El Ministerio de Defensa ha instado ante la Audiencia Nacional la apertura de un proceso de cooperación judicial con Turquía para verificar la existencia de un resto -una parte de una pierna- de una víctima del siniestro aéreo del Yak-42, ocurrido el 26 de mayo de 2003. Esta información se conoce justo dos días después del 15 aniversario de la tragedia, fecha en la que ha quedado patente el sufrimiento de los familiares de los fallecidos por la pésima gestión del Estado en este asunto.

Según informó el diario ABC, la pierna sin identificar pertenece a uno de los 75 miembros del pasaje del avión —en el que murieron 62 militares españoles— está enterrada en Turquía.

En una nota, el departamento de María Dolores de Cospedal informa de que el inicio del procedimiento tiene lugar después de que, a instancias de familiares de un militar español fallecido en el accidente —concretamente, de los padres de Francisco Cardona, uno de los militares españoles fallacidos en el accidente, según El País—, el Ministerio de Defensa elevara a principios de este año una consulta al Ministerio de Exteriores de Turquía sobre la posible permanencia en suelo turco de restos mortales de las víctimas.

Las autoridades turcas han comunicado que una extremidad inferior, cuya identificación no pudo determinarse en su momento, fue enterrada en el cementerio de Maçka el 24 de julio de 2003.

Verificación sin prueba documental

El proceso iniciado persigue verificar si el resto enterrado en 2003 puede ser localizado a día de hoy, para adoptar en su caso las medidas oportunas de identificación. Ante esa situación, Defensa está informando a las familias sobre el asunto, del que afirma no existe constancia documental.

En su respuesta a la petición española, las autoridades turcas, también a instancias de los mismos familiares del militar español, han confirmado que tanto las muestras orgánicas de las víctimas como las de los familiares utilizadas para su identificación fueron destruidas, tal y como determina la legislación turca.

Durante años, los familiares de las víctimas de este siniestro aéreo han luchado por que se reconocieran las responsabilidades de la cúpula militar y ministerial en todo este asunto. En 2007, el entonces juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska archivaba las diligencias penales sobre las identificaciones erróneas de los cuerpos, al entender que no hubo delito de falsedad. En 2012, los dos únicos condenados por falsear las identificaciones de 30 de los 62 militares muertos en el siniestro fueron indultados por el Gobierno del PP.

No obstante, el pasado año el propio Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Estado,  estableció que el Ministerio de Defensa, entonces dirigido por el conservador Federico Trillo, tenía conocimiento de los riesgos para la seguridad que suponían viajes como el del Yak-42 y que el accidente pudo haberse evitado.