Salvar a las mujeres de la ruina moral de España

Aurelia no pudo firmar el breve expediente que redactaron sobre ella en la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer de Sevilla: "Y para que conste, estampa la huella dactilar del pulgar derecho". Solicitaban su ingreso en un centro tutelado porque corría "peligro moral". Su madre, viuda, temía por ella. Salía hasta "las diez o las once de la noche" con chicos. Sabía algo de costura, pero se quejaba de una úlcera en el ojo derecho que no le permitía trabajar con soltura. Tenía 17 años.

María Luisa era algo mayor que Aurelia: 21 años. Rozaba la mayoría de edad, sabía leer y escribir, se dedicaba a la prostitución: "Cualquier cosita le hace llorar y no es precisamente que esté triste", aseguran en el informe en el que no aconsejan autorizar las salidas que ha solicitado para visitar a su madre, una "señora de una ignorancia supina y atrevidísima".

Dicen que Ana María, de 19 años, era "normal", pero que tenía un carácter "terco, voluble, caprichoso y hasta vengativo".

Mercedes, de 16 años, era un peligro: "Tiene un carácter muy extrovertido, alegre y juguetón; es sumamente afectiva, por lo cual necesita un control con sus relaciones del exterior que de no tenerlo su conducta moral no ofrecerá garantía alguna".

El 6 de noviembre de 1941, a través de un Real Decreto, se establece formalmente la creación del Patronato de Protección a la Mujer para velar por la "dignidad" de crías como ellas. Esteban de Bilbao Eguía era entonces el encargado del Ministerio de Justicia, organismo del que dependía formalmente este Patronato. La dictadura lo presentó como una entidad conformada por individuos de reconocido prestigio moral, autoridad y dedicación. En la cúpula, por ejemplo, encontramos al obispo de Madrid-Alcalá, a representantes de la delegación nacional de la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., a la presidenta de las mujeres de Acción Católica, miembros de la Federación de las Hermandades de San Cosme y San Damián (de médicos, farmacéuticos y dentistas) o del Patronato de Redención de las Penas, encargado de tratar de solventar el problemita de la saturación de las prisiones. Tenían como propósito llevar a cabo una labor cristiana y meritoria con el mayor acierto posible. Cristiana, tal vez. Aciertos y méritos, pocos.

Siempre en nombre del bienestar general, a lo largo de la historia reciente de España, se han implementado distintas iniciativas con el objetivo de preservar la moral católica y, en consecuencia, restringir la vida política, social, sexual, económica y cultural de las mujeres. ¿Qué pretendían? En teoría, "la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica". En la práctica, el Patronato se convirtió en un entramado institucional violento, materializado en cientos de centros gestionados por distintas órdenes religiosas, que limitó y violentó la vida de miles de niñas, adolescentes y jóvenes como Aurelia, María Luisa, Ana María o Mercedes.

No es un invento franquista ni desaparece con la dictadura. Entre 1902 y 1931, operó el Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas, cuyo propósito inicial era prevenir la explotación sexual de las mujeres, pero terminó transformándose en una institución que castigaba y condenaba a aquellas que se apartaban de las normas establecidas. La llegada de la II República española, en 1931, trajo consigo la creación del primer Patronato de Protección a la Mujer con la esperanza de implementar cambios que nunca llegaron a concretarse. En tan solo cuatro años, sus responsabilidades fueron asumidas por el Consejo Superior de Protección de Menores y, ahí quedó el Patronato, en un limbo, hasta aquel jueves, 6 de noviembre, de 1941.

Tras la derrota y desarme del gobierno republicano, el "Gobierno Nacional del Nuevo Estado" declaró encontrarse ante instituciones en "ruinas morales y materiales". Primero, lo atribuyeron al laicismo y, después, al desenfreno marxista. Para "eliminar tan triste herencia", entre otras cosas, pusieron a Carmen Polo, esposa del dictador, a cargo de un organismo que, sobre todo, se caracteriza por su opacidad. A partir de entonces, catolicismo y contención. El cargo de Polo, qué duda cabe, era simbólico.

