El Pleno del Congreso tiene previsto debatir y decidir este martes si abre una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor, y encontrar vías a partir de las cuales recuperar dinero de las indemnizaciones previstas.

La propuesta, impulsada por el grupo confederal de Unidos Podemos y Compromís, reclama "poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras" pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicatoria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad con suficientes garantías.

En su propuesta de investigación, las formaciones de izquierda enumeran varios puntos a investigar en la comisión parlamentaria, como posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones "para blindar" la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o "la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental".

La actual ministra, citada a declarar

Precisamente por esta razón, la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, podría tener que rendir explicaciones ante la comisión, en caso de que saliera adelante su constitución, por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén.

Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.

Además de la afectación que causó este proyecto, en forma de más de 500 seísmos registrados en 2013 en el litoral de Castellón, Unidos Podemos y Compromís buscan investigar la legalidad de la indemnización recibida por el concesionario y el coste que supondrá para los consumidores de gas, así como la gestión de la hibernación del proyecto, así como su desmantelamiento.

Dirimir responsabilidades políticas

El pasado mes de diciembre e Tribunal Constitucional anuló el procedimiento por el que se estableció la indemnización para las empresas promotoras del proyecto en 2014, por fijar la compensación, de 1.350,7 millones de euros, a través de un decreto ley.

Esta misma semana, la portavoz adjunta del grupo confederal Ione Belarra calificó el proyecto Castor como "un monumento al país de la corrupción, del ladrillazo y de los contratos a dedo", y saludó la posibilidad de dirimir responsabilidades políticas, "ahora que la Audiencia Nacional ha dicho que no hay responsabilidades penales".

La dirigente de la formación morada confió, además, en que pueda recuperarse la indemnización prevista en el contrato Castor a la concesionaria Escal UGS, controlada por la constructora ACS, y ha criticado que este contrato "se hizo para que lo ganara ACS, propiedad de Florentino Pérez". "Es una vergüenza y creo que este es un caso más para revertir esa situación", ha dicho.