El Parlamento turco ha aprobado este sábado una controvertida ley sobre los colegios de abogados, criticada por un gran número de letrados por considerar que tiende a socavar su independencia, mientras que la oposición asegura que contradice la Constitución del país.

Si hasta ahora solo podía existir un colegio de abogados por provincia, al que se debían afiliar obligatoriamente los letrados, la nueva disposición permite crear varios colegios paralelos en las provincias con más de 5.000 abogados registrados, siempre que cada uno obtenga al menos 2.000 afiliaciones.

En la práctica, esto afectará únicamente a las tres mayores urbes turcas -Estambul, Ankara y Esmirna- que juntos suman más de 70.000 afiliados, lo que permitiría crear hasta 30 colegios paralelos en lugar de los tres actuales, que por su número de miembros dominan la federación nacional.

La ley fue adoptada esta madrugada con 251 votos a favor de los diputados de la coalición formada por el gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP, islamista) y el ultranacionalista MHP, y 161 votos en contra de las formaciones opositoras.

Al igual que éstas, 80 asociaciones de abogados provinciales del país y la Unión de Colegios de Abogados de Turquía (TBB) se habían manifestado previamente en contra de la controvertida ley por dar luz verde a la creación de organismos paralelos con diferentes tendencias políticas, que amenazan con debilitar y politizar este estamento de la Judicatura.

Además, en la normativa impulsada por el AKP del presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, ven la intención de controlar aún más el sistema judicial, ya muy politizado, al buscar, mediante la fragmentación de las asociaciones, reducir la influencia de los togados.

El AKP ha defendido su iniciativa como un paso hacia "un sistema judicial más democrático y pluralista al aumentar la representación de los abogados de los distritos menos poblados".

El socialdemócrata CHP, la principal formación opositora, arguyó, al justificar su voto en contra, que la ley "institucionaliza la participación de los colegios de abogados en la política", con el riesgo de que las decisiones de los letrados estén más supeditadas a "opiniones políticas y cuestiones étnicas o religiosas".

Otro aspecto criticado es que se otorga al Gobierno mayor control en la elección del presidente de los colegios de abogados al reducir la influencia de las grandes ciudades en la distribución de los delegados en la TBB.

De hecho, la normativa favorece la reelección en diciembre del actual presidente de esa Unión, una persona favorable al AKP.

Fue el propio Erdogan quien anunció en mayo su intención de modificar la ley, después de que varios colegios de abogados criticaran por "incitación al odio" a Ali Erbas, jefe de la Diyanet, un organismo público equivalente a un Ministerio de la Religión.

Erbas había condenado como "causante de enfermedades" la homosexualidad y el sexo sin matrimonio, prácticas legales en Turquía, causando un escándalo.

Por otro lado, la proliferación de pequeñas asociaciones amenaza con mermar la fuerte defensa de los derechos humanos que han liderado hasta ahora los principales colegios de abogados turcos.

En los días previos se han sucedido protestas callejeras de los letrados, que se espera que continúen, mientras que el CHP ha anunciado que llevará la ley ante el Tribunal Constitucional por considerar que contradice la Carta Magna.