Salvar a las buenas mujeres

El Patronato tenía encomendada una "obra nacional" en "aras del mejoramiento moral de las costumbres", "base del engrandecimiento" de la patria. Había que sanear, a toda costa, la moral pública. En El Patronato de Protección a la Mujer: Prostitución, Moralidad e Intervención Estatal durante el Franquismo, la historiadora Carmen Guillén Lorente asegura que, tras un "escueto eslogan", se escondían "una pluralidad de competencias: abortos, homosexualidad, uso de estupefacientes, vigilancia de cines, bares y bailes, matrimonios y natalidad. A la cabeza de todos ellos se erigía el problema de la prostitución".

La dictadura franquista, el periodo histórico que sumió a España en un gran silencio durante cuarenta años, no tuvo siempre la misma postura respecto a la prostitución. Un decreto del 27 de mayo de 1941 derogó el decreto abolicionista republicano de 1935. No hicieron en la norma referencia alguna a la prostitución, ni se estableció ningún criterio común para el tratamiento de los burdeles. La situación quedó en manos de las instituciones provinciales. La dictadura de Francisco Franco mostraba así su primera postura ante la prostitución: era un mal incontrolabe y lo mejor era asumirlo. La existencia de las prostitutas fortalecía la imagen de la buena mujer –en contraposición a la puta– y garantizaba que el macho español pudiera desarrollar sus instintos sexuales sin dañar la reputación de las señoras de bien.

En 1956, la entrada de España en Naciones Unidas y la influencia de ciertos sectores católicos provocaron un cambio que condujo al franquismo a adoptar medidas similares a las que se habían promovido durante la II República. De esta manera, con el objetivo de "preservar la dignidad de la mujer y en aras del bienestar moral de la sociedad", se estableció que la prostitución sería considerada tráfico ilícito. La misma normativa determinaba que la "reeducación y readaptación social" de las trabajadoras sexuales estaría a cargo del Patronato de Protección a la Mujer, al que se le encomendaba la "creación, fomento y coordinación" de centros destinados a facilitar la transición de estas mujeres hacia "empleos convencionales, acordes con la naturaleza femenina".

Las miserables

Algo que tampoco era acorde a la naturaleza femenina era el lesbianismo. En varios informes consultados del centro de San Fernando de Henares, en Madrid, regentado en la última época por las Cruzadas Evangélicas, se pedía el traslado a un centro psiquiátrico de jóvenes que, según su dictamen, presentaban "graves trastornos de conducta con tendencias homosexuales" o "síntomas de tipo homosexual". El psiquiatra Guillermo Rendueles Olmedovtrabajó en el psiquiátrico de Ciempozuelos, al que eran trasladadas algunas mujeres acusadas de lesbianismo que estaban tuteladas por el Patronato en el centro ciempozueleño. Ha asegurado en una entrevista que las lesbianas eran "vigiladas a sangre y fuego".

La misión del Patronato consistía en salvaguardar la moral de mujeres entre los 16 y 21 años aunque, en circunstancias excepcionales, la mayoría de edad podía ampliarse a los 25 y se han encontrado expedientes de mujeres muchísimo más mayores. Las jóvenes podían ser encomendadas al amparo del Patronato por decisiones judiciales, intervenciones de particulares, a petición de las familias o de las propias mujeres que, en ocasiones, no encontraban ninguna otra alternativa; por detenciones policiales o a propuesta, primero, de las celadoras y más tarde, de las visitadoras sociales vinculadas al Patronato.

