La reforma del delito de sedición fue el último motivo esgrimido por el Partido Popular, en octubre de 2022, para romper las negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez de cara a la renovación del Consejo General del Poder General (CGPJ), en funciones desde el 4 de diciembre de 2018. La excusa era la vigésima que empleaba el PP desde esa fecha para seguir bloqueando la renovación. 

Tras la derogación del delito de sedición, que el PP ha recurrido ante el Constitucional, el partido de Alberto Núñez Feijóo no ha vuelto a dar más pretextos para justificar su "actitud obstruccionista", en palabras del ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, quien informó personalmente al comisario europeo de Justicia de todas las excusas dadas por el PP para no acometer la renovación del órgano de gobierno de los jueces. 

A falta de nuevas excusas, el PP ha impuesto un nuevo condicionante para la renovación del CGPJ, que necesita un acuerdo entre los dos grandes partidos para garantizar los tres quintos de ambas cámaras que precisa la designación de los nuevos vocales del Consejo.

El líder del PP exige que se modifique previamente la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los 12 vocales judiciales, de los 20 que componen el CGPJ, sean elegidos únicamente por la carrera judicial, sin intervención del Parlamento. 

Con esta exigencia, el PP desafía a la Comisión Europea, que insiste en recomendar a España que primero se renueve el CGPJ con la normativa actual y después se proceda a reformarla para adecuarla a los estándares europeos. Esto implica darle mayor peso a la carrera judicial en la elección de los vocales de origen judicial del CGPJ, a lo que el PSOE no se ha cerrado. 

Un CGPJ en descomposición

El desgaste del Gobierno de coalición y retrasar el cambio de mayorías en los órganos constitucionales a favor de los progresistas han sido durante los últimos años los dos objetivos que perseguía el PP con su estrategia de bloqueo del CGPJ. 

Tras la polémica última renovación del Tribunal Constitucional, en diciembre de 2022, el tribunal de garantías tiene una mayoría progresista, pero el CGPJ lleva desde 2013 con el mismo equilibrio de fuerzas, a favor de los conservadores.

En estos momentos, las jubilaciones, una dimisión y un fallecido han dejado en 16 miembros al CGPJ, de los veinte vocales más el presidente que tiene que tener: 10 de tendencia conservadora, incluido el presidente suplente, y seis considerados progresistas. 

Ahora, tras las elecciones generales y una difícil investidura de Feijóo, parece razonable pensar que el PP no tiene prisa ni motivo para deponer su actitud bloqueadora. Así lo creen algunos vocales del Consejo, que dicen a este diario que no esperan la renovación del Consejo hasta entrado 2025.

Veinte excusas para un bloqueo

Cuando el acuerdo entre el PP de Pablo Casado y el Gobierno de Pedro Sánchez saltó por los aires justo antes de que el mandato del CGPJ llegara a su final, en diciembre de 2018, la actitud del PP fue la del silencio y la discreción. Y la de la falta absoluta de autocrítica. 

La filtración de un WhatsApp del senador del PP Ignacio Cosidó jactándose del control del Tribunal Supremo por parte de su partido dio al traste con el consenso para la renovación del CGPJ, que la Constitución exige cada cinco años. 

Durante 2019, el PP mantuvo una actitud discreta respecto a la posibilidad de un nuevo pacto, interesado como estaba en la no renovación ni del CGPJ ni del Tribunal Constitucional para no revertir la mayoría conservadora en ambos órganos constitucionales. 

El listado pormenorizado que el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, entregó al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, durante su visita a España, en septiembre de 2022, suma 19 excusas de los populares para no renovar el CGPJ. El posterior pretexto por la reforma del delito de sedición significó la vigésima excusa del PP. A grandes rasgos, estos son los argumentos empleados por el Partido Popular para no cumplir el mandato constitucional. 

Campaña contra el Gobierno de coalición

En 2020, el entonces líder del PP, Pablo Casado, comenzó una campaña de desgaste del Gobierno de coalición utilizando el Poder Judicial. "No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del Rey, la independencia de Catalunya y el blanqueamiento de batasunos". Esta fue una de las primeras justificaciones, en agosto de 2020, de Casado en Twitter para no sentarse a negociar con el Gobierno de Sánchez la renovación del CGPJ.

La presencia de Podemos en el Gobierno ha sido el argumento más usado por el PP para negarse a cumplir con la Constitución. El blanco más señalado fue Pablo Iglesias, entonces vicepresidente segundo del Gobierno: "Podemos ataca al Rey", clamaba en las redes Casado cuando Juan Carlos I abandonó España y los morados criticaron que su marcha se producía sin haber rendido cuentas a la ciudadanía sobre sus casos de corrupción. 

Veto a dos jueces progresistas

El PP exigía que Podemos no entrase en las negociaciones para la renovación del CGPJ e impuso vetos a dos jueces de la órbita del partido: Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género; y José Ricardo de Prada, al que el PP no perdona su participación en la sentencia de Gürtel que le condenó por primera vez como partícipe a título lucrativo de la trama corrupta del partido. 

Al acabar 2020, el PP declaraba que estaba dispuesto a negociar la renovación pero solo si se cumplían sus condiciones: que el Ejecutivo dejara a Unidas Podemos fuera del proceso y que no indultara a los presos del procés.

La celebración de las elecciones catalanas y madrileñas sirvió también para postergar la negociación. 

En abril de 2021, Pablo Casado condicionó la renovación del CGPJ a que cambiara el sistema de elección de los vocales judiciales, una exigencia que el PP no ha abandonado, aunque durante el liderazgo de Casado se pidió al PSOE un compromiso por escrito y ahora Núñez Feijóo exige que se materialice la reforma de la ley antes de renovar el Consejo.

Los populares han pedido también la retirada de la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos mientras está en funciones. Respecto a esta cuestión, está previsto que en los próximos meses el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que el PP y Vox presentaron contra esta reforma. 

"Sánchez no es de fiar"

A finales de 2021 entró en escena el antisanchismo. "Que se haga antes la renovación de la ley  y el problema estará solucionado para siempre. No nos fiamos del Gobierno, porque tres veces ha incumplido su promesa y ha roto la negociación", dijo Casado en un acto público.

Poco después, Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, expresó en una entrevista que "Sánchez no es un presidente normal".  "(...) en una situación normal con un presidente normal el CGPJ ya estaría renovado". 

La llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP no supuso  ningún cambio respecto al bloqueo del CGPJ. Si bien hubo un acuerdo ultimado entre los dos partidos, en octubre de 2022, este saltó por los aires de nuevo debido a la presión de los sectores más ultraconservadores del PP. La excusa esta vez fue la reforma del delito de sedición.