"Las líneas de alta tensión van hacia Catalunya, la Comunitat Valenciana y Euskadi. Eso está claro. Y significa que Aragón es la fuente de abastecimiento de electricidad de esos territorios, mientras otros como Extremadura y Castilla-La Mancha lo son de Madrid", describe Javier Oquendo, de la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, uno de los activos grupos locales (hay casi dos centenares) críticos con la forma en la que se está desarrollando el despliegue de las energías renovables en España.

"El modelo consiste en meter todo lo que se puede para ver luego cómo se consume, en colocar parques y parques y ya veremos si esa electricidad se consume en España, en Francia o en Alemania", sostiene. "Nos vamos a convertir en los grandes suministradores de Europa", añade.

Puede que no le falta razón cuando entre enero y septiembre de este año el sistema eléctrico español España, que llevaba seis años con una balanza comercial energética negativa de entre 6.862 (2019) y 9.168 (2017) Gw.k (gigawatios.hora, millones de kilowatios.hora) con sus cuatro socios fronterizos (Francia, Portugal, Andorra y Marruecos), ha pasado a mostrar un resultado positivo de 14.985, casi el doble de la media negativa del sexenio anterior, según los datos de Red Eléctrica.

Esa evolución en términos macro del sistema eléctrico español, que arroja un balance positivo en su conjunto al pasar de netamente importador a exportador, tiene, sin embargo, matices en un ámbito más micro como es el de las comunidades autónomas, cuyo cuadro manifiesta unos notables desequilibrios entre la demanda, la capacidad para cubrirla y los pasos para hacerlo con fuentes más limpias y menos contaminantes.

Los cuatro territorios más industrializados del país, que suman en torno al 60% de su PIB, presentan al mismo tiempo dos inquietantes rasgos en un proceso de transición energética: dos fuertemente deficitarias y cubren con centrales nucleares, una tecnología que en España se acerca a la obsolescencia ante el fin de la vida útil de las instalaciones, y con plantas de ciclo combinado y de cogeneración que se alimentan de gas y de derivados del petróleo, cuyo uso energético parece condenado a desaparecer en un escenario como el actual, en el que la escasez y el encarecimiento se suman a sus nocivos efectos ambientales.

Según los datos del operador de la red eléctrica, Madrid recibe de otros territorios más del 90% de la electricidad que se consume en su territorio, en el que apenas se produce el 8% restante.

En números redondos, los niveles de dependencia de otros territorios y de tecnologías al borde de la obsolescencia se reparten entre un 10% de importación y un 70% de nuclear, ciclo combinado y cogeneración en Catalunya, donde la renovable apenas cubre el 14%, en un 40% y un 50% en la Comunitat Valenciana y en dos tercios y un tercio en Euskadi.

Completan el grupo de las siete deficitarias Cantabria y Murcia, en ambos casos por su escasa capacidad de producción en cualquier tecnología, y Baleares, la alimentación de cuyo negocio turístico depende en un 80% de la quema de gas, diésel y carbón.

En algunas de ellas hay limitaciones físicas para el desarrollo de las renovables, como ocurre por espacio para la eólica en la Comunitat Valenciana y en Euskadi, donde se le suma el hándicap de las horas de sol para la fotovoltaica.

Sin embargo, en Madrid, que se alimenta básicamente de las nucleares de Almaraz (Cáceres) y de Trillo (Guadalajara) y donde también hay escasez de ubicaciones para instalar aerogeneradores por el elevado impacto que tendrían en las sierras susceptibles de acogerlos, apenas se está desarrollando la energía solar, para la que sí existe disponibilidad de terreno como en la España vaciada.

“Los molinos se van a quedar en el monte como chatarra”

"Hay un desequilibrio obvio entre territorios", anota Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción, quien, al tiempo que llama la atención sobre la concentración de la demanda en el área metropolitana de Barcelona en el caso catalán, destaca cómo "en Madrid y en Catalunya hay mucha capacidad para instalar placas fotovoltaicas en tejados y en infraestructuras, pero de eso no se está hablando; básicamente, por un cálculo económico que señala como más rentables las grandes instalaciones en el suelo".