Las lesbianas eran "vigiladas a sangre y fuego

Las celadoras eran mujeres capacitadas específicamente para su rol, que no pertenecían a ninguna orden religiosa pero habían podido documentar su religiosidad. Según la investigación de Carmen Guillén Lorente, recibían una formación exhaustiva de más de cien horas, que abarcaba áreas como religión, moral, psicología, educación, medicina, higiene social, legislación del trabajo, legislación de la asistencia y derecho. Tenían que cumplir, cómo no, algunos requisitos: ser, salvo excepciones, mayores de 30 años, gozar de una moral intachable y, por supuesto, mostrarse afines al régimen. Sus funciones eran, principalmente, tres: señalar a chicas problemáticas, vigilar a las que estaban en régimen de semilibertad y acompañar a las internas en los traslados. Una práctica habitual era sacar a las mujeres de sus lugares de origen o trasladarlas de un centro a otro cuando causaban problemas o establecían vínculos de confianza entre ellas. Algunas de las supervivientes recuerdan todavía los números de teléfono fijos de sus compañeras: "Si consigo salir, te llamaré". A partir de la década de 1970, las celadoras fueron reemplazadas por las visitadoras sociales, un equipo compuesto exclusivamente por mujeres religiosas.

El C.O.C.

Del propio Ministerio de Justicia derivaba la Junta Nacional del Patronato y, de ella, la comisión permanente, primero; y la secretaría general, después. En cada capital de provincia se creó una junta provincial y, en algunos territorios, se constituyeron también juntas locales. En estos casos, el alcalde hacía las veces de presidente. La junta ratificaba la decisión de la secretaría y, entonces, las jóvenes eran sometidas a una evaluación médica: ¿Sana o insana? ¿Bien hallada o miserable? ¿Moralmente instruida o ignorante? Atención. Juicio. Síntesis. Análisis. ¿Edad mental? ¿Edad cronológica? A partir de entonces, todo quedaba en sus manos y, luego, el silencio.

El análisis servía para determinar el grado de peligro que corría cada una de ellas y para derivarlas al centro más adecuado. La historiadora Carmen Guillén Lorente ha elaborado un cuadro de clasificación en el que se recoge que existían distintos tipos de centros: según el régimen económico (propios, colaboradores, auxiliares) y según el régimen de internamiento (prevención, rehabilitación y reeducación, centros maternales y centros de vigilancia tutelar).

Los centros de rehabilitación y reeducación siempre eran centros de internamiento y los de prevención se dividían, a su vez, en reformatorios de régimen semiabierto en los que se distribuía a las mujeres en casas de familia o hogares-taller. Para decir un destino u otro, las muchachas tenían que ser inspeccionadas antes en los Centros de Observación y Clasificación (C.O.C). El primero se crea en 1961, en Madrid.

En Ruega por nosotras, la investigadora Consuelo García del Cid, no titubea: "Eran cárceles". Y cuenta: "Las habitaciones eran celdas, comían con cubiertos de plástico y estaban controladas por las monjas todo el tiempo. El proceso se desarrolla exactamente igual que el aplicado a los delincuentes, solo que bajo un entramado penitenciario distinto, casi oculto, en manos del Patronato". Entre otras cosas, una prueba ginecológica trataba de averiguar si habían tenido relaciones sexuales con penetración: "Completa" o "Incompleta", rezan algunos informes.

Hay constancia, al menos, de la existencia de este tipo de centros en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Las Palmas. Este último, de hecho, se inauguró a bombo y platillo en abril de 1974. Celebraban la apertura porque así, dicen, podrían estudiar a las jóvenes para conocer cuáles eran sus problemas "familiares, psicológicos e incluso psíquicos". Hasta entonces, para poder hacer esos análisis, las jóvenes canarias eran trasladadas a la Península.

Una encrucijada

Estudiar el alcance del Patronato de Protección a la Mujer te expone ante un gran laberinto. Es una de las instituciones más longevas del franquismo aunque su desaparición se produjo en 1986. La falta de documentación no ayuda, pero, además, es que durante toda su existencia sufrió modificaciones difíciles de rastrear a veces. En 1952, de hecho, la dictadura decidió ampliar sus funciones y, entonces, los internamientos se dispararon y el Patronato empezó a disfrutar de una "total autonomía y personalidad jurídica", en palabras de la historiadora Ana María Montero Pedrera.

