MADRID.- La gerente del Partido Popular, Carmen Navarro, ha asegurado este jueves ante la jueza de instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, que los dos ordenadores que el extesorero del PP Luis Bárcenas tenía en la sede nacional del partido en la calle Génova no tenían clave de acceso y estaban vacíos y que, una vez comprobado esto, decidieron proceder a un protocolo de borrado y formateo para asignarlo a otra persona, según han informado fuentes jurídicas.

Tras el testimonio de Navarro, la magistrada ha citado el próximo 12 de febrero en calidad de investigados al Partido Popular y al abogado del partido, Alberto Durán, en la causa que tramita por el borrado de los dos ordenadores del extesorero Luis Bárcenas.

En su declaración ante el mismo juzgado, Bárcenas sostuvo que en sus ordenadores había recibís que afectaban a "determinados sujetos del PP" y una carpeta sobre los pagos a Libertad Digital relacionados con la causa abierta en la Audiencia Nacional por la presunta caja B del PP, además de "documentos que afectaban a la campaña electoral".

Navarro, sin embargo, ha explicado a la juez que, hasta el 1 de marzo de 2013, Luis Bárcenas no mostró ningún interés en recuperar sus pertenencias de la sede nacional del partido, después de que comenzaran a aparecer noticias sobre su supuesto dinero en Suiza y sobre la contabilidad en B del partido, y una vez que se le negó el acceso a 'Génova'. Hasta entonces, el asesor jurídico del PP Alberto Durán, personado en calidad de investigado en esta causa, se había comunicado con el abogado de Bárcenas para que recogiera unas cajas con sus pertenencias, entre las que había un trineo.

Aplicación de protocolos

A su llegada al PP en 2010, Navarro asumió la gerencia de la formación (algo más de un año después, también la tesorería) y fue entonces cuando se pusieron en marcha diferentes protocolos internos, entre ellos uno relativo al borrado de los ordenadores, según han explicado fuentes cercanas al Partido Popular.

Estas fuentes han añadido que Navarro no dio directamente ninguna instrucción sobre el borrado de los ordenadores, ya que se limitó a pedir que se aplicaran los protocolos que se habían puesto en marcha a partir de 2010. Fue el asesor jurídico Alberto Durán quien se encargó de informar a Navarro de la existencia de los ordenadores de Bárcenas y quien dio instrucciones para que se aplicara el protocolo al responsable del departamento de sistemas de información, José Manuel Moreno.

En cualquier caso, el borrado y formateo de los ordenadores de Bárcenas no se llevaron a cabo hasta que, en mayo de 2013, la jueza de instrucción número 21 de Madrid archivó la denuncia presentada por el extesorero al entender que su antiguo partido había cometido un delito de robo con fuerza, hurto y apropiación indebida.

El responsable informático del PP niega un protocolo de borrado

Por otra parte, Javier Barrero, por entonces responsable informático del PP, ha negado ante la jueza que existiera un protocolo de borrado de los ordenadores. Además, ha asegurado que él era el encargado de comprar todo el material informático y que entre ese material no figuraban los dos ordenadores de Bárcenas, según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración.

La acusación ha valorado la información aportada por Barrero hasta el punto de que ha reclamado a la magistrada que éste deje de ser investigado (figura que reemplaza a la de imputado) para pasar a ser testigo en la causa.

La versión de este empleado del PP es que los dos ordenadores de Bárcenas no formaban parte del inventario del partido por ser propiedad del extesorero y que él mismo se encargó de ayudar al extesorero a pasar información de uno de los ordenadores --un Toshiba antiguo con sólo 3 gigas de capacidad-- a través de disquetes, un formato ya en desuso.

La juez investiga al PP por un posible delito de daños informáticos y encubrimiento. Las declaraciones comenzarán el 12 de febrero, viernes, en los Juzgados de Plaza de Castilla a partir de las 11.00 horas. De esta forma, el PP tendrá que designar a la persona encargada de representarle al ser el primer partido que es investigado como persona jurídica tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal que amplía a las organizaciones las responsabilidades penales.