En noviembre de 2017, tras la judicialización de la causa Tándem (o caso Villarejo) a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción que llevaba desde abril investigando con el auxilio de Asuntos Internos, la Audiencia Nacional ordena la detención, por un lado, de José Manuel Villarejo y su mujer; y, por otro, de su hijo mayor, José Manuel Villarejo Gil, y del socio del comisario, Rafael Redondo Rodríguez, que se autopresentaban como Director Comercial y Director General del grupo empresarial de Villarejo. También son detenidos en aquel momento el comisario exjefe del puesto fronterizo de Barajas Carlos Salamanca, su hijo Carlos Salamanca Mones y Juan Carlos Escribano Cárcel, a quien Anticorrupción califica en algunos de sus escritos de "testaferro".

En paralelo a estas detenciones, la Audiencia Nacional ordena registros de sus domicilios y oficinas, buscando información relevante para esclarecer lo que entonces se estaba investigando: la participación de Villarejo y unos ciudadanos guineanos en un trasvase de capitales procedentes de la entidad pública guineana Gepetrol y del blanqueo asociado a dicho trasvase. [Blanquear es reintroducir dinero de origen ilícito en el circuito legal, ya sea mediante inversión en un negocio legal, pago de servicios -como los de Villarejo- o compra de propiedades o adquisiciones de activos de otra índole]. Concretamente,  la Audiencia Nacional ordenó el registro de las siguientes oficinas y domicilios:

- Oficinas: las dos desde donde operaba el grupo empresarial de Villarejo denominado Grupo Cenyt: la de la Planta 9 de Torre Picasso, en Madrid, que se usaba para funciones representativas (reuniones con clientes) y la de Boadilla del Monte (Madrid), en la Calle Mártires (antes llamada Calle Convento), que es donde trabajaban la mayoría de los empleados. 

- Domicilios: los dos chalés de Villarejo en Boadilla del Monte (uno en la calle Clavel, un domicilio que se asignaba al hijo detenido de Villarejo, y otro donde residían Villarejo y su segunda mujer, Gemma Alcalá, a pocos metros del Palacio del Infante Don Luis en la zona conocida como Montecillo) y el ático que poseía y usaba el comisario en Estepona en la Avenida de Andalucía 2-4, en el complejo Mirador de la Cala. Asimismo, se registraron los domicilios de Rafael Redondo en Galapagar, dos de Carlos Salamanca en la provincia de Madrid y el de Juan Carlos Escribano Cárcel en Marbella.

A estas diligencias de registros escapó, pues, cualquier otro inmueble que Villarejo, su familia, socios, empleados y empresas pudieran estar usando para almacenar información relevante para el caso. Y, según ha podido saber Público, existían como mínimo tres con dicha característica, al menos en potencia: el trastero nº46 de Orense 12 de Madrid (Edificio Mirador) y dos trasteros no alquilados en Benalmádena que usaba el hijo mayor de Villarejo y detenido con él, para "guardar cosas", según una anotación de Redondo en uno de los archivos donde hacía seguimiento de las propiedades inmobiliarias y que consta en el sumario de Tándem.

Inmuebles no identificados durante la investigación previa

El trastero nº 46 de Orense se había adquirido por una empresa de Villarejo en febrero de 2007 junto al piso 6ºA y dos plazas de garaje (la 22 y la 23) en el mismo edificio de Orense 12. Si bien el piso estuvo alquilado a cinco inquilinos sucesivos hasta como mínimo 2016, Villarejo domicilió dos empresas suyas en esta dirección y Juan Antonio González (JAG), excomisario jefe de Policía Judicial , otra (Desarrollos Empresariales Cigales SL, como informó Público en exclusiva recientemente).

Los trasteros de Benalmádena, y que, según Redondo, el hijo de Villarejo utilizaba para "guardar cosas", habían pasado a propiedad del Grupo Cenyt como parte del precio que Adrián Beloso Baker debía abonar por la supuesta compra del Hotel Don Pepe, que Villarejo poseía en Punta del Este (Uruguay). 

Fuentes de acceso público como el Registro Mercantil y el Registro de la Propiedad, y otras de acceso restringido, pero no para Asuntos Internos, como el Consejo General del Notariado o los registros municipales y provinciales acerca de contratos de alquiler y fianzas depositadas (por ejemplo, el IVIMA en la Comunidad de Madrid), habrían permitido a Asuntos Internos identificar estos inmuebles y su régimen de uso durante la investigación prejudicial, practicada de abril a noviembre de 2017, y proceder a su registro al tiempo que los domicilios y oficinas.

Pero este nunca se llevó a cabo, algo que ha podido hurtar a la investigación información relevante, ya que en la documentación incautada a Redondo en los discos duros que guardaba en su domicilio de Galapagar se contienen sólidos indicios acerca el uso del trastero de Orense 12 como depósito de documentación de proyectos del Grupo Cenyt, además del uso de los trasteros de Benalmádena por parte del hijo de Villarejo.

