"Protestar no es terrorismo". Decenas de personalidades de la sociedad civil de diversos ámbitos —Jordi Évole, Mònica Terribas, Laura Rosel, Jordi Basté, Mushkaa, Carlos Bardem, Andreu Buenafuente, Lildami, entre otros— se han unido bajo ese clamor que defiende el derecho a la protesta y denuncia la investigación por terrorismo del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón contra Tsunami Democràtic.

Una causa, la de Tsunami Democràtic, que el poder judicial reactivó a marchas forzadas cuando se iniciaron las negociaciones de ERC, Junts y el PSOE por la ley de amnistía. Entre los acusados figuran el expresident Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el secretario cuarto de la Mesa del Parlament y diputado republicano, Ruben Wagensberg, y otras diez personas.

A todos ellos, el juez García-Castellón les acusa del delito de terrorismo por estar al frente de este movimiento de protestas pacíficas que se produjeron en el 2019 a raíz de las sentencias del procés. Y todo ello contra el criterio de la Fiscalía, que considera que los hechos solo suponen delitos de desórdenes públicos, ya que el de sedición desapareció con la reforma del Código Penal.

Alerta de las entidades de defensa del derecho a protesta

La imputación de terrorismo en unas movilizaciones ciudadanas se está observando con preocupación desde organizaciones de defensa de los derechos fundamentales, como Irídia o Òmnium Cultural. En el manifiesto Protestar no es terrorismo, advierten de "la escalada" contra el derecho a la protesta. Aseguran que la investigación contra Tsunami es "un ataque directo al ejercicio del derecho a manifestación y a la libertad de expresión y de información" que ya está teniendo consecuencias entre los movimientos sociales y políticos.

Cèlia Carbó, responsable de la línea de acción de espacios de la sociedad civil de Irídia, alerta de que se está "señalando y castigando a unas personas muy concretas de un movimiento que tuvo un despliegue en la calle brutal durante el año 2019".

"De alguna manera, es un aviso para todo el resto de personas porque, obviamente, si la imputación por terrorismo sigue adelante, más allá de ver el uso reiterado de este delito para acusar e investigar, también genera un efecto en toda la sociedad civil a la hora de entender cómo su propio derecho está en peligro", avisa la activista.

Un precedente "muy negativo"

Carbó alerta de que la imputación por terrorismo a la causa de Tsunami Democràtic puede establecer un precedente "muy negativo" para otros movimientos sociales y políticos. "Se está utilizando el delito de terrorismo para perseguir y criminalizar movimientos pacíficos, que es el objetivo final de la represión: silenciar, censurar y que no salgamos a la calle", avisa Carbó.

Además, la activista asegura que todo puede acabar produciendo el efecto chilling, que podría traducirse como un efecto intimidatorio o disuasorio. "Es esa capacidad de asustarse, que tú mismo te autocensures y que acabes entendiendo que salir a la calle y utilizar tu derecho fundamental es un riesgo y un peligro", detalla.

La activista especifica que el efecto disuasorio ya existe dentro de la propia ley mordaza "imponiendo sanciones por hacer pagar una cantidad desorbitada de dinero a los movimientos sociales por la vía administrativa".

Esto, señala, ya genera el efecto "de pensártelo dos veces antes de salir a la calle y proteger a una compañera que está siendo desalojada de su casa o estar haciendo un ejercicio de desobediencia civil no violenta totalmente amparada por el mismo derecho internacional", concluye.

Esta criminalización abre un "abanico muy peligroso, dado que la propia represión también se está perfeccionando". En este sentido, Carbó alerta de que se están añadiendo nuevas capas relacionadas con la tecnología, como programas de espía para perseguir movimientos sociales —en referencia al uso de Pegasus por parte del Estado contra independentistas— o casos de infiltraciones policiales. La activista asegura que es una "actitud" del propio Estado que engloba esa "criminalización directa a los movimientos sociales".

Carbó reflexiona que el derecho a protesta es un derecho "plural y vector" que tenemos como sociedad civil, "un mecanismo que hemos tenido durante años para conseguir los cambios sociales y políticos y poder mostrar un malestar".

La reforma del Código Penal de 2015, un cajón de sastre

Las entidades ponen el foco, de nuevo, en la reforma del Código Penal del 2015 del delito de terrorismo, que desbordó el concepto tradicional de terrorismo y "lo definió de una forma muy imprecisa". Es una especie de cajón de sastre que da mucho margen a la interpretación. "Cuanto más imprecisa y más vaga es la definición de un delito, más margen se da a que se aplique de forma mucho más desproporcionada e interpretativa por parte de los jueces", alerta Carbó.

Esta reforma del delito de terrorismo, impulsada por PP y PSOE, provocó que pasara a ser terrorismo un conjunto amplísimo de delitos. No solo delitos contra la vida y la integridad física, también contra el patrimonio, atentado a la autoridad o contra los recursos naturales, siempre que tengan como finalidad subvertir el orden constitucional.

Un procedimiento que ya es criminalizador

Sobre si la imputación por terrorismo en el caso Tsunami saldrá adelante, Irídia cree que habrá que esperar al recorrido de la ley de amnistía y todas las "presiones políticas actuales". Sin embargo, alerta de que aunque finalmente no se acuse a Tsunami Democràtic de terrorismo, "el propio procedimiento ya tiene un elemento criminalizador".

"Esperamos que el delito de terrorismo caiga, porque creemos que es una vulneración de nuestro derecho a protestar. Una criminalización de movimientos sociales y políticos que puede generar un precedente muy grave y puede afectar a otras causas", concluye.