Un solicitante de asilo contra Frontex: por primera vez una víctima del sistema migratorio europeo denuncia a la agencia

Un mensaje llega a la Estación de Radio Costera de Trípoli (Libia): se ha detectado una embarcación en situación de emergencia en sus aguas y, según el derecho marítimo internacional, es responsabilidad de sus autoridades socorrer a los navegantes. El emisor de la alerta es Frontex, la agencia europea encargada de controlar las fronteras exteriores de la Unión Europea, que en esos momentos se encuentra monitoreando el Mediterráneo central. En los últimos tres años, Frontex ha enviado alrededor de 2.200 notificaciones de este tipo a Libia, según demostró recientemente una investigación periodística de varios medios coordinada por Lighthouse Reports. Gracias a esas alertas, sus autoridades y las milicias armadas que allí operan han detenido a miles de personas que trataban de alcanzar Europa.

Sin embargo, "socorrer" a una embarcación en situación de emergencia es un concepto que parece tener una acepción diferente en el país norteafricano. Allí se materializa en maltrato, tortura, abuso sexual e, incluso, asesinato de las personas que migran. Estas prácticas han quedado en numerosas ocasiones demostradas por organizaciones internacionales.

X.Y., sudanés de 29 años, también las conoce. Sabe que es sólo cuestión de tiempo que le toque vivirlas en sus propias carnes. Llegó a Libia en 2019, cuando la convulsa situación de su país ya anunciaba la sangrienta guerra civil que, desde su estallido en abril de 2023, ha acabado con la vida de decenas de miles de personas y ha desplazado por la fuerza, tanto fuera como dentro del país, a alrededor de 8,5 millones de personas, según cifras de ACNUR. Esto equivale, prácticamente, a toda la población que vive en Andalucía.

Volver no es una posibilidad, por eso ACNUR concedió a X.Y. el certificado de solicitante de asilo. Esta carta es el paso inicial para obtener el estatus de refugiado. Sin embargo, Libia no cuenta con infraestructuras operativas para llevar a cabo este proceso. Sus cárceles y centros de detención para migrantes son la arquitectura de una necropolítica dócil a los intereses europeos. Si se queda, este joven sudanés quedará engullido por ella. Si decide embarcarse a Europa, sabe que Frontex lo detectará y lo dejará en manos de Libia. Entre la espada y el abismo, ha decidido plantar cara a la agencia europea y llevarla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Arropado por la organización Front-LEX, que lleva años litigado contra las actuaciones de la agencia, y Refugees in Libya, una organización que denuncia las violaciones de derechos humanos cometidas contra migrantes en este territorio, X.Y. quiere prohibir a Frontex y también a los Estados miembros de la UE, que compartan la geolocalización de las embarcaciones con Libia.

"Frontex no puede "salvar" a las personas de la muerte por ahogamiento enviándolas a la muerte en un centro de detención", evidencia Iftach Cohen, jefe de Contencioso de Front-Lex. Esta no es una mera especulación. El último informe de la Misión de Libia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció que existían "motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad contra libios y migrantes en toda Libia". La Misión encontró numerosos casos de "detención arbitraria, asesinato, tortura, violación, esclavitud, esclavitud sexual, ejecución extrajudicial y desaparición forzada", que confirmaron que todas estas eran prácticas generalizada en el país norteafricano.

Este sería, sin duda alguna para los querellantes, el futuro que le esperaría a X.Y. si se embarcara hacia Europa. Pero es, por el momento, la única opción que le queda. Por eso litiga para obligar a Frontex a dejar de compartir las coordenadas de los barcos con las autoridades libias y hacer, en cambio, con otras ONG de rescate que operan en el Mediterráneo. En un futuro quizá no muy lejano, el podría estar subido en una de estas embarcaciones.

Según la carta de emplazamiento previa a la denuncia judicial enviada por las organizaciones a Hans Leijtens, director ejecutivo de Frontex desde el 2023 y al que ha tenido acceso Público "es la compartición de datos de geolocalización por parte de Frontex lo que permite la comisión de estos crímenes, haciendo a la Agencia cómplice del ataque sistemático y continuo dirigido contra los refugiados y solicitantes de asilo en el Mediterráneo Central".

