Miles de toneladas de piedra, extraídas de una cantera de la provincia de Málaga y transportadas a toda prisa en cientos de viajes de camiones, para un relleno urbanístico en la costa oriental de Gibraltar que prohíben un real decreto español y directivas ambientales de la UE. Podría ser el argumento de una película de suspense, pero es algo más terrenal: un conflicto de calado internacional en el que se hallan en juego zonas especialmente protegidas e incluso patrimonio cultural e histórico, sobre el que ha abierto diligencias la Fiscalía tras la denuncia de la asociación Verdemar-Ecologistas en Acción.

Las piedras son extraídas de una cantera de la empresa Votorantim Cimientos, situada en la Sierra de la Utrera del municipio malagueño de Casares. De la explotación minera ya han salido, según Verdemar, más de 30.000 toneladas de escollera transportada por carretera hasta Gibraltar, territorio de Gran Bretaña, país que no forma parte de la UE desde el brexit, y limítrofe con La Línea de la Concepción, localidad de la provincia de Cádiz, con uno de los índices de paro más altos de España.

Esas piedras de escollera se utilizan para un relleno en la costa oriental del Peñón, protegida dentro de la Red Natura 2000 comunitaria y por un real decreto de 2012 del Gobierno español, que prohíbe expresamente la ganancia de terrenos al mar para evitar alteraciones de los hábitats en una zona exclusiva, la única conexión natural entre el Mediterráneo y el Atlántico. En ese enclave es donde se está construyendo un gran proyecto turístico, que incluye un puerto deportivo para grandes yates y otras embarcaciones, 1.300 unidades residenciales y un hotel con 200 habitaciones.

El proyecto, denominado Eastside, lo ejecuta la empresa TNG Global, que asegura en su página web de promoción que en 2021 llegó a un acuerdo con el Gobierno de Gibraltar para recuperar la costa oriental del Peñón con una obra con la que prevé reportar a la comunidad gibraltareña cerca de 400 millones de euros. Hacia allí se dirigen a toda pastilla cada día, según el presidente de Verdemar, Antonio Muñoz, un gran número de camiones que descargan las piedras con las que se va ganando terreno al mar a marchas forzadas, antes de que alguna autoridad impida que continúe ese trasiego para una obra prohibida por la normativa española y la comunitaria.

La asociación ecologista presentó el pasado 1 de octubre la primera denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que luego ha ampliado hasta en dos ocasiones al encontrar nuevas supuestas irregularidades en unos hechos a los que, casi dos meses después, nadie ha puesto aún coto. Verdemar Ecologistas en Acción Campo de Gibraltar denuncia expresamente que el relleno con piedras de una cantera de la provincia de Málaga puede estar infringiendo el Real Decreto 1620/2012 de 30 de noviembre, por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria Estrecho Oriental de la región biogeográfica de la Red Natura 2000.

Los rellenos están prohibidos en toda la zona

En la exposición de motivos del decreto se precisa que el espacio marítimo protegido se localiza en la parte este del Estrecho de Gibraltar, que coincide con el lugar donde se está construyendo el proyecto turístico de Eastside, una zona que alberga "una gran riqueza biológica con especies tanto mediterráneas como atlánticas" y que destaca por su importancia como corredor migratorio para numerosas especies de interés.

"La creciente pérdida de calidad de sus aguas, la alteración de los hábitats y la afección a las poblaciones de especies marinas allí presentes, la ganancia de terrenos al mar, la contaminación derivada de vertidos de hidrocarburos o los impactos del intenso transporte marítimo, son algunas de las presiones a las que está sujeto este espacio marino protegido", se advierte en el real decreto. Y en su punto 4 prohíbe explícitamente en toda esa zona "ganar terrenos al mar mediante rellenos con materiales extraídos del fondo marino del espacio protegido o de cualquier otra procedencia".

En la denuncia presentada ante la fiscalía, Verdemar detalla, además, que los rellenos de la costa oriental de Gibraltar que se utilizaban como escombrera pueden contener también "miles de metros cúbicos de materiales peligrosos", y recuerda que en esa zona ya se han construido edificios de gran altura, las Torres Hassan Centenary, sin que todavía se depuren las aguas residuales que se vierten en un espacio protegido de la Red Natura 2000.

Según ha informado a Público la Fiscalía General del Estado, su Unidad de Medio Ambiente ha remitido la denuncia de la organización ecologista a la Fiscalía provincial de Cádiz para que haga las "diligencias oportunas" en relación a los hechos que se detallan en la demanda.

