Líbano, un país que vive en ebullición permanente, asiste estos días a un nuevo drama protagonizado por la embajadora estadounidense en Beirut. Dorothy Shea concedió la semana pasada una entrevista en la que arremetió con dureza contra Hizbolá, la influyente formación chií presente en el parlamento y decisiva para el sostenimiento del precario Gobierno.

La injerencia de Estados Unidos en la política interior libanesa es proverbial y antigua. Antes ocurría lo mismo con el embajador de Francia, pero la grandeur de París no es la misma que fue en su momento. En cambio, los embajadores americanos constituyen una referencia constante en la política libanesa, y muchos libaneses a menudo no sabrían decir si defienden los intereses de su país o los de Israel.

Hace algunos años, cuando se fundó Al Akhbar, un diario progresista afiliado con Hizbolá, su director dijo que su aspiración básica consistía en sacudir cada mañana el sillón del despacho del embajador de Estados Unidos en Beirut, y esto es algo que sigue ocurriendo a pesar de que la influencia del embajador de Estados Unidos es enorme, superior a la de muchos ministros y en ocasiones superior a la del primer ministro o el presidente.

Para un occidental es difícil hacerse una idea de la autoridad de los diplomáticos americanos en varios países de Oriente Próximo. Valga como ejemplo el caso de quien fuera embajador en Damasco entre 2010 y 2014, Robert Ford, quien recorría Siria de norte a sur incitando a la población a rebelarse contra el gobierno de Bashar al Asad, y que de esta manera allanó el camino para la guerra civil.

En la entrevista de la semana pasada, Dorothy Shea acusó a Hizbolá de desequilibrar Líbano. En realidad, como la embajadora dijo unas horas después es lo mismo que han dicho los embajadores americanos durante años, así que no había nada de nuevo en sus palabras. Pero se produjo una reacción inesperada a cargo de un juez menos de 24 horas después de la polémica entrevista.

El juez Muhammad Mazeh, de la ciudad sureña de Tiro, y de religión chií, como Hizbolá, ordenó a la embajadora que dejara de hacer declaraciones y al mismo tiempo amenazó con imponer una multa de 200.000 dólares a cualquier medio libanés que la entrevistara. El juez fundamentó su decisión en la Convención de Viena que estipula los derechos y obligaciones del cuerpo diplomático para con los países anfitriones en todo el mundo.

Según el juez, con sus palabras, Dorothy Shea "se desvió de las normas diplomáticas habituales reconocidas en los tratados internacionales y en la Convención de Viena", puesto que "ofendió los sentimientos de muchos libaneses y alteró al pueblo libanés". "Un extranjero no tiene derecho a excitar el sectarismo y las tensiones políticas en el país, arriesgando su paz civil. Al contrario, el deber moral de un diplomático es respetar el país donde trabaja".

El dictamen del juez causó una enorme tempestad desde el minuto uno. Políticos de todo el arco parlamentario reaccionaron en función de sus propios intereses, defendiendo a la embajadora o al juez, y numerosos medios de comunicación solicitaron entrevistas a la embajadora, quien no se cortó nada y siguió declarando en los mismos términos que en la polémica entrevista, poniendo en un nuevo aprieto al gobierno y al sistema judicial. Mientras la izquierda y la minoría chií justificaron la decisión del juez, la derecha dijo defender la “santidad” de la libertad de expresión.

El diario Al Akhbar denunció la creciente "interferencia" de Estados Unidos en la política local, con una embajadora que incita contra la paz civil sirviéndose de políticos y medios locales para poner a unos libaneses contra otros. No solo eso, sino que Dorothy Shea también estaría detrás de la crisis económica al impedir que lleguen dólares al mercado libanés, lo que está causando el desplome de la libra y enormes problemas económicos.

Cuando la embajadora dijo que "Hizbolá amenaza la estabilidad libanesa e impide una solución económica", ignoró que Hizbolá representa a una parte considerable de la población, y que en términos de votos es el partido con mayor respaldo. Hizbolá y sus aliados controlan el parlamento y por lo tanto el gobierno. El hecho de que Estados Unidos considere que Hizbolá es una "organización terrorista" no exime a la embajadora de respetar la Convención de Viena y sigue teniendo la obligación de no interferir en los asuntos internos del Estado.

Los defensores de Dorothy Shea presentan la crisis como una cuestión de libertad de prensa. La propia embajadora, en las entrevistas de los últimos días, ha dicho que el gobierno le ha pedido disculpas por la decisión del juez de Tiro y asegura que ha recibido garantías de que la decisión de los tribunales pronto se revertirá y no tendrá consecuencias.

Profundamente divididos en dos bloques, los libaneses se preguntan acerca de la trascendencia del embrollo. Hizbolá y sus seguidores argumentan que el gobierno no debe dar carta blanca a los diplomáticos extranjeros, es decir a la embajadora de EEUU, para que ate y desate a su antojo en la política interior libanesa, aunque no creen que sus palabras tengan repercusiones decisivas con respecto a Hizbolá.

El problema de fondo sigue siendo el mismo que durante las últimas décadas. Una parte de la población es partidaria de una intervención directa de Occidente en el escenario libanés. Son los que apoyan a la embajadora estadounidense. Pero por otra parte, por lo menos la mitad de la población, quiere buscar una solución al conflicto civil sin recurrir a los extranjeros. Esta parte está en contra de la embajadora. En el actual contexto libanés, no hay ninguna indicación de que las cosas se vayan a resolver ni por la vía de la fuerza ni por la del diálogo.