"Si en algunos territorios no quieren molinos será por algo, ¿no?", plantea Oquendo. "Si se tratara de algo fácilmente desmontable sería otra cosa, pero esos aerogeneradores se van a quedar en el monte como chatarra", añade.

Los acuerdos que las compañías firman con los propietarios de los campos sobre los que se extienden las centrales de energía renovable contemplan el desmontaje, explica Oquendo, "pero a treinta años vista, y hablamos de acuerdos con empresas que en la mayoría de los casos tienen un capital social de 3.000 euros".

Más renovable y más descarbonización, pero según dónde

En la práctica, el despliegue de las renovables y la producción de energía ‘limpia’ se está concentrando en las comunidades de la España vaciada, que además de coincidir en ser las de mayor superficie son las mismas que ya pagaron el peaje de desequilibrio territorial que conllevó la construcción de los pantanos hidroeléctricos el siglo pasado, en los que algunas compañías pretender ahora instalar placas fotovoltaicas flotantes, y la ubicación de las centrales nucleares en la anterior transición energética, el grueso de la cual se desarrolló con el país bajo la bota de la dictadura franquista.

Así, los mayores desarrollos de las energías renovables se han concentrado en los últimos cinco años en Castilla y León, Aragón y Galicia, cuyas producciones de energía verde aumentaron entre 2017 y 2021 en más de 7.000 Gw.h (gigawatios.hora, millones de kilowatios.hora) mientras el avance se situaba entre los 2.500 y los 5.000 en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Paralelamente, en los tres mismos territorios en los que más ha avanzado el despliegue de las renovables es donde más se ha reducido la generación de fuentes no renovables, básicamente por el cierre de las centrales térmicas de carbón (y algunas de ciclo combinado con gas) o la reducción de su uso, procesos que en cinco años han recortado la producción de electricidad con altas emisiones de gases de efecto invernadero asociadas en más de 9.000 Gw.h en Galicia, en más de 6.000 en Castilla y Léon y en casi 5.000 en Aragón, territorios tras los que se sitúan otros como Catalunya (-4-300) y Asturias (-3.800).

Hechos como que, por el contrario, la generación de electricidad con fuentes no renovables haya aumentado en ese mismo periodo en tres de las comunidades deficitarias, caso de Euskadi, la Comunitat Valenciana y Murcia, que otras dos como Baleares y Madrid cierren la cola de los territorios en los que se ha reducido o que en uno de baja demanda como Navarra se dispare el uso del ciclo combinado hasta duplicarse con creces, aparecen como indicios de que los procesos de descarbonificación y de despliegue de las renovables no están siendo, para nada, algo homogéneo en España.

Y que sean Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja los únicos territorios en los que la producción de energía renovable resulta superior a la demanda total, también resulta indiciario.

“Hay una evidente falta de planificación”

"Hay que tener clara una hoja de ruta que contemple descarbonificar, planificar la transición energética y compensar a los territorios que sufren la ocupación de su espacio" por las renovables, señala Andaluz, quien, al mismo tiempo, apela al concepto den "soberanía energética, y ahí tiene que haber solidaridad entre territorios".

El responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción llama la atención sobre la viabilidad real de la eclosión de proyectos. "Tengo dudas de que todo lo que hay proyectado vaya a caber en la red. Deberían hacerse estudios de dimensionamiento para ver qué producción admiten las líneas", sugiere.

En este sentido, y también según los datos del Red Eléctrica, la potencia pendiente de instalar que figura en las solicitudes de aprobación de parques eólicos que se encuentran en curso triplican de paso a la que ya se encuentra operativa, mientras que las de complejos fotovoltaicos multiplican casi por catorce la existente.

"Hay una evidente falta de planificación, y a eso se le suma la liberalización del sector eléctrico, que deja la iniciativa en manos de la empresa privada el desarrollo de las infraestructuras", recuerda Andaluz, que advierte también de "la mala praxis que suponen a la hora de aplicar las normas las fragmentaciones de proyectos. Estamos viendo muchas y son ilegales".