A los primeros registros de noviembre de 2017 también escapó el domicilio de El Gordo, Enrique García Castaño, excomisario jefe de la UCAO (Unidad Central de Apoyo Operativo, especializada en comunicaciones). En este caso hay una razón: El Gordo no fue imputado hasta más tarde y el registró se demoró en consecuencia, lo que quizá explique que, cuando éste tuvo lugar, no se le incautase nada relevante (ni siquiera el álbum y/o vídeo de su segunda boda, a la que estaban invitadas personas que interactúan regularmente con él, de acuerdo con la información sumarial, como periodistas o su íntimo amigo y letrado defensor Baltasar Garzón, alias Balta.

20 cajas con documentos en el trastero nº 46 de Orense 12 

El socio de Villarejo, Redondo, iba confeccionando periódicamente archivos resumen en formato Excel que titulaba "patrimonio.xls", "Grupo Cenyt.xls" o "propiedades.xls", en los que relacionaba en filas los inmuebles en propiedad ubicados en España bajo sociedades oficiales de Villarejo, y especificaba en columnas para cada uno su localización, uso (para alquilar o para uso de la familia de Villarejo y/o empresas) y, en su caso, periodo de alquiler, importe, fianzas recibidas, seguros, etc.

Además, incluía notas acerca de particularidades que rodeaban al uso de los inmuebles, como la referida a los trasteros de Benalmádena, que reza así: "Hay dos trasteros libres donde José [en referencia al hijo de Villarejo] guarda cosas". Asimismo, de forma metódica, Redondo guardaba toda la información concerniente a los inmuebles de forma individual en subcarpetas informáticas específicas en las que archivaba los contratos firmados con inquilinos, las facturas de agua, luz, seguros, comunidad de propietarios, etc. 

De los cuadros globales de Excel y de la subcarpeta informática específica titulada "Piso Calle Orense", se desprende que el trastero nº 46 (que solo estuvo alquilado hasta 2009 al primero de los cinco inquilinos que tuvo el piso) era usado por Cenyt, porque así lo anota expresamente Redondo. Además, y gracias a otro archivo Excel que se localiza en la subcarpeta, se infiere que el trastero fue usado por Cenyt desde 2009 para guardar al menos veinte cajas con documentación de interés para la investigación.

En efecto, en la misma subcarpeta "Piso Calle Orense" se encuentra un archivo de Excel con una última actualización del 18 de noviembre de 2014,  llamado "inventario.xls" que, en su primera pestaña, contiene un índice de una documentación guardada en 20 cajas. Los títulos que se dan en dicho índice a los documentos indican que se trata de documentación de hasta al menos el año 2009, cuando el trastero deja de alquilarse y pasa a ser usado por Cenyt.

¿Y de qué asuntos trataba la documentación contenida en las 20 cajas? De acuerdo con un análisis propio de Público a partir del índice, se trataba de información sobre materias que pueden clasificarse en dos grandes bloques:  negocios promovidos por Cenyt (su supuesto parque temático fallido Al Mansur enfrente de Medinat Azahara y recalificación de parcelas contiguas en parque comercial de medianas) y procedimientos judiciales que afectaban a terceros y no a Centy.

El motivo por el que hasta 2009 Villarejo y su equipo recopilaban información sobre procesos judiciales en los que Cenyt no era parte es improbable que tuviera que ver con una eventual personación como defensa o acusación letrada, ya que Villarejo no monta su bufete Stuart Mckenzie Spain hasta 2011 (por la vía de cambiar por segunda vez el nombre y objeto social de una sociedad suya preexistente). Por tanto, la explicación más plausible es que obedeciera a servicios de "gestión de crisis" para las personas o entidades afectadas por dichos procesos judiciales.

De acuerdo con el índice de Redondo que contiene el archivo "inventario.xls", algunos procedimientos judiciales son de fácil identificación, ya que los elementos están titulados con el número de Diligencias Previas, como es el caso del proceso judicial que afectó al expresidente del Real Madrid Ramón Calderón sobre las controvertidas elecciones que le otorgaron la presidencia del club merengue en 2006 y que acabó archivado en junio de 2012. En el asunto estuvo señalado Mariano (Nanin) Rodríguez de Barutell -hijo de guardia civil reconvertido en jefe de seguridad- que, en 2014, se casó con una nieta de Tomás Maestre, cuyo hijo Enrique Maestre está imputado en la pieza PIT del caso Tándem (la que afecta a los Pérez Maura). (La crónica del enlace la redactó Javier García Negre). 

