La mayoría de los investigados por terrorismo en la causa del caso Tsunami Democràtic se han ido al exilio, tal y como ya avanzó Público hace unas semanas. Al menos ocho de los 12 imputados por el magistrado de la Audiencia Nacional García Castellón, que sostiene que las protestas pacíficas que se produjeron en 2019 a raíz de las sentencias del procés constituyen un delito de terrorismo, residen fuera del Estado español a la espera de la ley de amnistía.

Entre los exiliados hay políticos, periodistas y activistas independentistas. Uno de ellos es el diputado de ERC Ruben Wagensberg, que en enero se instaló en Suiza, donde reside desde el 2018 la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y donde también se ha instalado el activista de Òmnium Cultural Oleguer Serra, el empresario Josep Campmajó y el periodista Jesús Rodríguez. 

Además, tras el 1-O Jaume Cabani se marchó a Bélgica, donde hasta hace poco también estaba el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ahora en el Vallespir por la campaña del 12 de mayo.

En la causa también constan como investigados Josep Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont; empresarios como Oriol Soler y Xavier Vendrell, la delegada de la Intersindical-CSC Marta Molina, el ingeniero Jaume Cabaní y el banquero suizo Nicola Flavio, que también se han exiliado.

"Una persecución política sin freno"

Los exiliados quieren evitar una detención preventiva que han creído cada vez más posible a medida que su caso se iba complicando a consecuencia de los movimientos de la justicia española. Actuaciones como las de García Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, que desde hace semanas intenta vincular a Tsunami Democràtic con terrorismo o vulneraciones de los derechos humanos para evitar que sus encausados se beneficien de la amnistía, les ha generado inquietud y han preferido preparar su defensa en el exterior y esperar la evolución judicial de la causa a resguardo.

Oleguer Serra, vocal de la Junta Directiva de Òmnium Cultural, coordinará la estrategia internacional de la entidad para defender que protestar no es terrorismo. De hecho, Serra lleva casi seis meses exiliado "perseguido" por sus ideas, "perseguido porque soy un independentista catalán". "No he venido al exilio a defenderme de nada, porque hay que acusar al Estado", ha dicho, ante lo que considera "una persecución política sin freno". La entidad quiere convertir el exilio "en una herramienta de trabajo para intensificar la ofensiva internacional contra la persecución sistemática que sufre el independentismo".

"Un ataque al periodismo que huele a revancha"

Otro de los imputados que ha decidido irse al exilio es el periodista de La Directa Jesús Rodríguez, que está exiliado en Suiza desde finales de 2023 para evitar una "detención arbitraria". Considera la imputación de la justicia española un "clarísimo ataque al derecho de la información y al resto de medios de comunicación". Una acusación que "también señala a otros 26 periodistas sólo por haber explicado a la ciudadanía las acciones de Tsunami Democràtic".

El abogado Dani Amelang ha asegurado durante la presentación este jueves de la campaña de apoyo a Rodríguez "Nosaltres per tu" que la "calificación como delito de terrorismo es una perversión de este delito penal". El también periodista y presidente del Grup de Periodistes Ramon Barnils, Enric Borràs ha denunciado que la acción del juez Castellón es "un ataque al periodismo que huele a revancha".

Paralelamente, también se ha sabido que Josep Campmajó está exiliado en Suiza desde hace 22 semanas, según ha explicado él mismo en un vídeo publicado en las redes. Campmajó había sido un miembro activo de la plataforma Girona Vota y había participado en diversas acciones independentistas.