La Fiscalía y la Abogacía del Estado presentan este viernes sus escritos de calificación en las causas que siguen el Supremo y la Audiencia Nacional por el procés, en los que desvelarán cuánta condena pedirán y por qué delitos acusan a los principales responsables independentistas catalanes.

La Abogacía del Estado finalmente va a descartar acusarles de rebelión y sólo lo hará de sedición y malversación. El delito de rebelión es el más grave que puede pedirse en la causa abierta por el procés y supone que se produjeron episodios de especial violencia. Así, este órgano que es dependiente del Ministerio de Justicia no observa que se dieran tales circunstancias en los hechos acaecidos hace un año y se aleja del criterio de la Fiscalía.

En los últimos días, algunas fuentes del Gobierno ya apuntaban a que desde el Ministerio de Justicia se estaba estudiando la acusación sólo por sedición, algo que se trasladaría a la Abogacía del Estado. Y la vicepresidenta Carmen Calvo el pasado jueves abrió dicha posibilidad. 

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado sí que mantendrá la calificación de rebelión, un delito que está recogido en el artículo 472 del Código Penal.

La decisión de Abogacía del Estado, que representa los intereses del Estado y que orgánicamente depende del Ministerio de Justicia, supone que en el juicio que previsiblemente se celebre en enero defenderá que no se produjo un alzamiento violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

Dicha decisión, según informa El País, se tomó el pasado lunes en la Moncloa cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunió a sus colaboradores más cercanos, que concluyeron que "la acusación de rebelión es excesiva".

Sedición y malversación

La Abogacía del Estado se personó más tarde en la causa por el asunto de la malversación sobre el que ha pivotado toda su actuación y las diligencias solicitadas, y no tenía de hecho por qué pronunciase sobre la rebelión o la sedición.

A lo largo de la instrucción, siempre respaldó el criterio de la Fiscalía en relación a la violencia y el delito de rebelión, hasta el punto de que cuando pidió al Supremo que cerrase la investigación, solicitó que se juzgara a los procesados por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia.

Por tanto, su decisión de acusar de sedición supone un cambio en la estrategia que ha mantenido en la causa hasta la fecha. Según el Código Penal, cometen delito de sedición quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.

Y añade que "los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad".

Por su parte, el delito de malversación contempla penas de hasta 12 años de prisión "si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros", lo que se supera holgadamente en este caso, después de que la Guardia Civil elevara a 3,2 millones de euros la cantidad malversada en un escrito remitido al alto tribunal.

Desde los partidos independentistas se ha pedido un gesto por parte del Gobierno en favor de los intereses de los presos para mostrarse más abiertos a apoyar los Presupuestos Generales del Estado pactados con Unidos Podemos.