Alto al Estado policial

El Ministerio del Interior ha solicitado este viernes a los medios de comunicación que recuerden a la ciudadanía en general la existencia de vías para denunciar “situaciones de radicalización”.

Remite el Ministerio, en un día de especial conmoción debido a la masacre de Niza, a una página web a través de la cual se invita a los ciudadanos a “comunicar cualquier incidencia o problemática que posiblemente suponga el inicio o desarrollo de un proceso de radicalización o de gestación de conductas extremistas, intransigentes o de odio por razones racistas, xenófobas, de creencias o de ideologías”.

Se trata, dicen, de que los ciudadanos puedan “poner en conocimiento del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) posibles situaciones de radicalización en su entorno de forma anónima y segura”.

¿Qué entiende el ministerio por “situaciones de radicalización”?

¿Se refiere estrictamente a personas o grupos implicados claramente en acciones terroristas o en el crimen organizado?

¿Qué sentido tiene que desde el Gobierno se invite a cualquier individuo a delatar conductas que puedan parecer sospechosas sobre cualquier persona?

Recientemente hemos conocido qué tipo de personas quería perseguir el ministro en vísperas de la convocatoria a las urnas del 9 de noviembre de 2014.

En mayo pasado tuvimos conocimiento también de la opinión del Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, que calificó a una organización política como Podemos de “amenaza para la democracia”.

Hoy mismo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, ha invitado a los partidos políticos, con alusión indirecta a algunos con representación parlamentaria, a abstenerse de hacer declaraciones que puedan significar “un alivio” para los terroristas.

Los demócratas, los defensores más radicales de la democracia, estamos más que dispuestos a apoyar todas las medidas necesarias para que la violencia terrorista desaparezca. Estamos convencidos, por ello, de que la renuncia a las libertades y la imposición de medidas preventivas propias de un Estado policial son el peor remedio de autodefensa frente a los violentos, y representan un serio peligro para nuestra civilización.

Los datos que publicamos en esta pieza de archivo indican que Fernández Díaz y sus antecesores han mezclado incompetencia y propaganda en la lucha preventiva contra el terrorismo yihadista. El 90% de los alrededor de 500 detenidos por terrorismo islamista en la década posterior a los atentados de Atocha eran inocentes, según los datos recabados por el Instituto Elcano.

Pedimos por tanto al Gobierno y a los medios de comunicación que se abstengan de fomentar la delación generalizada, e invitamos a los ciudadanos a rechazar esa invitación a la caza de brujas que sitúa a nuestra democracia en niveles similares a los tiempos más negros del franquismo.

* Marià de Delàs es director editorial de Público. 

* Miguel Mora es director de CTXT.