A pesar de los grandes avances que se han llevado a cabo en los últimos años en lo que a la investigación del Patronato se refiere, las dificultades para acceder a la documentación siguen siendo flagrantes. En 1964, el archivo del Patronato estaba en el Gobierno Civil de Toledo, pero todo se perdió con un incendió, originado por una chimenea de calefacción, el 7 de febrero de ese año. Parte de la documentación que quedaba se perdió en la década de 1990 por deficiencias en los locales de conservación habilitados. En concreto, por una inundación en 1996. En la actualidad, algunos Archivos Históricos Provinciales conservan pequeños fondos.

La dictadura de Francisco Franco cambio de postura respecto a la prostitución

En los últimos años de la dictadura y ya con la llegada de la democracia, el Patronato de Protección a la Mujer aún enfrentaba grandes desafíos. Un político "demócrata cristiano de pura cepa", Jaime Cortezo, asumió la presidencia en 1978 con la aspiración de introducir cambios significativos. Expresó ante la prensa su compromiso de modernizar la institución para que pudiera "ser de verdadera ayuda para las mujeres sin adoptar actitudes paternalistas". A pesar de sus declaraciones y de su intención de transformar el Patronato en el Instituto de Promoción de la Mujer, aquello quedó en nada. Aunque presentó un borrador de un anteproyecto de ley para derogar la legislación existente y se planteó la posibilidad de eliminar las órdenes religiosas de la gestión de los centros, la propuesta definitiva no incluía la exclusión total de las monjas aunque se afirmaba que se prescindiría de conceptos morales religiosos. Hubo algunos cambios importantes: un decreto de noviembre de 1978 permitió que las mujeres mayores de 18 años abandonaran los centros del Patronato si así lo deseaban, aunque muchas de ellas mantuvieron su encierro ante la falta de oportunidades que había para ellas fuera.

La lucha por la desaparición del Patronato ya formaba parte entonces de la agenda del incipiente movimiento feminista del Estado español. Entonces, la revista de referencia era Vindicación Feminista, que en 1977 publicó el reportaje Patronato de protección a la mujer: fábrica de subnormales. El Patronato trató de secuestrar el número en el que las internas contaban cómo imitaban "los gestos y la voz de niñas de doce años" y fingían "caprichos infantiles" para ser premiadas con "muñecas y caramelos". Una de las encargadas del centro del Buen Pastor, gestionado por las adoratrices, declaraba a la periodista Magda Oranich: "Yo conozco mejor que cualquier psiquiatra a estas niñas. Yo las interrogo, las aconsejo y las medico. Solo en muy contados casos es preciso darles electroshock". Más tarde, las responsables aseguraron que el reportaje había sido escrito con muy mala baba.

En septiembre de 1983, una tragedia devolvió al Patronato a los medios. Inmaculada Valderrama, una joven de 15 años, perdió la vida en el reformatorio madrileño de San Fernando de Henares. Al parecer, según dijeron, intentó escapar amarrando varias sábanas para descender por la ventana, pero el intento resultó fatal. La atención mediática se centró en cuestionar la administración que hacían las Cruzadas Evangélicas de centro. Enrique Miret, entonces presidente del Consejo Superior de Menores, al visitar el lugar, denunció la existencia de "celdas de castigo" disfrazadas como "salas de reflexión y catarsis". Describió estas celdas como espacios acolchados con plástico blanco, cerrados con puertas blindadas y con aspilleras en lugar de ventanas. Además, señaló la presencia de funcionarios provenientes de cárceles de adultos cuya única preocupación era evitar las fugas. A partir de ese momento y hasta 1986, las funciones y servicios del Patronato de Protección a la Mujer se fueron transfiriendo gradualmente a las comunidades autónomas.