El panorama comienza a resultar más sombrío ya que inquietante. El parón de la actividad económica está desatando una ola de morosidad que ha comenzado a provocar cierres y quiebras de empresas, en un fenómeno que ya se dio en los inicios de la anterior crisis y que tiene mayor intensidad en las de menor tamaño, es decir, los autónomos y las pymes.

"Son empresas que no disponen de capital y que llevan meses sin ingresos y gastando sus ahorros para compensarlo. Los están agotando y se están descapitalizando", explica María Jesús Fernández, economista senior de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorro), que anota que "ya no se trata de una cuestión de liquidez, sino de viabilidad. Hasta ahora, con la fase dura de la crisis, apenas se había notado, pero cabía esperar que lo hiciera si esta se prolongaba".

Y ha comenzado a hacerlo. Según revela el último Barómetro de la Pyme de Cepyme, la crisis desatada en torno a la pandemia ha reducido los ingresos del 92% de las pequeñas y medianas empresas, en casi el 40% de los casos a menos de la mitad y principalmente por la caída de la demanda.

Paralelamente, su estudio específico sobre la morosidad recoge que los impagos de los clientes ya son la causa de la pérdida de más del 10% de los ingresos anuales para entre la cuarta parte y un tercio de las pymes (28,79%) mientras un número algo mayor (30,5%) se está dejando entre un 5% y un 10%.

Esos incipientes, o ya no tanto, cortocircuitos de los pagos están comenzando a tener consecuencias en el tejido productivo y comercial español, en el que las pymes suponen el 90% de las unidades y el 70% del empleo. En este sentido, algo más de la quinta parte (20,88%) de esas empresas ha caído en la insolvencia o está cerca de hacerlo, lo que las aboca al concurso de acreedores, mientras una de cada ocho (12,84%) ha cerrado ya o va a hacerlo.

"El 57% de las pymes espera sufrir un aumento de morosidad y al 50% de las que sufren mora las llevará a una situación de insolvencia o al cierre", señaló Cepyme en un comunicado, en el que destaca que "el periodo medio de pago supera los 87 días, la cifra más alta desde 2011".

Paralelamente, entre pérdidas de clientes por no poder atenderlos o por resultar insostenibles sus impagos, algo que ya afecta a más de la mitad, y mayores necesidades de financiación, más de la sexta parte (17,29%) de las pymes ya ha reducido su estructura o va a hacerlo, algo que normalmente se traduce en despidos.

De hecho, casi el 80% del empleo que se está destruyendo como consecuencia de la crisis de la pandemia se pierde en las pequeñas y medianas empresas, que también son la parte del tejido productivo y comercial de país que más se está reduciendo.

La morosidad se ceba con los negocios de menor tamaño

Los datos sobre concursos de acreedores cerrados a 30 de septiembre, que son los últimos disponibles en el INE (Instituto Nacional de Estadística), indican que las suspensiones de pagos están lejos de la treintena diaria del tramo más duro de la anterior crisis ya que no llegan a la docena.

Aunque, al mismo tiempo, revelan algunas tendencias inquietantes como la notable aceleración que este tipo de procedimientos se está dando entre las empresas de menor tamaño, las de menos de diez empleados y aquellas cuya facturación anual no llega a los 250.000 euros.

Y también lo es el hecho de que en el tercer trimestre del año se haya roto una tendencia de los quince años de aplicación de la Ley Concursal según la cual el verano era la época con menor volumen de suspensiones de pagos, entre otras causas por el cierre de los juzgados en agosto, para ofrecer este año el peor registro, algo que se da con mayor intensidad cuanto menor es el tamaño de la sociedad y de manera más frecuente en sectores como el comercio y la hostelería, que concentran un tercio de las declaraciones de insolvencia.

En cualquier caso, el registro del tercer trimestre llega tras un invierno al final del cual el confinamiento frenó en seco la actividad, una primavera de parón y un verano de incertidumbre, todo ello previo, según fuentes judiciales, a un aumento de los expedientes concursales en octubre y noviembre, coincidiendo con el recrudecimiento de las restricciones por la nueva ola epidémica.

Ese cuadro incluye otro dato inquietante: el repunte llega cuando desde el 17 de marzo y hasta el 1 de enero está vigente una moratoria que abole la obligación de pedir el concurso a los dos meses de detectar la insolvencia y que, al mismo tiempo, prohíbe demandar por esa vía a las empresas deudoras, algo que, según fuentes jurídicas, estaría aplazando hasta principios de año el grueso de las suspensiones de pagos por ambas vías.

