Un nuevo y extenso informe presentado en el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que instruye el caso Erial, detalla multitud de operaciones vinculadas con el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, a raíz del supuesto pago de las comisiones recibidas por las adjudicaciones del servicio de ITV y el Plan Eólico Valenciano.

En una serie exclusiva del diario El Plural, el informe policial describe al detalle cómo la presunta organización liderada por Zaplana habría blanqueado en España 4.441.815 euros a través de diversas operaciones.

Así, a través de testaferros, el dinero supuestamente salía de España para retornar 'blanqueado' desde la 'offshore' radicada en Luxemburgo Imison International, mediante una compleja trama societaria en la que aparecen cuatro empresas: Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos integrales y Turnis Sylvatica.

El informe desvelado por el citado medio, y al que también ha accedido Europa Press, señala que Zaplana "tenía capacidad de administración y disposición de los bienes" de estas mercantiles.

El análisis de trazabilidad elaborado por la UCO sostiene que "el aspecto común de todas estas operaciones es que, del análisis efectuado, se desprende su vinculación con Eduardo Zaplana, bien como beneficiario de los fondos y bienes, bien a través de la capacidad de administración que este tiene sobre los mismos".

Gracias a dicho entramado, según el informe, se explica la compra de un piso de lujo en la calle Núñez de Balboa del madrileño y exclusivo barrio de Salamanca, y otras compras como la de un reloj de 20.000 euros o la de un barco, bautizado como Loix, y valorado en medio millón de euros, de los que 114.905 euros los habría pagado el exministro de Aznar, informa El Plural, que señala que "en este caso la adquisición se hizo a través de préstamos desde Medlevante". "Esos 'créditos' se concedían a terceros, principalmente al presunto testaferro de Zaplana, Joaquín Barceló", aclara el medio.

Según apunta Europa Press, este informe complementa otros dos documentos de los investigadores sobre el movimiento de los fondos —hasta en 10.521.351,28 euros cifran el montante total de los presuntos sobornos investigados en la causa—: uno de febrero de 2020 sobre Imirson, a la que fue parte del pago de los supuestos sobornos por las adjudicaciones a través de Asedes, empresa vinculada a los Cotino, y otro del pasado abril en relación con las transacciones económicas registradas en el Principado de Andorra.