El hijo de Villarejo ya estaba señalado en el caso 'Emperador' 

A los registros ordenados por la Audiencia Nacional en noviembre de 2017 podría también haber escapado la residencia real de José Manuel, hijo mayor de Villarejo y detenido junto a su padre, si se diera el caso de que su residencia efectiva no fuera el chalé de la Calle Clavel (que en apariencia estaba deshabitado) y tampoco viviera junto a su padre y segunda mujer en el chalé de Montecillo.

La cuestión de si se registró o no el domicilio real de José Manuel hijo y el hecho de que no se registrasen los trasteros que usaba en Benalmádena no es baladí; no en vano fue detenido junto a su padre y ya entonces era fácil constatar, sin necesidad de la información que aportaron los registros (audios, documentación en papel, archivos informáticos), que participaba activamente y  se presentaba como Director Comercial de Cenyt. Además, estaba señalado como persona de interés en el caso Emperador o Caso Gao Ping, concretamente en una investigación de Asuntos Internos bajo el mando del comisario principal Marcelino Martín-Blas (predecesor de Francisco Javier Migueláñez), llevada a cabo bajo las ordenes de la Fiscalía Anticorrupción, sobre intercambio de favores entre policías y la organización de Gao Ping.

Conviene recordar sobre este último punto que el señalamiento del hijo de Villarejo en el caso Gao Ping, fue (y aún es) insistentemente calificado por el comisario y su ejército de redactores como persecución o acusación falsa, fruto de una enemistad personal entre Villarejo y Martín-Blas, en un claro intento de desacreditar las investigaciones del exjefe de Asuntos Internos cesado por Eugenio Pino. Una estrategia mediático-procesal que resulta ser un clon de las practicadas durante las instrucciones de los casos del Pequeño Nicolás, de la grabación ilegal al CNI y del pendrive del Caso Pujol, que ha quedado visto para sentencia esta semana tras un juicio e instrucción en los que las contradicciones entre los procesados han sido la tónica.

Los controvertidos oficios de Asuntos Internos en el caso 'Tándem'

La elección de Asuntos Internos como unidad policial competente para investigar en el Caso Villarejo, primero durante las diligencias de investigación prejudiciales de la fiscalía (abril a noviembre de 2017) y luego durante la instrucción, tenía su sentido y razón en que la misión de Asuntos Internos es la de velar por la integridad de los funcionarios de Policía, y Tándem es una macrocausa con una trama policial como protagonista.

No obstante, y tras dos años de instrucción, se observan multitud de hechos en los oficios firmados mayoritariamente por el jefe de la Brigada de Asuntos Internos adscrita al caso (inspector jefe 111.470), que obligan a cuestionarse como mínimo su calidad y forma de abordar la investigación de las diferentes piezas, sin que ello pueda achacarse a falta de dedicación de los agentes policiales de base, ya que hay un ímprobo y esforzado trabajo de campo en cuanto a transcripción de miles de horas de conversaciones, punteo de cuentas bancarias, etc.

Desde abril de 2015, el Jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional es el comisario Francisco Javier Migueláñez, nombrado por el entonces máximo cargo policial (DAO) Eugenio Pino en sustitución del cesado comisario principal Marcelino Martín-Blas. Su cese tuvo que ver con que Pino y las cúpulas políticas y policiales del Ministerio del Interior no se sentían cómodas con sus averiguaciones sobre la trama policial, primero en el caso Gao Ping, bajo las órdenes de Anticorrupción y, luego, durante el caso del Pequeño Nicolás, a las ordenes del magistrado Arturo Zamarriego que, tras su cese, lo recuperó de inmediato para liderar una comisión judicial protegida de sus superiores policiales y políticos para investigar la interacción e intercambio de favores entre policías y la organización de Gao Ping.

En casi todas las piezas del caso Tándem se echa en falta un análisis del contexto temporal y judicial completo de los supuestos clientes que permita entender el sentido de la interacción del comisario. Asimismo, se descubren omisiones inexplicables en las transcripciones de fragmentos clave de conversaciones, incluyendo en dichas omisiones la extracción directa de amenazas de muerte, que se oyen claramente en los audios, por la vía de juntar la frase inmediatamente anterior con la frase inicial del párrafo posterior a dichas amenazas, así como la omisión de un audio entero en los oficios que versaba sobre una conspiración contra un fiscal anticorrupción al que la trama viene considerando desde hace años una piedra en el zapato y un obstáculo para sus actividades.

También se aprecian detalles tan sorprendentes como que en un sumario sobre blanqueo de capitales no se practicasen diligencias sobre una 'Cuenta en Participación' (aunque  había sido detectada por la información incautada en los registros) hasta que Público informó de ello. Las diligencias se limitaron, no obstante, a un pobre cuestionario al promotor del negocio en el que se invertía a través de dicha figura mercantil.