El acuerdo en Doñana que ha peleado la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, tiene varias patas y diversas consecuencias. No es un pacto a gusto de todos, pero sí es asumible y vendible por todos –a las organizaciones ecologistas también les ha abierto una ventana a la esperanza, al menos de que suponga una nueva oportunidad–.

La primera clave –y la fundamental– del pacto es que la ley que hasta ahora impulsaba el PP andaluz, que tantos quebraderos de cabeza había creado, sobre todo con una amenaza de multa de la Unión Europea en el horizonte, se retira. El mismo presidente de la Junta así lo anunció solemnemente junto a la propia Ribera este lunes en Doñana.

Esto tiene implicaciones políticas de calado, entre las que sobresale una, el despegue de la Junta de Andalucía de la vía unilateral, sin consenso, de la mano de Vox en un tema de importancia capital: cómo afecta la crisis climática al humedal más relevante. De algún modo, Ribera ha logrado que Moreno regrese en este asunto a la senda europea, lo cual es muy importante.

Con prudencia, esbozó Ribera en la rueda de prensa –y a su manera también lo expresó Moreno–, que este pacto había supuesto un alivio para la Comisión Europea. La vuelta del Gobierno andaluz a un cierto consenso en la línea de la UE anuncia una nueva etapa en Doñana.

El trasfondo de este auerdo es evitar las multas multimillonarias que podrían caerle a España por incumplir la sentencia que ya condenó al Estado en 2021 por el mal estado de los acuíferos. Los riesgos son aún grandes. Y los acuerdos deben cumplirse.

Sin embargo, de momento, este lunes, Moreno y Ribera firmaron adoptar "todas las medidas necesarias" para que "concluya el procedimiento de infracción abierto" en julio de 2022 a España por la Comisión Europea por no hacer caso de la sentencia. También acordaron atender a las recomendaciones de la UNESCO. 

Una inversión de 1.400 millones hasta 2027

En el protocolo firmado por Ribera y Moreno se recoge que el "detrioro de amplias zonas de Doñana se debe a la intensificación de la acción humana en su entorno, entre otros factores, por el gran crecimiento de la agricultura intensiva en la periferia del Parque Nacional, basada en extracciones del acuífero y por la presión" estival. Estos efectos "se han visto agravados por el cambio climático".

La idea del pacto, así, es lograr la recuperación de las masas de agua mediante una actuación integral y conjunta de las dos administraciones. Aunque el protocolo no obliga a desembolsos, cada una de las administraciones se ha comprometido a poner durante los próximos cuatro años unos 700 millones de euros en la zona.

Entre ambas, por tanto, serán 1.400 millones en una comarca de catorce municipios en los que habitan 206.000 personas. La renta neta media por persona en la zona oscila entre los 8.200 y 11.400 euros, inferior a la media nacional de 12.269, según recoge el documento del ministerio. La inyección de dinero público es, por tanto, relevante.

¿A dónde irá ese dinero comprometido por las admnistraciones? Por ejemplo, el Gobierno andaluz "impulsará obras hidráulicas por valor de 335 millones en depuración, abastecimiento y embalses y destinará 251 millones de fondos europeos a la agricultura y ganadería para modernizar explotaciones, diversificar la producción o mejorar la comercialización".

Otros "23,5 millones irán dirigidos al sector pesquero, con un plan de gestión de la coquina que contará con cinco millones de euros, a lo que se suma un importante paquete de medidas ambientales, entre las que destaca la adquisición [por 70 millones] de 7.500 hectáreas de Veta la Palma para mantenerlas inundadas todo el año". 

Regantes y pozos ilegales y ayudas de 100.000 euros

Este es un pacto, un consenso en el que todos han cedido. El asunto central, el que hasta ahora impedía el acuerdo y había generado gran preocupación en Europa era la situación de los regantes ilegales, quienes se habían quedado fuera del plan de la fresa del año 2014. 

Todas las leyes siguen igual. Por tanto, el plan de la fresa sigue vigente y continuará el cierre de pozos ilegales y la persecución del robo de agua. "Hay una amnistía con Doñana, no con el regadío ilegal", proclamó la vicepresidenta Ribera. 

Además, con la idea de que la presión económica sobre los acuíferos se reduzca, Junta y Gobierno han pactado ayudas de hasta 100.000 euros para todos aquellos que dejen de regar. Este es el apartado más polémico del pacto y las organizaciones ecologistas lo han criticado, lo han tachado de "premio" a quienes han robado agua durante años. 

¿En qué consisten estos 100.000 euros? Las medidas, según el ministerio de Transición Ecológica, se aplicarán sobre las superficies –por hectárea– y consistirán en la concesión de una ayuda temporal, de cinco a diez años de duración, "al titular de las explotaciones" que se "renaturalicen".

También podrán pedir esta subvención las nuevas superficies de cultivos de secano y las que se reconviertan hacia la producción ecológica. Existirá la obligación de permanencia. Es decir, la renaturalización deberá durar 30 años y habrá controles anuales.

La Junta explicó que "los agricultores de la Corona Norte recibirán una ayuda de 100.000 euros por hectárea, que cobrarán en cinco años, a razón de 20.000 euros anuales y que, a cambio, dejarán de cultivar sus tierras y tendrán que renaturalizar o reforestar los suelos".

Según dijo Moreno, de esa ayuda de 100.000 euros por hectárea, la mayor parte, 70.000 euros, los aportará el Gobierno de España, mientras que la Junta pondrá 20.000 euros y la Diputación de Huelva, que se ha sumado a esta solución, complementará con otros 10.000 euros.

"Los agricultores que no quieran dejar de cultivar, podrán optar también por reconvertir sus explotaciones en cultivos de secano o en producción ecológica. En estos casos, la cuantía de la ayuda será menor", añadió Moreno.

Marca Doñana y temporeros

Uno de los aspectos novedosos del acuerdo, es el compromiso del Gobierno de España de destinar 32 millones de euros a "mejorar las condiciones de vida y de habitabilidad" de los jornaleros que cada año acuden a Huelva en época de recolección. Es este un asunto endémico, que revela las bolsas de explotación laboral extrema a las que ha dado lugar el cultivo de frutos rojos. 

El acuerdo también recoge además la posibilidad de integrar la generación de energía renovable en el entorno de Doñana, con 30 millones para proyectos de energía renovable y eficiencia energética; otros 70 millones para iniciativas y proyectos de los ayuntamientos de la comarca, y la creación de la Marca Doñana como garantía de calidad y sostenibilidad para productos y servicios como el hotelero.