Tanto es así que el fiscal de la Corte Penal de Justicia (CPJ), Karim Khan, entregó a mediados de mayo un informe de investigación al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los abusos cometidos a migrantes en Libia entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, a la par que anunció la solicitud de órdenes de detención y el inicio de un importante procedimiento judicial a finales de 2025, según informó el medio italiano Avvenire. Aunque aún se desconoce el nombre de los investigados, el propio Khan hace alusiones "a rostros conocidos de la actualidad y a las ambiguas relaciones entre algunos países europeos y Libia, empezando por Italia".

Frontex argumenta que el envío de la geolocalización a las autoridades Libias es una obligación sujeta al derecho internacional marítimo, cuyas normativas exigen dar aviso a las autoridades competentes de la situación de emergencia en la que se pueda encontrar una embarcación que navegue en sus aguas. Bajo este enfoque, enviar esta información a Libia es la única opción. Así lo explicó Leijtens a principios de este año tras ser preguntado en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE) sobre las razones por la que la agencia trasladaba la información a este país: "De nuevo, desearía poder detenerlo. (...) Pero sólo puedo trabajar con el marco que tengo y eso suena muy triste y decepcionante, también para mí, si hablo de salvar vidas. Así que no es que no queramos, sino que tenemos que hacerlo con lo que tenemos".

Sin embargo, esta no es la única obligación de Frontex. La agencia "tiene más de una obligación legal durante sus actividades, como la prohibición del refoulement, que significa, para nuestro propósito, la prohibición de "entregar" o devolver de otro modo a las personas interceptadas/rescatadas a lugares donde enfrentarán persecución o tortura. Esta obligación legal se deriva del derecho primario de la UE, que tiene una naturaleza constitucional", explica Cohen.

A esa demanda se le suma la sospecha de los querellantes de que Frontex haga un uso instrumental de la clasificación del estado de los barcos de solicitantes de asilo. Según el Manual Internacional de los Servicios Aeronáuticos y Marítimos de Búsqueda y Salvamento, son tres las fases en las que se clasifica el estado de un barco que podría requerir un rescate: fase de incertidumbre, fase de alerta y fase de emergencia. Sólo la tercera obliga a actuar de manera inmediata debido a un peligro inminente a las autoridades responsables del área en la que se encuentre el barco.

Pero ¿de qué depende que Frontex determine que un barco sea clasificado como en situación de emergencia o no? Nadie lo sabe. La agencia dice no tener procedimientos internos, aclara a Público Cohen. Es importante tener en cuenta que esta clasificación es llevada a cabo por Frontex desde el aire y que, según defiende Cohen, no establecen contacto directo con la barca en cuestión para determinar cuál es su situación.

Instrumentalización de la clasificación de emergencia

Frontex no siempre usa esta clasificación. Varias organizaciones, entre la que se encuentra la denunciante Front-LEX, cree que la clasificación como "fase de emergencia" se hace "según su ubicación geográfica, en lugar de su necesidad real de asistencia inmediata".

Así, según explica Iftach Cohen, cuando los barcos son detectados por Frontex en la zona prefronteriza de la Unión Europea –en este caso concreto, en aguas libias–, la mayoría de las embarcaciones son clasificadas en "situación de emergencia", obligando a un tercer estado a rescatarla. De lo contrario, cuando los barcos son localizados en la zona SAR –zonas de búsqueda y rescate de un país– de un Estado Miembro o en sus propias aguas no se clasifican así, "dejando al respectivo Estado miembro con el suficiente margen para evitar involucrarse en operaciones de búsqueda y rescate que de otro modo habrían resultado en el desembarco en Europa de refugiados que huyen de crímenes contra la humanidad en Libia".

No lo hizo cuando el 14 de junio de 2023 divisó en aguas griegas una barcaza con cientos de personas sin chalecos salvavidas, según un informe elaborado por el Defensor del Pueblo de la Unión Europea. En sus conclusiones estableció que Frontex había seguido las normas y protocolos aplicables, pero que había demostrado "deficiencias en la forma en la que reacciona en situaciones de emergencia". Entre ellas, "una orientación inadecuada sobre cómo deben responder (...) incluida la emisión de señales de emergencia".

Horas después del avistamiento del barco, tras un fallido intento de los guardacostas griegos por remolcarlo, éste se hundía frente a las costas de Pilos (Grecia) y, con él, las 600 personas de las 750 que se estima que iban a bordo. Nueve de los supervivientes fueron detenidos por las autoridades helenas y acusados de tráfico de personas, pertenencia a organización criminal y la provocación del naufragio para entrar irregularmente en el país. Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos expresaron su preocupación por la posible falta de imparcialidad a la que podrían ser sometidos los acusados.