Ese repunte coincide también en el tiempo con otra tendencia que va a tener como consecuencia directa un aumento de la insolvencia, ya que los juzgados están comenzando a conceder a las empresas concursadas suspensiones de sus convenios de acreedores; es decir, que se suspenden las suspensiones de pagos y quedan temporalmente eximidas de la obligación de seguir saldando sus deudas al ritmo que marcaban esos acuerdos.

"Hay quien decide acabar con el sufrimiento"

"Llega un momento en que quien tiene un negocio en estas condiciones, con gastos y sin apenas ingresos, decide acabar con el sufrimiento", señala Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), que llama la atención sobre algunas de las consecuencias de la oleada de insolvencias: "Tenemos un problema, porque se trata de empresa que gestionan productos de otras pequeñas empresas y autónomos que son sus proveedores, y eso se va a reflejar en el colectivo de los autónomos".

Abad, que coincide con Cepyme en denunciar "un incumplimiento reiterado de los compromisos temporales de pago", que la ley limita a sesenta días, advierte de que "si se rompe la cadena de pagos, el problema no va a ser solo de empleo sino económico y estructural".

Fernández añade otra pieza al puzle de la crisis. "El pequeño tamaño y la vulnerabilidad de las empresas es uno de los motivos por los que la crisis está afectando a España con más dureza que a otros países", explica, al tiempo que llama la atención sobre los riesgos que entraña su baja capitalización y su descapitalización ante un crash como el actual, agravado por la morosidad: "esto plantea que en algunos sectores y actividades la recuperación va a ser muy difícil y limitada".

En esta tesitura, medidas como la inyección de liquidez a través de los avales del ICO se están revelando inocuas mientras empiezan a aflorar contraindicaciones sobre el recurso a la financiación privada. "Da igual que se les preste dinero -explica Fernández-, eso lo que hace es cargarlas de deudas a las que no pueden hacer frente si no vuelven a la actividad o esta es baja".

"Esto no cabe solucionarlo con más crédito"

A eso se le añaden situaciones como las sufridas por un 10,1% de las pymes (más de 53.000), que según un estudio de Cepyme "han tenido que aportar garantías adicionales" para que los bancos les facilitaran los créditos que el ICO avalaba en un 80%. 

Son los llamados "avales supletorios", normalmente procedentes del patrimonio personal o empresarial, que en ocasiones llegaban a cubrir la totalidad del valor del préstamo y que, en todo caso y pese a la fianza estatal, esas empresas no podrán utilizar para cubrir posteriores necesidades de financiación.

Datos como el atasco de 1.946 millones pendientes de pago en impuestos aplazados a pymes y autónomos desde la primavera que la Agencia Tributaria seguía arrastrando a finales de septiembre, según indica su último Informe de Recaudación, al que se suma el impago de otros 575 suspendidos, refuerzan esas tesis. Esas deudas, por otro lado, llevan casi dos meses creciendo con unos intereses del 3,75% anual.

"Esto no cabe solucionarlo con más crédito", señala la analista, que aboga por "medidas para paliar esa deuda y reducir los gastos, ya sea con subvenciones o con condonaciones de impuestos o incluso modificando las condiciones de devolución de los créditos avalados por el ICO", y también propone eliminar, al menos para las pymes, la obligación de ingresar en la Seguridad Social las cuotas bonificadas durante los ERTE si estos no se reincorporan o son despedidos (o la empresa cierra) antes de seis meses. "Obligar a pagar eso es descapitalizarlos más, asfixiarlos más", añade.

Abad, por su parte, alerta del riesgo de que la morosidad, los concursos (en los que las quitas de deuda iniciales suelen rondar el 40%) y los cierres cronifiquen la insolvencia de los pequeños y medianos proveedores. "Una ruptura de la cadena de valor tendrá consecuencias graves", señala, mientras aboga por modificar las normas concursales para "blindar a los autónomos y garantizar su viabilidad. Hay que evitar que las quiebras de sus negocios por la pandemia se lleven por delante sus casas y los dejen endeudados de por vida. Ellos responden con su patrimonio actual y futuro, mientras las sociedades solo arriesgan en el de la empresa".