Pero Verdemar no se ha limitado a presentar la denuncia ante la fiscalía. También ha puesto los hechos en conocimiento del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España y de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, administraciones que se pasan la pelota una a otra respecto a quién le corresponde actuar en este caso. También se ha puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha asegurado a Público que España ha protestado "reiteradamente por las acciones de relleno y modificación de la costa que Gibraltar realiza en aguas territoriales españoles, cada vez que éstas se han producido"

Según las fuentes oficiales de Exteriores, las protestas se han hecho por escrito en numerosas ocasiones, porque se trata de acciones contrarias al Derecho Internacional e implican una vulneración de las normas españolas y europea de protección del medio ambiente.

El Gobierno de España no ha dado permiso

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en una carta remitida a Verdemar por su subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina a principios de octubre, afirma que no le consta la existencia de permiso alguno otorgado o informado por esa administración para la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre en la Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental frente a las costas de Gibraltar. No obstante, el ministerio considera que el asunto le compete a la Junta de Andalucía, porque desde 2011 tiene transferidas las competencias de ordenación y gestión del litoral, y dice que es a ella a la que debe dirigirse Verdemar.

Pero la Administración andaluza no lo ve así. A preguntas de este periódico, fuentes de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta han asegurado que en relación a los rellenos que se están acometiendo en la costa de Gibraltar "la responsabilidad recae en la Administración General del Estado".

"La Junta de Andalucía no ha otorgado concesiones ni autorizaciones para la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Estrecho Oriental", subraya la consejería, que añade: "la Junta de Andalucía es competente en la tramitación e imposición, en su caso, de sanciones de incumplimiento del condicionado de las autorizaciones o de las concesiones que otorga. La tramitación e imposición, en su caso, del resto sanciones, como las derivadas de ocupación del DPMT sin título, es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tal como confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su sentencia del 25 de marzo de 2021".

Según la Junta, las autorizaciones administrativas y la emisión de los informes previstos en la regulación de usos y actividades de la ZEC Estrecho Oriental es competencia de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de Transición Ecológica, y,
por tanto, corresponde a la Administración General del Estado adoptar las medidas pertinentes para abordar esta situación.

En su respuesta a Verdemar, Transición Ecológica ha comunicado también que está analizando con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Oficina de Asuntos de Gibraltar, las actuaciones administrativas y judiciales proyectadas o realizadas para poner fin a los hechos denunciados. Y el presidente de la asociación ecologista asegura que se reunió en Madrid con el propio ministro, José Manuel Albares, a quien informó de lo que estaba sucediendo con el relleno en la costa oriental del Peñón

"Me dijo (Albares) que estaban intentando parar la entrada de las escolleras en Gibraltar, aunque era muy difícil, porque se trata de una mercancía", ha manifestado a Público Antonio Muñoz. "Todo esto lo hemos denunciado ante la UE y siempre nos remiten a España y España nos remite a Andalucía, y así estamos", se lamenta el dirigente ecologista.

Aceleración de las obras en un “momento muy delicado”

El profesor de Derecho Internacional Público en el Campus de la Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz, Jesús Verdú, conoce bien el tema, no en vano se doctoró con una tesis sobre "las controversias de Gibraltar y su incidencia en el medio ambiente" de esa parte de la provincia gaditana. Y el caso de este último relleno de la costa oriental del Peñón le llama mucho la atención en dos ámbitos: el político y el jurídico.

En lo político, Verdú destaca que los rellenos se estén acelerando precisamente en un momento "muy delicado" de las negociaciones que se llevan a cabo sobre el estatuto europeo de Gibraltar, tras la salida de Gran Bretaña de la UE. "Parece que no está basado en la buena fe, parece que hay hostilidad, una política de hechos consumados", dice el profesor a este periódico.

Y en lo jurídico, Verdú subraya que tanto el derecho europeo, con la directiva Hábitat de la Red Natura 2000, como el español, con el Real Decreto 1620 de 2012, prohíben esas obras de relleno en la costa oriental de Gibraltar. "Más allá de declaraciones del ministro, parece que hay miedo o debilidad en la política exterior española. No están actuando con la diligencia esperable y como mínimo hay una incoherencia. Es la sociedad civil, una asociación ecologista, la que ha tenido que exigir que se cumpla la ley, cuando tendría que ser la administración española la que lo hiciese, porque se trata de un caso de política exterior del Estado", sostiene el profesor.

