Los documentos incautados en noviembre de 2017, durante los registros tras la detención de los comisarios José Manuel Villarejo y Carlos Salamanca y de sus socios y familias, siguen dando buena cuenta del ostentoso patrimonio que los policías cosecharon siendo funcionarios, mientras desarrollaban actividades incompatibles con la policial. Gracias a esa información salen a flote el uso del entramado empresarial que hacían otros altos mandos policiales, situados en el escalafón por encima de los hasta ahora imputados. 

José Manuel Villarejo poseía en propiedad un piso en la sexta planta del número 12 de la calle Orense de Madrid, además de un trastero (el nº 46) y dos plazas de garaje (la 22 y la 23). Según un cuadro de Excel encontrado en el chalé del ahora encarcelado comisario, titulado "Patrimonio", en 2016 el inmueble pertenecía a su empresa patrimonial CPD Real Estate SL. Tres años antes domicilió allí una sociedad Juan Antonio González García alias JAG, ex comisario general de Policía Judicial sustituido por el Gobierno del PP por ser personal de confianza del ex ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. González acabó siendo conocido como JAG tras salir esas siglas en unos documentos del exjefe de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca. 

De acuerdo con el contenido de otra carpeta informática titulada "Piso de Orense", incautada a la mano derecha del comisario, Rafael Redondo, el inmueble fue adquirido el 19 de febrero de 2007 a tres hermanos por otra firma de su entramado, Cenyt Consultoría Organizacional SL, creada el 4 de diciembre de 2006 en Boadilla del Monte y a la que Villarejo cambió el nombre y objeto social dos veces (hasta febrero de 2012 se llamaba Grupo Inmobiliario Cenyt SL y desde la constitución hasta noviembre de 2007, Central de Criterios Creativos SL). 

Villarejo y 'JAG', de Roldán a 'Malaya' 

Del Registro Mercantil se desprende que desde el 28 de agosto de 2013 al 1 de septiembre de 2014 el piso de Villarejo fue sede de la empresa Desarrollos Empresariales Cigales SL, propiedad en un 75% de JAG y en un 25% de su mujer, Concepción. Ambos habían creado la compañía por la vía de comprar en agosto de 2013 una sociedad urgente creada el 23 de julio por dos instrumentales de Affirma, una firma especializada, entre otras actividades, en venta de compañías urgentes para, inmediatamente después, cambiarle la sede al piso de Orense 12 de Villarejo y el objeto social a "la prestación de toda clase de servicios de asesoramiento en gestión empresarial". 

JAG, el exjefe de Villarejo de afiliación socialista, siempre fue presentado a la opinión pública como el "super comisario" que "detuvo a los pistoleros que mataron a los abogados laboralistas de Atocha, a los grapos que pusieron la bomba en la cafetería California 47, a los secuestradores y asesinos de la joven Anabel Segura, al prófugo Luis Roldán, a los corruptos de la Operación Malaya y a los del caso Gürtel". Hasta ser apartado por el PP, sus relaciones con este partido no eran malas. De hecho, fue jefe de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, luego con el ministro Jaime Mayor Oreja ascendió a jefe de la Unidad Central de Policía Judicial, tras una escala de 2000 a 2004 como jefe superior de Policía de Murcia.

Con la llegada del PSOE después del 11-M, JAG fue ascendido por el ministro de Interior José Antonio Alonso a comisario general de la Policía Judicial, máximo cargo de las investigaciones sobre crimen organizado y corrupción. En ese tiempo, Villarejo andaba por su comisaría junto a otro de sus socios, José Luis Olivera, jefe de la UDEF y que años más tarde, con el gobierno de Rajoy, ocuparía el mismo puesto que González. Recientemente, Villarejo difundió una imagen del año 2009, en la que aparece a la derecha de Juan Antonio González, el día en que el comisario ahora preso recibía una medalla. La imagen, con la que se encabeza esta información, iba acompañada con un mensaje claro: "Yo era de los vuestros".   

