Definitivamente y como le gusta decir a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "hoy España es un país mejor". Muchas personas son ajenas a la realidad laboral que aún pervive en nuestro país, esa en la que un trabajador o trabajadora ignora cuántas horas trabajará a la semana o, incluso, si al día siguiente o esa misma tarde recibirá una llamada reclamándola por su empleador. Eso se acabó. La jornada, el salario y los registros horarios deberán figurar por escrito, sin que el empresario pueda reducir unilateralmente ni el tiempo de trabajo ni su remuneración.
A pesar de las reticencias de PSOE, su socio de coalición Sumar le ha ganado el pulso y ayer se anunciaba esta medida tras el Consejo de Ministros. Más allá de evidenciarse que Podemos no es una condición sine qua non para seguir conquistando avances sociales, estas medidas acaban de una vez por todas con esos contratos de cero horas. "Se prohíben los contratos a llamada", afirmó la vicepresidenta segunda, plantando de este modo a ese empresariado que todavía a día de hoy practica esta fórmula de explotación laboral.
Durante mucho tiempo se nos ha vendido que los contratos de cero horas eran ideales para estudiantes, trabajado por ejemplo en cadenas de comida rápida. Una mentira más que el capitalismo depredador pretendía instalar en la sociedad para seguir sometiendo a la clase trabajadora que, en muchos casos, había de simultanear varios empleos precarios y, con todo, sin lograr escapar del umbral de la pobreza. Esta precariedad se cebaba especialmente con las mujeres (trabajos de limpieza, cuidados...), lo que en última instancia deriva en unas futuras pensiones absolutamente insuficientes.
A partir de ahora, una obviedad tal como que las condiciones esenciales del trabajo estén perfectamente descritas en el contrato será una realidad. No es algo baladí, pues España tiene una economía dependiente del turismo que se presta especialmente a estas malas prácticas. Tanto es así que recientemente y durante la celebración de FITUR, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado (PP), vendía las bondades de su tierra asegurando que "a diferencia de lo que sucede en el norte, en Málaga te dan de comer a cualquier hora".
Esta normalización de la precariedad que se oculta tras la afirmación de Salado es tan despreciable y falaz como su otro argumento de venta como destino, que en esta región se trata mejor al turista que en otras partes de España. La hostelería es uno de los hábitats naturales de las condiciones laborales que ahora estarán prohibidas por ley, mal que le pese a Salado y quienes consumen sin pensar en la explotación que promueven.
La buena noticia, además, es que la clase trabajadora cada vez se arruga menos, incluso, en los casos en los que su situación personal es dramática y depende del trabajo por precario que sea. Así se desprende de las más de 10.223 inspecciones y 3.520 infracciones que Inspección de Trabajo realizó a partir de denuncias ciudadanas anónimas en 2022. Un total de 17 millones de euros en sanciones, un 87% más respecto que los nueve millones recaudados en 2021, que son una llamada de atención para ese empresariado que abusa del trabajador o trabajadora. (En este enlace se puede acceder al buzón anónimo de la Inspección de Trabajo).
Esta es la senda a seguir, esto es, una legislación que proteja nuestros derechos fundamentales –también se han endurecido las sanciones por incumplimiento- y una mayor conciencia obrera que recupere la dignidad que una parte del empresariado nos quiso arrebatar, escudándose en que es él quien genera riqueza. Otra falsedad, pues el único elemento esencial en la cadena de valor es la persona trabajadora, no el empresario. No hay producción ni servicio sin trabajador o trabajadora, pero sí sin empresario, como buena prueba de ello son las cooperativas. Defender los derechos laborales es querer un país mejor; lo contrario, saquearlo.