A juicio de este experto en Derecho Internacional Público, el proyecto de las obras de relleno tendrían que haberse sometido a un estudio de impacto ambiental transfronterizo, porque pueden afectar a la dinámica litoral, a la pérdida de arena en las playas limítrofes de la parte española, a la pesca y al turismo en una localidad como La Línea, que, además, arrastra grandes problemas sociales y económicos sin que nadie se acuerde de ella. "Y esas obras se están consolidando a un ritmo muy elevado, de modo que nos vamos a encontrar con una política de hechos consumados y un impacto ambiental profundo", reprocha Jesús Verdú.

Aumenta el trasiego de camiones

Mientras unas administraciones y otras debaten a quién le corresponde actuar, los camiones siguen saliendo de la cantera de Casares, cada vez en mayor número y más cargados de piedras para Gibraltar, según ha detallado la asociación Verdemar en su ampliación de la denuncia ante la fiscalía. En la segunda que presentó el pasado 28 de octubre afirma que "posiblemente la cantera de la Sierra de la Utrera se ha extralimitado en su radio de explotación y de las correspondientes autorizaciones ambientales". Y en la tercera que registró el 14 de noviembre afirma que "puede estar extrayendo áridos fuera del perímetro de las coordenadas concedidas".

"Las emisiones de partículas en suspensión llegan a kilómetros a la redonda y se dispersan por la autopista de la Costa del Sol, poniendo en peligro incluso a los conductores. Al pasar por el peaje, se impregna la boca de polvo en suspensión procedente de la cantera", asegura Verdemar en su denuncia.

Según la asociación ecologista, el impacto ambiental causado por el incesante trasiego de camiones contraviene el artículo décimo del Real Decreto 1131/1988, que ordena que se diferencien los efectos simples de los acumulativos y sinérgicos en la valoración de los impactos de una actividad, en este caso, la de la cantera de la que se extraen las piedras.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta ha asegurado a este periódico, sin embargo, que su Delegación en la provincia de Málaga no ha encontrado ninguna irregularidad en la cantera denunciada, después de haber enviado inspectores hasta en tres ocasiones para analizar el impacto de la actividad de esa empresa.

Por su parte, el Ayuntamiento de Casares, gobernado por IU, ha señalado que la cantera cuenta con la autorización ambiental de la Dirección General de Minas de la Junta de Andalucía y que el consistorio dispone desde 2018 de un Plan Especial que protege toda la zona norte de la sierra, a fin de limitar el desarrollo de la cantera y ofrecer más garantías para la conservación y cuidado del entorno de la cueva del Gran Duque, entre otros enclaves.

Según el ayuntamiento, a través del Plan Especial ha exigido, además, que se desarrolle una tecnología que permita la explotación sin emisión de polvo en la cantera, un aspecto que ha sido controlado por la Junta de Andalucía en diferentes estudios.

Riesgo para cuevas prehistóricas

En su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, Verdemar advierte de que la Sierra de la Utrera y sus hábitats corren peligro con la actividad de la cantera, y resalta el impacto que pueden sufrir los "importantes yacimientos arqueológicos que evidencian la presencia en la zona de comunidades durante el Paleolítico inferior, hace más de 200.000 años".

Según Verdemar, en esa zona situada entre Casares y Manilva hay catalogadas más de 92 cuevas prehistóricas con vestigios del Mesolítico y el Neolítico y representaciones de arte rupestre, por lo que el llamado Sistema Subterráneo de las Hediondas fue declarado Bien de Interés Cultural en 2014.

En la carta de respuesta a la asociación ecologista, el Ministerio de Transición Ecológica le comunicó que daba traslado a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía de su denuncia sobre "la posible afección del trasiego de piedra de escollera" a una zona declarada Bien de Interés Cultural. Sin embargo, preguntada al respecto por este periódico, esa consejería no ha dado ninguna respuesta.

A la asociación Verdemar tampoco le ha respondido el presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, a quien le envió hace semanas un escrito detallando todas las supuestas irregularidades que se están cometiendo con la extracción de piedra en la cantera de Casares y su traslado a Gibraltar para un relleno que incumple las normativas comunitaria y española. "Se les llena la boca cuando hablan del patriotismo y Gibraltar, pero luego no hacen nada", se lamenta Antonio Muñoz.