En enero de 2012 se produce inmediatamente su cese después del retorno al poder del Partido Popular, que lo percibía como "el policía de Rubalcaba", por su afinidad con el ex ministro ya fallecido y con el PSOE y, por tanto, como un riesgo desde que en agosto de 2008 se abrieran las diligencias previas del caso Gürtel por Baltasar Garzón, alias Balta o El Mago para el círculo policial de Villarejo. 

Como comisario general de la Policía Judicial, JAG era el máximo cargo policial al frente de las grandes causas judiciales de la Costa del Sol por blanqueo de capitales, cohecho y prevaricación urbanística como Ballena Blanca (mafia rusa), de donde salieron grandes clientes o conocidos de Villarejo como Monzer Al Kassar y José María Clemente Marcet (Operación Hidalgo), Rafael Gómez Sandokán o el propio Juan Antonio Roca (Malaya), y el caso Goldfinger (en el que ha sido condenado Héctor Díaz Bastién, hermano del abogado de Villarejo y Adrián de la Joya, Ernesto Díaz Bastién). 

Durante el caso Malaya, el nombre de Juan Antonio González fue mencionado una y otra vez principalmente por medios afines al Partido Popular. Unas siglas, JAG, junto a la cantidad de 200.000 euros se encontraron en documentación incautada en el registro a un trastero propiedad del principal condenado, el ex gerente de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca. No fueron pocos los que pensaron que la existencia del trastero fue filtrada por el propio Roca tras su detención para poder usar dichos documentos (verdaderos o fabricados) como elemento de presión o "negociación", pero finalmente fue el propio abogado de Roca, José Aníbal Álvarez García, quien desmontó la teoría de las iniciales alegando que podían coincidir con las de un familiar o con las de muchas otras personas. De hecho sólo hay dos referencias al tema de las siglas en las sentencias de Malaya, en las que los diferentes tribunales coinciden en la teoría del letrado. 

Ya en los noventa González había coincidido como jefe de Villarejo en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, cuando este volvió después de su supuesta excedencia. Fue a mediados de esa década, cuando la Policía capturó al ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, en cuya agenda aparecía el nombre del entonces inspector José Manuel Villarejo Pérez, según aseguran diferentes fuentes a Público. Al mando de esta "captura" en la que también participó otro 'espía' del entorno policial, Francisco Paesa, estuvieron JAG y el resto del círculo policial de Villarejo, así como el ejército de redactores que apoyaban las versiones convenientes para la policía. 

El juez 'Balta' y la Operación Gürtel

El caso Gürtel empieza con una denuncia de 2005 de los concejales José Luis Peñas y Juanjo Moreno para la que aportaron durante dos años audios y documentos, y por los que la empresa Dico encarga a otro mando policial ex jefe de Villarejo el espionaje a estos denunciantes, como desveló Público. Pero hasta 2008 no se incoan diligencias previas por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, alias Balta o El Mago para el comisario Villarejo y su círculo.  

Después del verano, María Dolores de Cospedal llegaba a la secretaría general del PP desde la consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y una vez tomadas posiciones, se reuniría por mediación de su marido, Ignacio López del Hierro, con el lobby de 'socorristas' que encabezaba Villarejo para que ayudara con los 'problemillas' que podría acarrearles Gürtel y, en concreto, el tesorero Luis Bárcenas.  

Las grabaciones de Villarejo con diferentes mandos policiales y judiciales, como Juan Antonio González, el ex juez Baltasar Garzón y la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dejan patente que este era un tema de interés para la organización criminal que ahora se investiga en la Audiencia Nacional. En una de esas grabaciones, Villarejo rememora una comida en la que, según él, se activa el caso Gürtel: "Comimos Balta, Juan Antonio, el Oli y yo, preparando lo de la Gürtel, en agosto, o sea, justo cuando al día siguiente admitía él el tema y tal y cual y estábamos haciendo así y tal y tal". 

Con la investigación ya abierta, el 17 de junio de 2009 Villarejo, el comisario general de Policía Judicial Juan Antonio González y José Luis Olivera, entonces comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), coinciden en el restaurante madrileño Rianxo con los investigados Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, un mes antes de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo imputara a este último -entonces era senador- por delitos contra la Hacienda Pública y de cohecho.

