara una oferta para convertirlo en consejero delegado debido a desacuerdos sobre los pagos diferidos que perdería.

Botín declaró en mayo ante un tribunal que conocía la posición de Weber, pero que el consejero delegado de UBS en ese momento, Sergio Ermotti, tenía una opinión diferente. Cualquier pago de UBS habría reducido la indemnización que el Santander tenía que pagar a Orcel. La postura oficial de UBS no se conoció hasta mediados de noviembre, según Botín.

Ermotti nunca ha aclarado públicamente su posición y no ha sido llamado a declarar.

Weber dijo el miércoles que UBS despoja a cualquier empleado que se vaya voluntariamente a otra entidad financiera de cualquier pago diferido y dejó clara la posición del banco ante el Santander. "El 24 de septiembre (de 2018) tomamos una decisión definitiva, incluía que UBS no pagaría la indemnización, que se aplicaría el periodo de baja de seis meses, y también incluía que no había duda de que Santander cualificaba como entidad de servicios financieros".

En enero de 2019, el Santander dijo que el banco no podía satisfacer las demandas salariales de Orcel, que incluían cubrir hasta 35 millones de euros (41 millones de dólares) de un paquete de compensación de 55 millones de euros que debía recibir en años futuros de UBS.

Al preguntársele el miércoles si Ermotti estaba involucrado en las conversaciones sobre los pagos que podrían corresponder a Orcel, Weber dijo que correspondía al consejo de administración del banco suizo decidir tales asuntos.

Orcel, que no ha sido llamado a declarar el miércoles aunque estuvo presente en el tribunal, solicitó originalmente hasta 112 millones de euros al Santander por incumplimiento de contrato y daños a su carrera por la retirada de la oferta.

Sin embargo, en mayo, retiró la parte de su demanda legal que exigía al banco español su contratación tras ser nombrado consejero delegado del italiano UniCredit . También redujo su demanda a 66-76 millones de euros, según fuentes cercanas al asunto, un documento judicial y el abogado del Santander.