En mayo de este año, los nueve fueron absueltos de todos los cargos y puestos en libertad tras pasar 11 meses en prisión. Paralelamente, el Tribunal Naval de Grecia abrió una investigación con la intención de conocer la responsabilidad de los guardacostas griegos en el naufragio. Aunque una investigación periodística determinó que fue el intento de las autoridades costeras lo que hizo que el barco se hundiera, ni el mal proceder de estos, ni la inacción de Frontex han sido juzgados.

La agencia fronteriza tampoco alertó a las autoridades italianas de la precaria situación en la que se encontraba otra embarcación que naufragó en mitad de un temporal a 40 metros de las costas de Cutro (Italia) y en la que murieron unas 90 personas. En este caso, las autoridades italianas arremetieron contra Frontex, asegurando que no recibieron de la misión de vigilancia aérea de la agencia ninguna comunicación que les indicara que el barco tenía signos de emergencia. Fue de nuevo una investigación periodística la que reveló que, de acuerdo a unos documentos confidenciales de la agencia, esta era conocedora del mal estado de la embarcación. Sin embargo, no envió a los funcionarios del Estado miembro una comunicación de emergencia y estos tampoco actuaron a tiempo.

Según ha explicado Cohen a este periódico, no les consta que Frontex haya declarado la situación de emergencia en ningún otro caso en el que haberlo hecho hubiese supuesto el rescate por parte de las autoridades de algún Estado miembro.

Externalización: estrategia de la política migratoria de la UE

Frontex y la Unión Europea consideran las aguas de Libia parte del "área prefronteriza" del Mediterráneo Central. Aunque fuera de los propios límites geográficos de los 27, los espacios terrestres y marítimos bajo esta consideración ocupan un lugar central en la política migratoria europea. Dentro de su territorio, Bruselas sabe que, legalmente, no puede llevar a cabo devoluciones en caliente y que está obligada a socorrer a las personas que llegan a sus Estados miembros solicitando asilo político. Y aunque en no pocas ocasiones ha ignorado estos mandatos, su propia normativa en materia migratoria le fuerza a cumplir con unos estándares mínimos.

Sin embargo, esto cambia precisamente más allá de sus fronteras. Por ello, desde 2004 hasta hoy, la UE ha incrementado exponencialmente los fondos económicos destinados a controlar, a través de terceros países de África y Oriente Medio, los flujos migratorios en los lugares de origen y tránsito de las personas migrantes. En total, se estima que la inversión de las últimas dos décadas ronda los 9.344 millones de euros. Es lo que la Fundación porCausa, experta en periodismo de migraciones, ha bautizado como política de externalización.

En muchas ocasiones, estas inyecciones de capital se canalizan a través de los fondos de cooperación europeos, en forma de vehículos todoterreno, tecnología para detectar personas y material de seguridad. En ocasiones, este material ha sido usado para fines aún más perversos, como ocurrió con los automóviles de la Guardia Civil española en Senegal, donde fueron usados para la represión de protestas de civiles. Como señalan desde porCausa, esto hace que, en la práctica, Marruecos, Argelia o Libia sean la frontera exterior de la UE. En contrapartida, estos países, sujetos al principio de condicionalidad, pueden perder su estatus de socio preferente de la UE o incluso recibir sanciones económicas si no cumplen con su cometido de control migratorio.

Los acuerdos entre la UE y los países de origen y tránsito se suelen producir, no obstante, de manera reactiva. Es lo que ha pasado este mismo año 2024 con Mauritania, que ha recibido un paquete de 500 millones de euros en ayudas tras la intensificación de la ruta canaria en 2023. Pasó, igualmente, con Turquía, país que acordó en 2016 un plan de 6.000 millones de euros con la Comisión Europea tras la crisis migratoria del verano del año anterior. Y en 2017, de nuevo, ocurrió con Libia, que creó justo en esa fecha su Guardia Costera con apoyo de la UE e Italia y el objetivo principal de fortalecer su capacidad de interceptación de personas migrantes en el Mediterráneo.

Desde entonces, y con el país norteafricano inmerso todavía en una permanente guerra civil, el desempeño de la Guardia Costera Libia ha sido controvertido, no sólo por las devoluciones ilegales, sino porque algunos de sus integrantes están implicados, como ya informara Público, en crímenes de guerra y tráfico de personas. A pesar de ello, la UE ha mantenido la cooperación con Libia, alcanzándose los 700 millones de euros.