En aquel encuentro, Bárcenas se muestra indignado con los informes de la Comisaría General que dirige González, que le señalan como Luis el Cabrón, y le espeta: 

Luis Bárcenas: Pero por qué me dicen que el cabrón.

Juan Antonio González: Eso es un análisis de los papeles que se intervienen, nosotros no hemos dicho nada…

L.B.: No, el informe policial, perdóneme, Juan Antonio, el informe policial dice que es evidente que ‘Luis el cabrón’ es también el senador por Cantabria, Luis Bárcenas. ¿Por qué? Por las reuniones (...) siempre se refería a Luis Bárcenas como el cabrón, porque les había quitado los contratos ta-ta-ta en 2004. Si le quita los contratos en 2004, en el 2007 no le van a dar pasta, coño, es que no tiene ningún sentido. El policía eres tú, que yo no soy el genio de los informes y tal, ¿no? Como mínimo, digo como mínimo esto. Yo podría entrar en profundidad en otros (aspectos del informe), pero la verdad… En fin, que te agradezco mucho que te hayas tomado este café.

Al día siguiente, Villarejo se reunió con la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario y fundador de Alianza Popular, Ignacio López del Hierro. 

Los otros negocios y el socio de Villarejo en Orense 12

Del piso Villarejo sacaba más partido que los favores que le podía reportar domiciliar las empresas de sus jefes, como es el caso de Juan Antonio González. Tras contratar una reforma a la empresa Diseño XXI por 28.000 euros más IVA, según se desprende de los correos de su socio Rafael Redondo, el piso fue puesto en alquiler, contratándose con cuatro inquilinos sucesivos en una franja de 800-950 euros al mes.

A septiembre de 2016 el piso seguía siendo propiedad de Villarejo, según una hoja de cálculo encontrada en su casa donde relaciona propiedades a septiembre de 2016 bajo la sociedad CPD Real Estate SL, a la cual traspasó la mayoría de los inmuebles.

Según consta en las notas de Redondo, el apartamento se publicitaba de la siguiente forma por las agencias inmobiliarias: "Apartamento situado en la sexta planta del edificio denominado 'Mirador' con entrada por la calle Orense, números 12 y 14. Tiene una superficie aproximada de 50,88 m2. Consta de dormitorio, cuarto de baño, salón-estar y cocina. Totalmente reformado en 2007, con materiales de primeras calidades".

En esta misma dirección -y mientras el piso estuvo alquilado a personas físicas con las que todo indica que no tenía otra relación distinta de la de casero-inquilino (los contactan vía agencia inmobiliaria)-, Villarejo creó al menos dos empresas de su entramado: en julio de 2012 Desarrollos Empresariales Potes SL y seguidamente, en octubre de 2012, otra llamada Sensible Code SL constituida por Desarrollos Empresariales Potes SL y por la sociedad Utopic Media, del periodista Daniel Montero Bejarano (ex Interviú y El Español, en la actualidad en NIUS, digital propiedad de Mediaset, y asiduo a las tertulias de Ana Rosa Quintana y la productora Unicorn TV). 

De Sensible Code SL colgaba el digital Información Sensible, que regentaba la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá, junto con Daniel Montero Bejarano. Desarrollos Empresariales Potes SL es creada por Villarejo usando exactamente el mismo sistema con el que JAG crea la suya: comprando una sociedad urgente a Affirma, que la constituye también en Castellana 164, por las mismas dos instrumentales y con el mismo administrador único.

Affirma es una empresa propiedad de los hermanos Ángel Luis y Diego Serrano que, entre otras actividades, se dedica a vender sociedades urgentes y gestionar espacios de coworking o "centros de negocios" en diversos inmuebles. En uno de ellos, situado en Torre Cristal, se anunciaba Schola Iuris, la consultora-escuela jurídica que dirigía un socio de Villarejo, Ángel Benseny, directivo en financieras de medios de pago a la vez que perito judicial en juzgados de familia de Madrid. Schola Iuris organizaba un máster de penal económico que académicamente dirigía el fallecido fiscal general José Manuel Maza Martín, que desde 2008 se impartía también bajo su dirección y con un formato muy similar en la Universidad Rey Juan Carlos.